Era 4 de marzo de 2018, el apoyo a los candidatos a la presidencia de Costa Rica se dividía entre los que estaban a favor del matrimonio igualitario y los que defendían la “familia tradicional”. En playa Garza, Guanacaste, unas 80 personas se reunían para celebrar el amor de Alberto Pozo y Brett Danielson en una boda simbólica.
Los invitados se enteraron del lugar exacto del evento hasta en la mañana del mismo día. Los novios lo anunciaron hasta entonces porque temían que la comunidad se enterara de la actividad y organizaran una protesta para oponerse a ese tipo de uniones.
A Alberto le hubiese gustado que la sociedad reconociera su amor. Le hubiese gustado legalizar su matrimonio en el país en el que nació. Pero para eso deberá esperar otros 18 meses más.
A partir de hoy, la Asamblea Legislativa tendrá un año y medio para crear normativa que regule el matrimonio entre parejas del mismo sexo o eliminar el artículo del Código de Familia que prohíbe esta unión. Estos cambios le otorgarían a Alberto y a Brett el derecho a casarse. Así lo resolvió la Sala Constitucional en un fallo que dio a conocer este 8 de agosto ante varias acciones de inconstitucionalidad presentadas por ciudadanos costarricenses a favor del matrimonio entre parejas del mismo sexo.
Según el pronunciamiento de la Sala, este tipo de uniones son legales y no atentan contra la Constitución Política de Costa Rica. Con esta resolución, se apega a la opinión consultiva que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Sin embargo, «instó» a la Asamblea Legislativa para que se pronuncie al respecto.
Según el magistrado Fernando Castillo, si los diputados no se ponen de acuerdo después de 18 meses, se eliminará de inmediato la prohibición que existe en este momento en la ley para que las personas del mismo sexo se casen. Así, llegaría el día que hace años o décadas muchas otras parejas como la de Alberto han estado esperando.
“Si pasan 18 meses y el parlamento no llena el vacío normativo, la norma 14 inciso 6 del Código de Familia [que dice: “Es legalmente imposible el matrimonio entre personas del mismo sexo”] se elimina”, comentó Castillo a La Voz de Guanacaste.
Eso sí, lo que pasará al interior de la Asamblea Legislativa es incierto.
“Los temas del parlamento son asuntos que deben resolver ellos. La Sala IV no tiene competencia. Ellos tienen su propia dinámica y yo no podría adelantarme al futuro. La Sala ya fijó su postura y ellos [los diputados] tendrán que valorar lo que la Sala estableció en el ejercicio de sus competencias. El trabajo de la Sala llegó hasta el día de ayer [8 de agosto]”, agregó el magistrado.
Siempre sí
Aún sin una resolución a favor de que las personas del mismo sexo se casen, Guanacaste es uno de los destinos favoritos por población LGTBI para celebrar uniones simbólicas como la de Alberto y Brett.
En el caso de ellos, decidieron celebrar su matrimonio en el mismo lugar donde se comprometieron (playa Garza, en el distrito de Nosara). En el mismo lugar donde esperan un día vivir sin la mirada de ajenos. Sin pensar dos veces si se toman de la mano o no.
La Cámara de Comercio Diversa de Costa Rica registra que, del total de bodas que se realizan en hoteles a nivel nacional, el 18% corresponde a bodas simbólicas LGTBI. Y de esas, la mitad (9%) se realizan en la provincia.
Para Julio César Calvo, presidente de la Cámara,el número podría incrementarse cuando el país regule el matrimonio entre parejas del mismo sexo e impactar positivamente al sector turístico de Guanacaste.
“La mayoría de ticos [de la población LGTBI] que se quieren casar lo hacen en otros países: Canadá, Estados Unidos, México, Colombia o Argentina. Imagine decir: me voy a Guanacaste a casarme. En otros países se dejan ganancias de $30.000 – $40.000”, agregó Calvo.
Nicho desaprovechado
Alberto y Brett eligieron una casa privada frente al mar para realizar la ceremonia simbólica, pues las opciones todavía son limitadas. Según Calvo, las cadenas hoteleras son las que más le sacan provecho a las bodas simbólicas, pues los locales, en su mayoría, no son inclusivos.
“Es un nicho que sacaría a los locales de los problemas de temporada baja. El turista LGTBI viaja más de tres veces al año porque su agenda y presupuesto se los permite. Los hoteles de cadena sí aprovechan muy bien ese mercado por sus políticas de inclusión. Los locales aún muestran desconocimiento y miedo a perder sus otros clientes”, mencionó el presidente de la Cámara.
En la provincia, la Cámara registra 12 hoteles inclusivos. Casi todos de cadenas internacionales, como el Westin, Marriott y Andaz Papagayo.
En esta información colaboró la periodista Noelia Esquivel
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