La alcaldesa interina de Nicoya, Adriana Rodríguez autorizó a dejar de pagarle el salario al alcalde Marco Antonio Jiménez, quien está suspendido y bajo investigación del Ministerio Público por 21 supuestos delitos.
Así consta en un oficio enviado por la alcaldesa al departamento de Recursos Humanos el 1° de agosto del 2018, en el que acata la recomendación que le hizo la Comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal el 12 de julio anterior.
“La recomendación de la Comisión es la suspensión del salario del señor Alcalde y que los montos correspondientes se depositen en un fondo, en caso de que existan contingencias futuras”, explicó la alcaldesa en el documento, del cual La Voz de Guanacaste tiene copia.
Jiménez alega “indefensión”
A la sesión del concejo de este lunes 13 de agosto llegó el abogado de Jiménez, José Antonio Aiza, para alegar que la recomendación de los regidores “es ilegal” y que el alcalde suspendido cayó en “indefensión” debido a que no le notificaron del proceso. Por lo tanto, dijo él, el acuerdo tomado por los regidores debe ser nulo.
“Hay sobradas razones de nulidad para ese acto. Lo más grave es que no se le ha notificado a Marco Jiménez nada”, dijo el abogado en una audiencia.
“Entre ustedes hay muy buenos amigos míos y me preocupa porque están incurriendo, eventualmente, en delito”, agregó el abogado mientras sacudía con la mano el libro de la Ley de Administración Pública.
El presidente del Concejo, Saúl Cárdenas, le dio la palabra a Aiza durante al menos 25 minutos en los que el abogado repitió varias veces que los regidores desconocían la ley y que no estaban facultados para tomar decisiones relacionadas con el salario del jerarca de la institución.
La Voz de Guanacaste publicó en enero de este año que el Concejo sí está facultado para ordenar que se deje de pagar ese salario, según varias consultas realizadas a la Fiscalía, el abogado de la municipalidad y la Sala Constitucional, la cual emitió un fallo en el 2014 relacionado con la suspensión de remuneraciones a funcionarios suspendidos.
De cancelarse, los más de 2.5 millones mensuales se guardarían en un fondo bancario
Los regidores y síndicos se molestaron por la forma en que habló el abogado. “Esto es un irrespeto. Yo desde un principio hubiese parado esto”, reaccionaron varios de ellos en el concejo mientras Aiza continuaba hablando, aún después de que el Presidente del concejo le pidió que terminara su intervención.
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