Regional, Nosara

Abogados y topógrafos se aprovechan de ausencia de propietarios en Nosara

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Las estafas con propiedades en Nosara continúan. Ahora le tocó a una pareja de extranjeros, quienes por protección La Voz no revelará su identidad, pero por alertas de algunos vecinos se dieron cuenta que habían extraños tomando medidas en su terreno, en la sección K de playa Guiones.

De acuerdo con el abogado representante y ex diputado Oscar Núñez, ante la advertencia de los vecinos, sus clientes se dieron cuenta que su propiedad tenía dos hipotecas.

“Ellos se metieron al sitio web del Registro Público y ahí se dan cuenta que en su propiedad habían movimientos que estaban siendo objetos de inscripción, por parte de un abogado de que presentó documentos”, aseguró Núñez.

Según los movimientos, la propiedad tenía un gravamen por $3.000 (un poco más millón y medio de colones)  y otro por $28.000 (casi ¢15 millones).

¿Cómo operan el fraude?

Las bandas estafadoras que están conformadas por abogados, notarios y topógrafos, hacen un estudio de algunas propiedades que tienen muchos años de no ser visitadas por sus dueños y averiguan la información personal de ellos.

Luego manifiestan en una escritura de protocolo, que la persona propietaria de esa propiedad compareció ante él (el supuesto abogado presentante), para establecer un gravamen contra el terreno. El gravamen es declarado a favor de una sociedad, que forma parte de la misma banda y funcionará como acreedora.

Con esto, los estafadores presentan ante el Registro de la Propiedad, la hipoteca y la oficializan. Una vez presentada la hipoteca, esperan a que se haga el remate, para luego adjudicarse la propiedad, o bien, venderla a un tercero.

Según explicó Núñez, en el caso de sus clientes, los estafadores presentaron en los papeles una nacionalidad que no coincidía con la de su cliente.

Por ahora, el caso del terreno de la sección K se encuentra en etapa procesal del Organismo de Investigación Judicial; sin embargo, los extranjeros toparon con suerte y pudieron implementar medidas cautelares para congelar la propiedad por diez años, hasta que se finalice el proceso judicial.

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