Cuando Jimena tenía 14 años quería desaparecer del mundo. Estaba en octavo grado y mientras aprendía sobre las ecuaciones lineales, una foto de ella y una amiga de su edad en traje de baño circulaba en varias redes sociales de su comunidad. Ahí, hombres adultos y desconocidos compartieron la foto como si fuera pornografía y le decían “fácil” y “tierrosa”.
En ese momento no entendía bien que algunas personas podrían pervertir una foto inocente. La hicieron sentir que no era una persona, sino más bien un objeto. Aunque no es el único momento en su vida en que se ha sentido así, ocho años después ese recuerdo todavía le quiebra el espíritu.
“Estaba sola, era una niña y nadie me protegió”, dice la joven puntarenense de ahora 22 años.
Ante el crecimiento de la conectividad en Costa Rica durante los últimos años, las personas que ejercen violencia de género tomaron las plataformas para atacar de una nueva forma a las mujeres, especialmente a las menores de edad. La violencia sexual virtual a menores, como el acoso y la distribución de fotos, es un problema que pone en riesgo la calidad de vida de las niñas y adolescentes del país.
Tener, modificar y difundir fotos íntimas de alguien más sin su consentimiento es una forma de violencia sexual. También es un delito en Costa Rica, según el artículo 196 del Código Penal del país que lo cataloga como “vulneración de datos personales”. El agresor puede ser condenado hasta con cuatro años de cárcel.
La distribución o tenencia de fotos íntimas de menores de edad es penado por las leyes como pornografía infantil. El abusador puede ser penalizado hasta con ocho años en prisión, sin importar que también sea menor de edad.
No es un error, es violencia sexual
Las niñas y adolescentes son de los grupos más susceptibles a sufrir violencia sexual en espacios virtuales, afirma el director ejecutivo de la fundación Paniamor, Oscar Valverde.
En las redes las mujeres menores de edad también son más vulnerables a vivir acoso sexual, chantaje sexual, relaciones impropias y hasta pueden engañarlas con perfiles falsos por grupos dedicados a explotación sexual.
Solo en el 2019, 249 mujeres denunciaron ante el Poder Judicial ser víctimas de la difusión de sus fotos íntimas. En el 2020 la cifra fue de 147 denunciantes. Así lo muestran los datos de la institución.
En ese momento Jimena no denunció legalmente y tampoco le contó a sus padres, pues no confiaba en que ellos entenderían lo que estaba viviendo. Cargó sola con el dolor y el luto del abuso.
Mi papá ya me había llamado fácil uno o dos años antes porque mi novio me besó en un pasillo del colegio. También había mencionado cómo el valor de nosotras las mujeres se devalúa con los ‘usos’, así como los ‘carros’, recuerda.
El luto de la violencia sexual virtual
Fernanda Membreño también vivió violencia sexual en línea a los 17 años. Cuando cursaba undécimo en un colegio privado de Heredia, le envió unas fotografías íntimas a uno de sus amigos más cercanos. Días después Fernanda descubrió que su amigo tenía un grupo de Facebook llamado “Calles de Membreño”, donde difundía desde hace años sus desnudos con otras 10 personas del colegio. En el grupo había fotos de ella desde que tenía 14 años.
“Me sentí súper mal, me sentí súper utilizada. Era gente que veía como mis amigos y traicionaron mi confianza, no tenían un mínimo de respeto por mí”, cuenta la joven de ahora de 25 años.
El centro australiano de salud mental y resiliencia para jóvenes Reach Out destaca que nunca es culpa de la víctima que alguien más distribuya sus fotos íntimas. Es un asunto de consentimiento: la víctima consintió enviar las fotos para que el alguien más las viera, pero no consintió que ese alguien más las distribuyera o usara para otros fines.
En el colegio nadie la apoyó emocionalmente ni sancionaron a sus abusadores, a pesar de que, según ella, los docentes del colegio supieron lo que pasó. La situación quedó “bajo la alfombra” y ella tuvo que seguir estudiando con los miembros del grupo hasta su graduación.
Las escuelas y colegios de Costa Rica no cuentan con un protocolo para prevenir o ayudar a las mujeres víctimas de este tipo de delitos, según explica la activista feminista y exdirectora de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (ProdHab), Ana Karen Cortés.
Lamentablemente hay pocas herramientas en el país para empoderar a nuestras niñas con educación digital y derechos digitales», afirma la experta.
«Por eso la gente no sabe que este tipo de casos es denunciable y tampoco las personas adultas saben cómo atender a la víctima y entonces solo lo ignoran”, agrega.
El Poder Judicial tiene múltiples categorías para procesar penalmente a personas que cometen los diversos tipos de violencia sexual digital, como la seducción o encuentro con menores por vías electrónicas y la tentativa de abuso sexual, por ejemplo si alguien amenaza a una menor en redes de violarla o abusarla.
Sin embargo, según Cortés, las jóvenes no saben que existen estos procesos ni entienden los mecanismos para hacer las denuncias.
Otro de los mayores problemas que expone la experta es la anonimidad. No necesariamente todos los miembros de esos grupos presentan su identidad real al momento de participar en dichas plataformas. Sin una identidad, las leyes toman más tiempo para condenar los delitos.
Los hombres que se enmascaran
El director ejecutivo de la fundación Paniamor, Oscar Valverde, explica que otro de los delitos sexuales virtuales más comunes es el “grooming”. Este término inglés significa “acoso sexual a menores de edad por parte de una persona mayor de edad a través de medios digitales, fundamentalmente mediante chats y redes sociales”, según la Real Academia Española.
Cristy lo vivió cuando tenía 15, hace más de diez años atrás. En ese entonces el mejor amigo de su hermano, de 20 años, consiguió su número de teléfono. Al principio los mensajes eran casuales, pero en poco tiempo le comenzó a preguntar si ya se masturbaba o que si él podía mandarle fotos sexuales para “ayudarla” a que lo hiciera.
Durante años él siguió escribiéndole para enviarle videos pornográficos o preguntarle sobre masturbación. Cuando ella tuvo pareja un año después, le escribió para preguntarle si su novio “la satisfacía lo suficiente”. El miedo por el acoso en línea sobrepasaba esa dimensión. Cristy debía verlo en la casa de su familia y en la iglesia donde también asistía.
El trauma regresó este año cuando esa persona le respondió una historia en Instagram con tonos sexuales. “Recordé todo lo que hizo y me morí del asco”, cuenta la joven de San José.
Desde entonces tiene pesadillas y su ansiedad aumentó. Aunque cuando era adolescente dice que no entendía la dimensión de lo que le estaba pasando, años después sabe que vivió una situación de abuso y que esa persona aprovechó su edad para lastimarla.
Ahora estoy consciente de lo mal que estaba eso y me dan ganas como de ir y abrazarme siendo pequeña y explicarme lo mal que eso estaba”, recuerda.
El grooming está tipificado en Costa Rica como “seducción o encuentro de menores por medios electrónicos” y la ley lo penaliza con hasta tres años de prisión. Aunque el caso de Cristy involucra a una persona conocida, el delito es aún más peligroso cuando los abusadores crean perfiles falsos en redes sociales únicamente para buscar menores.
Los criminales hacen perfiles en lugares que saben que son usados por menores, como Instagram o TikTok, y empiezan a establecer una interacción con ellas. Actuando con ese perfil que construyeron buscan datos personales e incluso pueden derivar hasta en el delito de la trata”, afirma Valverde.
Aunque Cristy denunció años después a su abusador con su familia, el hermano que es mejor amigo de su agresor hizo caso omiso a su historia y siguió con la amistad. Actualmente tiene una red de apoyo con las mujeres de su familia y sus amigas que la están ayudando a superar el caso.
“Hoy en día todavía me es súper difícil hablar de esto con cualquier persona”, dice la joven de ahora 28 años.
Educación es clave para prevenir
Las tres historias comparten la desconfianza que tenían las víctimas con sus padres y responsables adultos en ese momento. También coinciden en que no lograron denunciar, pues no conocían mecanismos para hacerlo.
La experta en protección de datos, Ana Karen Cortés, afirma que las escuelas de Costa Rica deberían formar a los menores de edad en seguridad digital y en los mecanismos disponibles para defenderse ante estos delitos.Ella y Valverde también apuntan a la necesidad de sensibilizar a los menores para que no cometan estos delitos.
[Deberían] reformar la currícula para que de alguna manera los niños y niñas puedan tener una educación digital completa. Nosotros no recibimos esto, pero los niños que vienen nacen con el internet. Tienen que saber sus derechos y deberes en internet también”, afirma la experta.
La responsabilidad no es solo de las y los menores de edad. Para Valverde, las personas adultas deben estar en constante atención integral a los niños, niñas y adolescentes que están a su cargo, pues este tipo de delitos hacen sentir a las víctimas que “no tienen dónde ir”. El director recomienda a los padres de familia tener conversaciones empáticas con sus hijas e hijos sobre estos temas, donde ellos no sientan que los juzgan o penalizan.
“Una mujer adulta, incluso, tiene más recursos para salir de una situación de violencia que un adolescente. Ellas (las mujeres menores de edad) están en una etapa de desarrollo que les dificulta salir sin ayuda, porque hay dependencia no solamente económica sino emocional de sus padres o tutores. Entonces es responsabilidad del adulto ayudarlas”, explica el también psicólogo.
Fernanda, Cristy y Jimena siguen intentando superar los abusos que marcaron su adolescencia. Las tres, sin conocerse, dicen que cuentan su historia para procesar que lo que les pasó fue un delito y para ayudar a otras adolescentes que lean esto. O como dice Fernanda “para que lean la historia y sepan que no están solas”.
*Nota de la periodista: Algunos nombres de las víctimas son ficticios. Ellas pidieron modificarlos para proteger su integridad.
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