Eva despertó en su cama sin tener certeza de lo que ocurrió la noche anterior. Sabía que estuvo tomando con unos amigos y conocidos en su apartamento. También recordaba cuando decidió ir a dormir porque sintió que perdió el control de su cuerpo por el alcohol.
Después vinieron a su memoria retazos difusos. Ella poniéndose pijama. Uno de los conocidos entrando a su cuarto. Ese conocido encima de ella.
“Yo le hice saber que yo estaba muy alcoholizada”, recuerda. Pero le tomó al menos una semana entrar en razón de que nunca consintió tener relaciones sexuales: fue una violación. En ese momento decidió ir al Ebáis a examinarse para detectar infecciones de transmisión sexual (ITS).
Como ella, la gran mayoría de mujeres no acuden a recibir atención médica inmediata tras sufrir una violación. No es extraño: cargan con culpa por lo que ocurrió, el miedo de lo que deberán enfrentar y el desconocimiento de que las 72 horas tras la violación son claves para su salud y para procesar el delito.
Desde el 2011 la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Poder Judicial publicaron el “protocolo de las 72 horas” como una apuesta para garantizar una atención pronta e integral a las víctimas de violación. Se trata de una conjugación entre la atención a la salud y la judicialización que no ocurre en muchos países de la región.
Según el instrumento, los hospitales pueden prescribir medicamentos para prevenir embarazos, ITS y el virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH). También pueden atender la salud mental de las víctimas y permitir a las autoridades judiciales recolectar pruebas en la escena del crimen y en su cuerpo para enjuiciar a los agresores.
Entre el 2018 y el 2020, los hospitales de Guanacaste atendieron a 135 mujeres que reportaron violación en un periodo de 72 horas tras el ataque. Todas ellas recibieron tratamiento antirretroviral para prevenir el VIH.
Prácticamente una mujer a la semana acudió durante el 2018 y el 2019. La cifra descendió en el 2020, durante la pandemia. Eva no conocía este protocolo hasta que buscó información en internet tras el ataque sexual este año.
El tiempo corre
La psicóloga del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), Tatiana Castellón, explica que el desconocimiento sobre el protocolo es uno de los factores que impide que tenga mayor éxito en la ayuda a la víctima.
“La violencia sexual ha sido tan naturalizada”, enfatiza.
También está el temor que sienten las mujeres. La víctima llega y se baña, y con esto se han perdido muchas pruebas”, agrega.
Algunas recomendaciones para las personas abusadas es que no se bañen, cambien de ropa o laven su cuerpo o los dientes. Es preferible que tampoco orinen o defequen.
Uno de los objetivos del protocolo es reducir al máximo la revictimización. Por eso permite que los funcionarios judiciales y de salud recolecten las pruebas en el mismo hospital donde las pacientes reciben la asistencia médica, para buscar así que atraviesen por esos exámenes y preguntas la menor cantidad de veces.
“[La idea es que] cuando esta persona ingrese a servicios de salud, sobre todo por emergencias, no sea manejada dos veces o tres veces, o sea examinada cuatro veces, porque son personas que tienen mucho impacto psicoemocional y que básicamente si entrás a manosearla, potenciás ese impacto”, explica la doctora Gloria Terwes, coordinadora del protocolo desde la CCSS.
Para lograr esto con mayor éxito, Terwes reconoce la necesidad de que quienes atiendan a las víctimas les garanticen espacios de confidencialidad, lo cual no ocurre en todos los centros médicos. “Estamos pidiendo que si la persona entra por violación sexual, si hay un consultorio en consulta externa desocupado, que pueda ser atendida ahí por el Poder Judicial y la CCSS”.
Una atención 360
Aunque el protocolo es principalmente impulsado por la CCSS y el Poder Judicial, también están involucradas otras instituciones: Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), Ministerio de Seguridad, Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Bomberos, 9-1-1 y Ministerio de Salud.
Veíamos urgente definir parámetros para captar a la mayoría de víctimas de violación y darles todos los servicios que requieren en el acceso a la justicia y a la salud”, relata la jefa de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial, Jeannette Arias, quien en ese entonces participó en la creación del proyecto.
Hoy, 10 años después de que se lanzó el protocolo, existen 18 Equipos de Respuesta Rápida (ERR) en todo el país. Esos grupos se encargan de implementar el protocolo. Están conformados por funcionarios de la CCSS y del Poder Judicial, que al mismo tiempo cuentan con enlaces en instituciones como el Inamu y el PANI.
Los ERR se ubican principalmente en aquellas comunidades donde es posible que tengan los medicamentos y personal necesario para dar la atención a las víctimas. Por ejemplo, desde hospitales con los antirretrovirales para VIH, hasta sedes del Poder Judicial con los médicos forenses.
En Guanacaste los hospitales Enrique Baltodano en Liberia y La Anexión en Nicoya son parte del convenio, así como los circuitos judiciales de Nicoya, Liberia, Cañas y Santa Cruz.
Cada equipo tiene un grupo de WhatsApp, dice Arias.
“Ahí en el WhatsApp uno ve cómo se activa el protocolo. Dicen ‘se activa el protocolo, víctima mayor de edad, se traslada por el OIJ’”. Los equipos tienen la obligación de trasladar la víctima desde la casa a la fiscalía, al médico perito forense o al hospital y luego de regreso devolverla a la casa”, explica. “Eso no existía”.
Aunque son solo 18 ERR, el protocolo debe aplicarse en todo el país. Por ejemplo, si una víctima acude a un Ebáis de La Cruz , igualmente las instituciones activan el protocolo para trasladarla al hospital de Liberia, el más cercano para garantizar la atención pronta de salud física, mental y seguimiento judicial.
¿Es obligatorio que la víctima denuncie cuando recibe la atención del protocolo? En realidad no.
“Hay mujeres u hombres que ingresan a los servicios de salud y no quieren denunciar, pero eso no tiene nada que ver con la atención. Igualmente se le dará toda la atención porque salud atiende para fines de salud y justicia para judicialización”, explica la doctora Gloria Terwes, de la CCSS.
Sin embargo, el personal de las instituciones involucradas invitan a la víctima a hacerlo.
Si no denuncia es un delito que no se resuelve”, menciona Terwes. “Entre más denuncia haya habrá más garantía de ir disminuyendo los victimarios o ir educando a más victimarios, esa es la ganancia”.
No es nada fácil. Eva por ejemplo dice que teme del proceso revictimizante que puede vivir al acusar judicialmente a su agresor.
Las instituciones aún tienen retos por validar la información que recolectan sobre el éxito del protocolo. Los datos del Poder Judicial y de la CCSS tienen una leve diferencia precisamente porque el Poder Judicial registra las personas que efectivamente denunciaron, mientras que en la Caja el dato más próximo para entender el protocolo es la cantidad de personas a las que le prescriben los antirretrovirales posviolación.
Por ejemplo, mientras que la CCSS documentó 614 mujeres atendidas en el 2019 en todo el país, el Poder Judicial registró 437. Posiblemente las que denunciaron.
Por eso, tanto Terwes como Arias reconocen que las instituciones deben mejorar la recolección de datos sobre estos eventos: ¿cuántas personas acudieron, cuántas rechazaron medicamentos, cuántas judicializaron el proceso?, son algunas de las dudas pendientes.
No es suficiente
Según la coordinadora de género del Poder Judicial, el protocolo ha disminuido los tiempos de atención a sobrevivientes de violación.
“Una víctima que atienden en cinco horas en Guanacaste posiblemente se le hace como un tiempo eterno”, ejemplifica Arias. “Pero antes del protocolo a esa víctima había que trasladarla hasta San Joaquín de Flores, en Heredia, luego al Hospital Calderón Guardia y después de vuelta hasta Guanacaste. La víctima de ahora no sabe lo que pasaba antes”, agrega.
Actualmente la CCSS brinda un esquema de un solo fármaco al día para la prevención del VIH. Hasta hace unos años el tratamiento requería cuatro pastillas al día, pero poco a poco los hospitales han cambiado el esquema, entre ellos La Anexión en Nicoya.
Al mismo tiempo que exalta los avances que el protocolo ha proporcionado en la atención a las víctimas, Arias también reconoce que los retos para mejorar la implementación del mecanismo son muchos.
Uno de los principales es que las víctimas como Eva conozcan el instrumento.
¿Cuál mujer u hombre sabiendo que tienen un riesgo de contraer VIH no van a acceder al medicamento correspondiente para evitarlo?”, se pregunta Arias. “La mayoría [de víctimas] desconoce las grandes ventajas del sistema de salud, aunque sí es cierto que el proceso es muy revictimizante. El solo hecho de contar esto delante de extraños”.
El otro es que justamente el personal de las instituciones adopte el protocolo con sensibilidad y prontitud. “Tenemos un tema de capacitación”, reconoce la funcionaria judicial. “En ambas instituciones el personal rota mucho. Entonces un año capacitamos 80% de la población en una zona y en el otro año ya ha cambiado el 50% del personal”.
Terwes lo valida y agrega otra tarea pendiente dentro de la CCSS: “Pareciera que en algunos establecimientos es suficiente que la atiendan en emergencias, pero estos eventos tienen mucho impacto psicosocial que no pueden mitigarse en horas”, describe.
“Hay gente que requiere meses, y entonces el control y seguimiento en el área psicológica y social es fundamental para que esta persona pueda tener una recuperación lo más pronto y sana posible”
Ahora que Eva lo ve con mayor perspectiva está segura de que hubiera acudido a atender su salud inmediatamente tras la violación. “Yo estudio psicología y tengo preparación y educación sexual hasta cierto punto, pero aún así no tengo esa información. Está pero no está al mismo tiempo”, comenta.
Los resultados de sus exámenes de ITS salieron negativos. En este momento solo quiere que lo que le ocurrió a ella no le suceda a nadie más. Y que si le sucede, sepa que no está sola.
“Una piensa que es la única, como si a nadie más le hubiera pasado”, reconoce Eva. “Pero tenemos que saber que no estamos solas y que no es nuestra culpa”.
Nota de la periodista: Eva es un nombre ficticio, pues la testigo quiso ocultar su identidad.
*Andrea Rodríguez colaboró en el reporteo de este reportaje.
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