La municipalidad de Carrillo continuará con las demoliciones de edificios, remodelaciones y piscinas pese a la controversia que persiste entre el concejo y la alcaldía.
El proceso inició el pasado 26 de abril, cuando la alcaldía mandó a demoler cinco piscinas. El hecho encendió la alerta entre vecinos, empresarios y regidores del cantón. Tanto, que el concejo municipal acordó paralizar las demoliciones hasta no asegurarse de que el proceso se estaba llevando a cabo de la manera correcta.
El vicepresidente del Concejo, Carlos Chanto, fue quien presentó la moción. Según dijo, era una medida precautoria para evitar denuncias penales y demandas civiles.
La destrucción de una parte o el total de una propiedad se da legalmente cuando sus dueños no cuentan con los permisos que exige la Ley de Construcciones No. 833, explicó el director Jurídico de la Municipalidad de Carrillo, Nelson Cascante.
Cascante aseguró que la municipalidad notificó a los dueños de las cinco piscinas demolidas y les dio un plazo mayor a 30 días para que los propietarios pusieran los papeles de la obra al día.
La Voz de Guanacaste solicitó al alcalde los expedientes para verificar que ese proceso efectivamente se cumpliera. Esperamos ocho días por esos papeles pero, al cierre de edición, la alcaldía aún no los había enviado.
Vecinos en protesta
Entre los regidores que tomaron el acuerdo para paralizar las demoliciones se encontraba Enriqueta Abarca, cuyo hermano tenía propiedades que formaban parte de las construcciones destruidas.
Lauriano Abarca, hermano de la regidora, confesó que nunca sacó los permisos para construir los baches que la Municipalidad derribó:
“Hacía un año me habían notificado. Yo traje un topógrafo para que me ayudara a sacar los papeles y me dijo que tenía que hacer unas mejoras. No me dio tiempo de meter los documentos y cuando yo vine ya los habían botado (los baches)”, contó.
Otro vecino que protestó fue el administrador de Serena Suites, Wille Waston, luego de que demolieran dos piscinas de su residencial.
“Yo tengo dos años y medio acá y nunca hemos tenido notificaciones en el tiempo en el que yo he estado, fue una sorpresa cuando dijeron ‘o abren el portón o también vamos a apearlo”, dijo Waston.
Nelson Cascante explicó que en algunos casos la Municipalidad se ha tardado hasta diez años sin ejecutar una demolición anunciada, pues la maquinaria de la municipalidad se utiliza para varios fines, no solo para demoler.
Futuras demoliciones
La lista de obras a demoler alcanza las 84 propiedades, dentro de las que se encuentran viviendas, galerones, tapias y centros de alabanza cristianos.
Los permisos que deberían tener incluyen la viabilidad ambiental del proyecto, la solicitud de certificado de uso del suelo, la carta de disponibilidad de agua potable y alcantarillado sanitario, el diseño de planos constructivos, la presentación de planos ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA) y su aprobación por parte del Colegio y, finalmente, la solicitud del permiso de construcción ante la municipalidad.
“Hay administradores que construyen, se les clausura, rompen los sellos de clausura y hasta venden o alquilan el local que construyeron. Aún en esos casos existe la posibilidad de conseguir el permiso de construcción”, se quejó Nelson Cascante.
Cascante se refiere a las tres oportunidades que le da La Ley de Construcciones al dueño de la edificación antes de que la municipalidad pueda ir a demolerla.
Soluciones propuestas
Según el alcalde de Carrillo, su intención es que los propietarios de las 84 obras construidas sin autorización municipal gestionen los permisos necesarios para evitar la demolición.
En la sesión del Concejo del pasado 20 de junio, el alcalde solicitó a los regidores modificar el reglamento municipal de construcciones para facilitar el trámite de los permisos a quienes tengan construcciones menores a 35 metros.
Cantillo propuso solicitar a los dueños un croquis de la propiedad en lugar de planos realizados por un profesional.
El regidor Freddy Gómez propuso crear una comisión que revise los expedientes de las propiedades a demoler para asegurarse de que se haya cumplido con la notificación previa, idea apoyada por Roberto Canales, presidente del Concejo.
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