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Candidaturas del PPSO y PUSC por Guanacaste llegan a elecciones con procesos judiciales

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Al menos cuatro personas que aspiran a representar a Guanacaste en la Asamblea Legislativa acudirán a las elecciones nacionales de este 1° de febrero con causas judiciales abiertas, juicios programados o expedientes en trámite de desestimación.

Se trata de Nayuribe Guadamuz, candidata a diputada por el primer lugar de Guanacaste del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Daniel Siezar Cárdenas, candidato a diputado en el segundo lugar también por el PPSO; Greven Miranda Corrales, primer suplente del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); e Ivonne Espinoza Rosales, candidata a segundo lugar por esa misma agrupación.

Las candidaturas suplentes –como el caso de Miranda Corrales– reemplazan a las y los propietarios si renuncian, fallecen o se separan del puesto. Si la persona electa en el primer puesto renuncia o fallece, convocan al segundo lugar de la nómina y si esta también se ausenta convocan al tercer puesto y así hasta llegar a quien se postuló en el quinto puesto. Si esa persona tampoco puede ocupar la curul, convocan al primer suplente.

Juicio programado para 2027

Siezar Cárdenas deberá enfrentar un juicio oral y público por el supuesto delito de estafa, convocado del 17 al 21 de mayo de 2027, según confirmó el departamento de Prensa del Poder Judicial tras consultar al Tribunal Penal de Liberia.

La causa se tramita bajo el expediente 21-001232-0396-PE y cuenta con solicitud de apertura a juicio desde el 28 de febrero de 2025.

Además, el candidato acumula otro expediente judicial por aparente estafa (21-001329-0413-PE), el cual se encuentra en etapa de investigación en la Fiscalía Adjunta de Liberia.

Consultado por La Voz de Guanacaste, Siezar aseguró que ningún “abogado con trayectoria” está exento de enfrentar denuncias judiciales y que él es el principal interesado en que el proceso avance.

Según explicó, la denuncia que ya tiene juicio señalado se originó a raíz de un proceso sucesorio en el que una persona se sintió afectada por una orden judicial relacionada con la distribución de una herencia.

El proceso sucesorio es el procedimiento legal mediante el cual se transmiten los bienes, derechos y obligaciones de una persona fallecida a sus herederos, ya sea por testamento o por disposición de la ley.

De acuerdo con el candidato, su participación se limitó a protocolizar lo dispuesto por un juez.

Quien decidió distribuir la herencia fue un juez de la República; yo solo protocolicé lo que el juez ordenó. Curiosamente, me incluyeron a mí en la denuncia y al juez no”, manifestó.

Sobre la segunda causa en investigación, Siezar la calificó como “ridícula” y aseguró que actuó conforme a la información disponible en el Registro de la Propiedad.

Añadió que en ambos casos ha conversado con las personas denunciantes, quienes —según dijo— le indicaron que fue la Fiscalía la que solicitó su inclusión en los expedientes.

De resultar electo, el candidato quedaría amparado por la inmunidad legislativa, lo que impediría al Tribunal Penal de Liberia continuar el juicio previsto para 2027, salvo que la Asamblea Legislativa levante su inmunidad.

La Constitución Política establece que las y los diputados no pueden ser arrestados ni sometidos a proceso penal sin autorización legislativa, salvo en caso de delito flagrante o si renuncian voluntariamente a la inmunidad.

Siezar afirmó que, de llegar al Congreso, renunciaría a ese beneficio para enfrentar el proceso judicial y aseguró que confía en ser absuelto.

Fiscalía pidió desestimar causa contra Guadamuz

La también candidata a diputada por el PPSO en primer lugar, Nayuribe Guadamuz Rosales, figura en una causa penal por nombramientos ilegales en su anterior puesto como ministra de Cultura. Sin embargo, actualmente se encuentra en trámite de desestimación.

Según informó la Fiscalía General, el expediente 22-000053-0033-PE se sigue contra ocho personas jerarcas de la actual administración, entre ellas el presidente Rodrigo Chaves Robles, el director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) Jorge Torres Carrillo, la exministra de Cultura Nayuribe Guadamuz Rosales, y el ministro de Ambiente y Energía Franz Tattenbach Capra.

La causa fue remitida a la Sala Tercera con solicitud de desestimación, requerimiento que aplica para todas las personas imputadas, de acuerdo con la información oficial del Ministerio Público.

Hasta el momento, la Sala no ha resuelto si acoge o no dicha solicitud. 

La Voz de Guanacaste llamó en tres ocasiones a Guadamuz, y le dejó un mensaje de texto, solicitando su posición sobre este caso, pero no contestó. 

Proceso contra suplente del PUSC

En el caso del socialcristiano Greven Miranda Corrales, primer suplente por Guanacaste, enfrenta un juicio por un presunto delito de maltrato, programado para el próximo 5 de febrero, según confirmó el Tribunal Penal de Cañas.

La causa se tramita bajo el expediente 24-000035-1894-PE y cuenta con solicitud de apertura a juicio desde el 28 de febrero de 2024.

La Voz de Guanacaste intentó obtener la versión de Miranda durante varios días y por distintos medios, pero no respondió a llamadas ni mensajes.

El candidato propietario del PUSC en primer lugar por Guanacaste, Bismarck Villegas, remitió cualquier consulta a la vocera de prensa del partido, Betsy Rojas.

Rojas indicó que, al momento de elegir a sus candidatos, el PUSC les hizo firmar un documento en el que se comprometen a renunciar a la inmunidad legislativa si deben enfrentar una causa judicial.

Sobre el caso específico de Miranda, señaló que el partido es respetuoso del debido proceso y del sistema judicial, y que no existe una condena en firme en su contra.

Miranda fue candidato a la alcaldía de Tilarán en las elecciones municipales de febrero del 2024, cuando ya enfrentaba medidas cautelares por una causa de presunta violencia doméstica.

Días antes de esos comicios, la Fiscalía de Cañas emitió una orden de detención en su contra. No obstante, el imputado se presentó voluntariamente ante la Fiscalía, rindió declaración indagatoria y se le impusieron medidas cautelares distintas a la prisión, entre ellas la prohibición de molestar a la víctima.

En ese momento, la Fiscalía desmintió a Miranda, quien había afirmado públicamente que dicha orden “nunca existió”.

Investigación en curso

Otra aspirante del PUSC con una investigación judicial abierta es Ivonne Espinoza Rosales, segunda candidata propietaria por Guanacaste y actual regidora de la Municipalidad de Santa Cruz.

Espinoza enfrenta una causa por aparente desobediencia, tramitada bajo el expediente 25-001141-0412-PE en la Fiscalía Adjunta de Santa Cruz.

En primera instancia, la candidata indicó que desconocía la investigación y que no había sido notificada. Posteriormente, la encargada de prensa del PUSC explicó que en la causa están denunciados el alcalde y todo el Concejo Municipal de Santa Cruz por ejecutar una sentencia judicial.

Según el partido, la denuncia fue interpuesta por personas afectadas con la ejecución de dicha sentencia.

¿Puede un diputado electo perder la curul?

Aunque los diputados gozan de inmunidad, esta protección no aplica de inmediato tras las elecciones.

El jefe del Despacho de la Presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Andrei Cambronero, explicó que la inmunidad rige a partir de la declaratoria oficial de elección por parte del órgano electoral.

Dicha declaratoria se emite una vez concluido el escrutinio definitivo de los votos. En el caso de Guanacaste, este proceso suele realizarse entre la última semana de febrero y la primera de marzo.

Cambronero señaló que, si una persona electa recibe una condena judicial firme antes de la declaratoria del TSE y esta incluye la inhabilitación de derechos políticos, el Tribunal no podría declararla electa.

Los derechos políticos sólo pueden ser suspendidos por sentencia judicial firme. Si una persona pierde ese requisito antes de la declaratoria, el TSE no puede otorgarle la curul”, explicó.

El funcionario indicó que no recuerda antecedentes en los que un diputado electo haya perdido el cargo por esta razón.

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