Asentamientos informales coinciden con zonas de mayor construcción residencial
Por: César Arroyo Castro
Frente a la casa de Sharon Urbina hay una calle de tierra y arena. Solo unos metros más adelante se mecen las olas de playa Brasilito.
Ella ha escuchado historias antiguas de abuelos y tatarabuelos del Brasilito de hace más de noventa años. Historias sobre cómo cruzaban a caballo los esteros para ir a pueblos vecinos como Matapalo, de las familias dueñas de grandes fincas, y de cómo se formó barrio Los Ángeles, donde ella vive.
Alrededor de los años setenta varias familias fueron presionadas por la Municipalidad de Santa Cruz para desalojar sus viviendas porque se encontraban dentro los 50 metros de zona pública establecida en la Ley de Zona Marítimo Terrestre (ZMT), que recién entraba en vigencia.
“Entonces ya empezó la opresión hacia la comunidad de quitarse de la zona pública y trasladarnos a otros sectores, a otras regiones, a otros pueblos inclusive”, recuerda Sharon. Pero la comunidad resistió para permanecer en ese terreno junto a la playa, que según Sharon compraron unos árabes que regresaron.
Al pueblo le llaman peyorativamente ‘el precario’. Porque cuando mis papás y la gente se metió, hicieron casitas provisionales en esas tierras, pero esas tierras nadie las reclamó”, agrega Sharon.
Para los parámetros del Ministerio de Infraestructura y Asentamientos Humanos (Mivah) este es un asentamiento informal porque continúa dentro de la ZMT.
Las familias pescadoras que se instalaron aquí han visto cómo poco a poco el desarrollo turístico ha crecido a su alrededor. A la izquierda, Reserva Conchal vende lotes por millones de dólares frente a la playa. A su derecha, la marina de Flamingo, los hoteles y las mansiones coronan las lomas cercanas a la playa.
El barrio de Sharon no es el único asentamiento informal cercano a un destino turístico. De hecho según el último Balance y Tendencias de la Vivienda 2023 una de cada 10 personas de la provincia habitan en un asentamiento informal. Buena parte de los asentamientos, además, se ubican en destinos altamente turísticos, como Cabo Velas de Santa Cruz y Nacascolo de Liberia.
Sin tenencia segura
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) define los asentamientos informales como las agrupaciones de al menos 10 viviendas que se forman producto de las “tomas de tierra”, organizadas o no, y que permanecen dentro de un mismo terreno durante un año.
Con el tiempo, algunos de ellos ven mejoras en ciertas condiciones como la infraestructura de las viviendas y el acceso a servicios. No necesariamente son viviendas de tipo tugurio. Algunas de ellas pueden ser casas en buenas condiciones pero construidas en una zona protegida como en las orillas de ríos o en la ZMT, como es el caso de barrio Los Ángeles, en playa Brasilito.
Aunque las viviendas estén en buenas condiciones y tengan acceso a servicios, si están en asentamientos informales carecen de una elemento clave para categorizarla como “adecuada”: la seguridad de la tenencia. Según las condiciones de Naciones Unidas, sin esta característica sus ocupantes carecen de garantía jurídica sobre las viviendas, el desalojo, el hostigamiento y otras amenazas.
En Guanacaste hay 62 asentamientos informales identificados por el Mivah, y Liberia es el cantón de la provincia con la mayor cantidad de población. Solamente el distrito central de Liberia agrupa 5.547 personas que viven en asentamientos, superando distritos josefinos como Pavas (5.472).
El segundo cantón en el tope de la lista provincial es Carrillo con 2.708 personas en 897 viviendas.
Pero este fenómeno no es propio de los distritos centrales o urbanos. El informe de Balance y Tendencias de la Vivienda asegura que en 34 distritos del país, un 10% de su población vive en asentamientos informales. Estos distritos se ubican principalmente en la Región Central pero también en zonas costeras, algunas de ellas reconocidas por su actividad turística como Nacascolo y Cabo Velas. En este último distrito es donde está ubicado el barrio de Sharon.
El informe subraya que en las zonas del Pacífico con mayor concentración de construcción residencial coincide con las zonas con mayor cantidad de población en asentamientos informales de ese litoral.
Cómo puede ser que en cantones de una región donde la actividad económica alrededor de la construcción se ha disparado tanto, encontremos asentamientos informales. Eso nos va dando otras pistas de que esta vivienda que se está produciendo de forma privada, no está solucionando lo que debería ser el norte de la política de vivienda”, opina el profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica, Pablo Acuña.
El precio de la costa
El desarrollo costero en la provincia le ha ofrecido la posibilidad a muchas personas de poder vivir y trabajar, pero no es gratuito. Estas posibilidades se trasladan al bolsillo de quienes han vivido históricamente en estos lugares o se desplazan hacia ahí para participar de las oportunidades que brinda la economía.
“La ciudad, independientemente del tamaño, es una mercancía que se consume. La gente necesita consumir cosas de la ciudad, pero no puede pagar el costo. Entonces se tiene que ir a un asentamiento informal”, explica el coordinador de investigación del informe Balance y Tendencias, Franklin Solano.
Sharon ha visto que muchas personas han tenido que irse de Brasilito por el aumento en los alquileres y, al mismo tiempo, nota un mayor incremento en la población en barrio Los Ángeles.
Los últimos tres años, cuatro años se ha disparado. Que la gente me dice: ‘No me puedo quedar aquí, no puedo’. Son precios de $500 por mes por una casita con dos cuartos. Hay como cierto hacinamiento por la misma conformación de la comunidad. O sea, hay mucha gente, yo no sé de dónde sale tanta”, explica Sharon.
Según la coordinadora general del informe, Dania Chavarría, estos asentamientos tienen una lógica de ubicación que coincide con las zonas con mayor dotación de infraestructura, servicios, transporte y actividad económica.
“Ellos no van a buscar irse a ubicar en una zona desconectada porque no les sirve. Llega un punto donde uno se aleja tanto del centro que el valor del transporte hace que vuelva a ser muy caro vivir en cierto lugar. Entonces, por eso es que los asentamientos informales están cerca de las zonas urbanas”, explica.
En estas zonas urbanas o turísticas los procesos de especulación inmobiliaria, alquileres de corta estancia, el incremento de rentas y la gentrificación está empezando a disparar esta informalidad. Así lo asegura el encargado del sector de vivienda, hábitat y territorio del Mivah, Manuel Morales.
“Es importante buscar establecer balances para que estos fenómenos de especulación inmobiliaria, de encarecimiento, no terminen generando los efectos conocidos de la gentrificación como la expulsión y la segregación de poblaciones locales que tradicionalmente han estado ahí o que trabajan en el lugar y que de repente se les vuelve prohibitivo”, comenta Morales.
Sin datos claros ni planes reguladores
Uno de los principales retos para atender este problema según el Balance, es el vacío de información relacionada con los asentamientos informales. Si bien el Mivah tiene una base de datos con la ubicación, población estimada y características de los asentamientos, pero la información es insuficiente para entender la dimensión real.
Desde el último censo, del 2011, el Mivah ha tenido que trabajar con proyecciones, y así lo sigue haciendo, porque el censo que debió actualizarse en el 2022 falló en lo estadístico: solo logró una cobertura del 61% del país. Por eso, están realizando convenios con municipalidades como la de Liberia para actualizar los datos geoespaciales y demográficos de los asentamientos informales como Martina Bustos. Además, acompañan a los gobiernos locales para que puedan incluir mecanismos en sus planes reguladores.
Insistimos tanto en el tema de los planes reguladores en términos de zonificación, de densidad de altura, que de alguna manera van moldeando un poco la construcción que se va desarrollando y también va protegiendo algunos espacios dentro de los cantones”, explica Morales.
Una vez que los cantones tengan planes reguladores hay mayor flexibilidad para mejorar el hábitat de algunos de estos asentamientos informales mediante la Ley 4.240 de Planificación Urbana, asegura Morales.
Además, les habilita la posibilidad de implementar ideas de otros países, como por ejemplo solicitar a los grandes desarrollos mejoras para la infraestructura o vivienda local a cambio de ciertos beneficios.
“Esos son mecanismos que se aplican en todas partes. Son muy comunes y de gran utilidad decirle a los desarrolladores ‘bueno, se les puede dar un poco más de derechos, de edificabilidad de altura, de patentes o derechos a desarrollar determinados proyectos en ciertas zonas a cambio de generar algunas cuotas de vivienda asequible o de servicios comunitarios, espacio público, mejoramiento de infraestructuras”, describe Morales.
También en este especial:
Bonos de vivienda: los ausentes en los polos turísticos
Este texto forma parte del especial “Guanacaste: entre el turismo y el techo”, que incluye cuatro reportajes sobre el derecho de acceso a la vivienda en la provincia. Estos artículos abordan el tema desde tres perspectivas: las casas desocupadas, que se utilizan principalmente para alquileres a corto plazo y segundas residencias; el crecimiento de asentamientos informales, resultado del déficit habitacional que enfrenta la región y la disminución de los bonos de vivienda, causada por el aumento del costo del suelo debido a la especulación inmobiliaria, con un episodio también en el boletín Nosara.
Periodistas: César Arroyo Castro, José Pablo Román Barzuna y Noelia Esquivel Solano
Edición: Noelia Esquivel Solano
Gráficos: Carolina Corrales
Fotografía: César Arroyo Castro
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