Permisos de tala, recursos de amparo, acciones de inconstitucionalidad, suspensión de obras y protestas… ¿Qué es realmente lo que hay detrás de la controversia sobre Enjoy Hotels & Resorts?
La inconformidad de ambientalistas va más allá de ese proyecto en específico. Tiene que ver con el Polo Turístico Golfo de Papagayo (PTGP) y las reglas de “zona especial” bajo las que ha operado desde 1982.
Con su creación en la Ley 6758, el objetivo del PTGP fue traer inversión y desarrollo a Guanacaste, con el liderazgo del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Para lograrlo, el Estado tomó terrenos públicos y los puso a disposición de empresas privadas mediante concesiones —es decir, permisos temporales para usar esas tierras— con reglas propias, distintas a las del resto del país.
Pero el proyecto ha estado rodeado de polémica desde su creación: el destino del dinero a paraísos fiscales, problemas de abastecimiento de agua, y un desarrollo desigual en las comunidades, como ha revelado La Voz de Guanacaste en los últimos 10 años.
Dos acciones de inconstitucionalidad y dos recursos de amparo –todos en manos de la Sala Constitucional– buscan terminar con lo que denominan un “estado de excepción”, es decir, esas reglas que le permiten a los empresarios del PTGP operar por encima de otras leyes, como por ejemplo, la Ley Forestal, que restringe la tala de bosques en terrenos que son propiedad del Estado.
Los concesionarios de Bahía Papagayo piden a la Sala Constitucional eliminar las medidas cautelares que suspendieron permisos y obras en el proyecto.
Aquí te explicamos las claves que necesitás saber para entender las pugnas contra el modelo turístico de Papagayo:
Ciudadanos pidieron la revocación de los permisos de tala de árboles en el Bosque Panamá. Crédito: Colectivo Salvemos el Bosque de Playa Panamá.
Dos frentes legales en manos de la Sala Constitucional
La primera acción de inconstitucionalidad (Expediente 25-024408-0007-CO) fue presentada por Sergio Ortiz, también presidente de la Asociación Sindical Costarricense de Telecomunicaciones y Electricidad (Acotel). Uno de los artículos que impugna Ortiz con su recurso es el que estipula el mecanismo de “compensación de densidad y cobertura”, que permite a los desarrolladores construir más en un terreno a cambio de construir menos o nada en otro.
Según Ortiz, esta concentración aumenta el impacto ambiental en un solo lugar. También señala que estos movimientos y las construcciones en el PTGP son aprobadas sin estudios que midan el impacto ambiental acumulado en la zona, ni estudios científicos que determinen si el ecosistema puede soportarlos.
La segunda acción de inconstitucionalidad (Expediente 25-033926-0007-CO) es impulsada por Álvaro Sagot.
El abogado ambientalista cuestiona la estructura legal y normativa bajo la cual se maneja el PTGP. Según Sagot, el sitio opera con excepciones que ignoran la legislación ambiental de Costa Rica.
Por ejemplo, el reglamento que rige el Polo Turístico establece que se puede talar hasta el 30% de la cobertura boscosa de cada predio concesionado. Esto, según Sagot, atenta contra el principio de “irreductibilidad del bosque” previsto en la Ley Forestal.
Protestas afuera de la de la Sala Constitucional, donde se discuten las acciones legales interpuestas por activistas, el 21 de abril de 2026. Crédito: Cortesía.
Recursos de amparo, otro campo de batalla para frenar las obras
El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) otorgó el permiso para talar árboles en Playa Panamá el 9 de abril. Esto derivó en nuevas acciones judiciales por parte de los activistas, pues alegan que se otorgó en medio de la discusión en la Sala de ambas controversias constitucionales.
El 16 de abril el abogado Edgardo Araya —también diputado electo por el Frente Amplio— presentó el primer recurso de amparo, en el que argumenta que el bosque de Playa Panamá es un ser vivo con derecho a existir y no sufrir daños irreversibles.
“Cualquier transformación física del bosque —por mínima que parezca en términos administrativos— constituye una lesión irreversible a su derecho de existencia, ya que no existe un equivalente funcional ni ecológico que pueda ocupar su lugar”, dice el recurso.
Araya dijo a La Voz que los concesionarios buscan justificar la tala con un reglamento, por encima de lo que mandata la Ley Forestal.
Se jalan una historia de que entonces la Ley de Papagayo estableció un uso distinto. Mentira, la ley nunca se metió a regular el suelo, ese es el tema particular, ellos se están blindando de eso para justificarlo, pero eso no se sostiene desde el punto de vista legal”, argumenta.
El segundo amparo –interpuesto por el propio Álvaro Sagot un día después, el 17 de abril– busca frenar la autorización para la tala en Playa Panamá. Según Sagot, los funcionarios del Sinac ignoraron el principio in dubio pro natura, o sea, el deber de favorecer a la naturaleza frente al riesgo.
Asegura que el fundamento para otorgar el permiso fue un decreto de “Conveniencia nacional”, diseñado para aplicarse en propiedad privada, no en terrenos que son parte del Patrimonio Natural del Estado.
Sagot también pide, tanto en la acción de inconstitucionalidad como en el amparo, quitarle al ICT la tutela de esta zona especial.
Lo que puede cambiar es el abandono de mucho de la parte ambiental que ha mantenido el ICT. Se podría construir hoteles y demás en sitios donde esté despejado de bosque (…) pero no estaría permitido talarse ningún bosque”, expresó Sagot a La Voz.
El 17 de abril, el magistrado Fernando Cruz dictó las medidas cautelares que paralizaron los permisos de tala y construcción en la zona, en respuesta a una solicitud de Sergio Ortiz, como parte del proceso de la acción de inconstitucionalidad.
«Si te gusta vivir donde abunda la naturaleza, salvemos el bosque», se lee en las pancartas de la protesta en Playa Panamá. Crédito: Colectivo Salvemos el Bosque de Playa Panamá.
También se disputa en la Asamblea
Desde principios de año, el 13 de enero del 2026, fue llevado a la Asamblea expediente ley N° 25.367, denominado «Papagayo en Equilibrio», de la diputada Cynthia Maritza Córdoba electa por el Partido Liberal Progresista.
Para la legisladora, el Polo Turístico Papagayo ha permitido una “privatización funcional del uso y del beneficio económico del territorio”. Según Córdoba, esto ha implicado cambiar las prioridades del proyecto original y su vocación turística pública, para pasar a usos residenciales privados.
El proyecto fue rechazado en la Comisión de Turismo el pasado 21 de abril. Pero la diputada independiente, con respaldo de legisladores del Frente Amplio, ingresó nuevamente una propuesta, un día después de la votación en contra. La asignación de Comisión aún está pendiente.
La iniciativa busca reformar la ley de creación del Polo para restringir el desarrollo residencial dentro de la zona —es decir, que no se puedan seguir construyendo segundas casas o condominios de lujo— y para impedir que las concesiones sean transferibles entre empresas.
Costa Rica debe ser consistente, salir de la doble moral. Tristemente, somos lentos para corregir los vacíos estructurales, aunque el daño sea evidente, silencioso y acumulativo, por la inseguridad jurídica”, dijo la legisladora en una columna de opinión en el Semanario Universidad, al hablar de su propuesta.
La propuesta encendió alarmas en el sector privado. La Cámara Costarricense de Construcción advirtió que prohibir el componente residencial podría afectar la viabilidad financiera de los proyectos y ahuyentar la inversión en la zona.
Reacciones desde la Presidencia
“Vea la clase de estúpido que es este ser humano”, fue la reacción del presidente Rodrigo Chaves durante su conferencia semanal al referirse al diputado electo Edgardo Araya, una de las principales caras de la batalla legal contra el modelo turístico del Golfo de Papagayo.
“Hay una distancia entre la protección y el fanatismo”, agregó también la presidenta electa Laura Fernández al hablar del caso.
Ambos se posicionaron a favor de la continuidad de las obras e incluso cuestionaron la decisión del magistrado que otorgó medidas cautelares, Fernando Cruz Castro.
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