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Más de ¢73 millones provenientes del Impuesto Único a los Combustibles, destinados al mantenimiento de las calles de Santa Cruz, terminaron financiando la reparación de vehículos viejos que hace más de 10 años alcanzaron su vida útil.
La Municipalidad de Santa Cruz otorgó ocho contratos para el mantenimiento de autos viejos, con montos muy por encima del valor comercial de los propios vehículos, algo que llamó la atención de la Auditoría Interna.
Por ejemplo, un Frontier modelo 2002 valorado en ¢800.000 le invirtieron ¢11,2 millones en reparaciones. En términos porcentuales esto significa que los arreglos pagados por la municipalidad son 1403% mayores al valor del vehículo.
Una situación similar ocurrió con un Mitsubishi L200, modelo 2006, cuyo valor se estimó en ¢500.000, pero la municipalidad destinó ¢8,2 millones a los arreglos. Es decir, las reparaciones sumaron más del 1647% del valor del carro.
La empresa más beneficiada por esos contratos fue Baterías Halcón S.A., la misma compañía que acaparó 246 millones en contratos con la Muni de Santa Cruz, 11 de ellos como único oferente, sin competencia y con puntuaciones perfectas.
La compañía con domicilio fiscal en Nicoya recibió siete de los ocho contratos para reparar vehículos chatarra, por un monto de ¢53,2 millones, es decir, el 73% del gasto total en esas reparaciones.
Las reparaciones las tramitó la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (UTGVM), entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de enero de 2025, mediante procedimientos de contratación por medio del Sistema de Compras Públicas (Sicop) y directamente mediante pagos de caja chica.
El plazo de obsolescencia de los vehículos se estableció según las políticas contables aprobadas por el concejo municipal en el 2011 y las normas tributarias del Ministerio de Hacienda. Se considera que a partir de los 10 años de uso los vehículos empiezan a experimentar mayor deterioro por lo cual se recomienda sustituirlos por nuevas unidades.
El valor de los carros lo fijó el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), en mayo de 2022, en un avalúo hecho a 39 vehículos municipales con la vida útil ya cumplida.
En entrevista con La Voz, Pedro Raúl González, el funcionario de la UTGVM responsable de contratar los arreglos, defendió la necesidad de reparar los carros que son utilizados para el trabajo de campo de esa dependencia, que es la responsable de la red vial cantonal.
El funcionario dijo que parte del monto invertido en los vehículos era para el mantenimiento rutinario y no todo eran reparaciones. También rechazó que se tratara de carros de desecho y criticó el avalúo hecho por el IFAM.
Gastos “incongruentes”: Auditoría
Para la Auditoría Interna, el monto de las reparaciones con respecto al valor del vehículo no resulta congruente. Así lo detalla el Oficio No. AIM-029-2025, remitido al concejo municipal el 26 de febrero del 2025.
“Los porcentajes del monto por reparaciones respecto al valor del avalúo de cada vehículo no resultan congruentes con los principios de economía, eficiencia y eficacia, de obligatorio cumplimiento en la administración de los recursos públicos, más aún si se considera que, por el deterioro de las unidades, se incrementan las probabilidades de requerir continuas y costosas reparaciones para mantenerlas en funcionamiento”, expuso el auditor Luis Bernardo Barrantes en el informe. .
Es el caso del Toyota Prado SM 3582, modelo 2002, que para la fecha del informe sumaba 725.576 kilómetros recorridos y el gobierno local le había invertido ¢10,8 millones en reparaciones y mantenimiento. No obstante, en enero del 2025 el carro volvió al taller de la empresa Baterías Halcón para un nuevo mantenimiento. Para el 14 de febrero del mismo año (más de un mes después) la unidad continuaba en el taller.
En abril de 2025, el mismo órgano de control informó al alcalde en el Oficio N°. AIM-049-2025 que funcionarios de la UTGVM enviaban vehículos en mal estado a la empresa Baterías Halcón S.A., y ahí los reparaban sin que mediara una orden de compra.
En una inspección realizada el 1° de abril de 2025 por funcionarios de varias dependencias y el presidente municipal encontraron cinco vehículos en el plantel Baterías Halcón S.A. De ellos, dos ya estaban reparados, pese a que no había ninguna orden de compra.
Un representante de la empresa reconoció que en ocasiones las solicitudes se hacían de forma verbal por parte de funcionarios de la UTGVM”, señala el documento.
Otro ejemplo es una contratación de menor cuantía para reparar un Daihatsu Bego, año 2009, adjudicada a Baterías Halcón S.A., por ¢2,8 millones.
El contrato incluía múltiples reparaciones, cambios de repuestos y accesorios del vehículo para volver a dejarlo en funcionamiento. Sin embargo, cuando el contrato ya estaba en marcha y el carro en el taller, el responsable de la contratación por parte de la municipalidad, Pedro Raúl González, solicitó una modificación unilateral del contrato para agregar nuevos gastos.
“La modificación es originada por causas imprevisibles, al momento de iniciar el procedimiento, las cuales no se pudieron prever pese a haber adoptado medidas técnicas y de planificación mínimas cuando se definió el objeto de la contratación”, justificó Pedro González ante la proveeduría. El funcionario agregó que era la mejor forma de satisfacer el interés público.
Según consta en ese documento visible en el expediente del Sicop, el funcionario aseguró que la revisión inicial del mecánico se hizo a simple vista, porque no se contaba con capacidad para desarmar partes del vehículo. Cuando lograron abrirlo, ya en el taller del proveedor, se dieron cuenta de que requería una inversión mayor para poder dejarlo funcionando.
El costo de las reparaciones adicionales se estableció en ¢555.269. De esta forma el contrato adjudicado a Baterías Halcón inicialmente en ¢2,8 millones aumentó a ¢3,4 millones.
La solicitud fue aprobada por el responsable de la proveeduría municipal, Keylor Antonio Jaén González.
Consultado por este medio, Raúl González explicó que el aumento en el costo de la reparación está dentro de lo que en ese momento permitía la Ley de Contratación Administrativa. Es decir, la normativa permitía un aumento unilateral del contrato siempre y cuando no fuera mayor al 50% del monto inicial y la ejecución del contrato no hubiera concluido.
Añadió que los contratos de reparación con el sector público son más altos que si se tratara de un privado, debido a la cantidad de requisitos que debe cumplir un proveedor para vender servicios y porque usualmente les pagan 30 días después de dar el servicio. Todo eso, agregó, se traslada al precio del bien o servicio.
Gasto sin control
La Auditoría Interna documentó que en el período 2022-2025 la municipalidad destinó ¢2.277 millones a mantenimiento, reparaciones y repuestos de vehículos y maquinaria, con un promedio anual de ¢569 millones.
En una carta remitida al alcalde, Jorge Arturo Alfaro, y al encargado de Transportes, Óscar Solano, el 23 de febrero de este 2026, el auditor Luis Bernardo Barrantes cuestionó el control interno municipal para prevenir el riesgo de uso ineficiente y despilfarro de esos recursos públicos.
Barrantes detalló que mientras la UTGVM estuvo a cargo de la flotilla de la red vial, no mantuvo una bitácora de mantenimiento y reparaciones de los vehículos y maquinaria municipal.
“Esta situación constituye una debilidad relevante de control interno, al impedir contar con información integral y actualizada sobre el estado y desempeño de las unidades», indicó.
«En consecuencia, incrementa el riesgo de una gestión ineficiente de los recursos públicos, tanto por falta de mantenimiento oportuno como por inversiones en activos deteriorados con altos costos y escaso beneficio operativo”, agregó.
Los caminos: en mal estado
El ingreso anual que obtiene la municipalidad del Impuesto Único a los Combustibles está basado en la Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, donde se establece de manera obligatoria el destino de esos recursos: las calles y las vialidades.
Santa Cruz tiene la sexta red vial más extensa del país con 1.110 kilómetros de caminos y carreteras, de los cuales el 73% presenta una superficie de ruedo en regular o mal estado (810 km de los 1.110 km), según detalló un informe de la Contraloría General de la República del 2024. Además, el 98% de esa superficie es de lastre o tierra.
Pero mientras la Muni de Santa Cruz destinó millones a la reparación de vehículos viejos, la ciudadanía exige mejores condiciones en las vialidades.
Por ejemplo, en la sesión del 13 de noviembre del 2025 representantes de la Asociación de Desarrollo Integral de Diriá acudieron al concejo municipal para reclamar por el mal estado de los caminos. Algunas de esas demandas estaban pendientes de resolver desde el 2022, cuando la comunidad tuvo que organizar una manifestación para lograr atención del gobierno local.
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