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Alcaldía demuele vivienda familiar en playa Garza

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El viernes 13 de junio la Alcaldía de la Municipalidad de Nicoya ordenó la demolición de una vivienda familiar que se ubicaba en la zona marítimo terrestre y que además colindaba con un manglar.

Según el alcalde, Marcos Jiménez, la construcción de dicha casa en la que habitaba Arnoldo Duarte y su familia, se realizó ilegalmente y además estaba dentro de los 50 metros de la zona marítima.

De acuerdo con la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre 6043, se establece que los 200 metros después de la marca de la marea alta es terreno público y no se permite construir dentro de los primero 50 metros. Los otros 150 metros pueden ser concesionados por un período determinado de tiempo.

Aunque existe una moratoria gubernamental que impide el desalojo de aquellas personas que viven dentro de estas zonas, Jiménez asegura que había un impacto ambiental.

“La ley moratoria que permite o amortigua el impacto de los pobladores como el caso de Garza, es clara en cuanto al daño ambiental y se estaba generando un daño ambiental, porque se estaba contaminando. Quien incumpla, pues desafortunadamente para ellos debe de aplicarse el peso de ley y eso fue lo que hizo el gobierno municipal”, explicó el alcalde.

Según Duarte, quien tenía más de cinco años de vivir en ese lugar con su esposa y tres hijos, nunca recibió ninguna notificación y además explicó que hubo un error de datos, pues la notificación de la alcaldía aparece en nombre de Orlando Vázquez.

Por su parte, Susana Peña, abogada de la Municipalidad, aseguró que las notificaciones fueron dirigidas y recibidas por Claudia Balbacea, esposa de Duarte. La primera carta de desalojo se emitió el 3 de abril y la segunda el 3 de junio.

“Nunca se abusó de ellos y siempre se realizó todo de acuerdo a lo que establece la ley. Se les dieron plazos más de los establecidos”, detalló Peña.

 

Reacciones políticas

El sábado 14 de junio, el diputado de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Marco Vinicio Rendondo, visitó la zona en compañía de los regidores Ana Lizeth Espinoza del Partido Liberación Nacional (PLN) y Carlos Medina del PAC.

“Vamos a iniciar un proceso de investigación y lo vamos a tratar de coordinar con la Defensoría de los Habitantes. Tengo la esperanza que podamos determinar alguna responsabilidad que nos permitan garantizar los derechos de quienes están viviendo aquí”, aseveró el diputado en su visita.

La Voz de Guanacaste ha intentado comunicarse en varias ocasiones con Redondo, vía telefónica, para conocer si inició la investigación; sin embargo, ha sido imposible hablar con él.

Según la regidora del PLN, los regidores Carlos Medina, Juan Luis Aguirre (Movimiento Libertario) y ella se reunirán el próximo 5 de julio con el diputado Redondo, para redactar un documento. Espinoza mencionó que están valorando la posibilidad de acompañar a los afectados para que presenten un recurso de amparo en contra de la Municipalidad.

“La Municipalidad puede estar apegada a la ley, porque sabemos que ellos (afectados) están cerca de un manglar y la ley ampara a la Municipalidad para que lleve este tipo de acciones; sin embargo, se violentó un derecho fundamental que es el de la vivienda, entonces debieron haber buscado otra alternativa que no lesione ese derecho”, explicó Espinoza.

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