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La diputada Cindy Murillo niega el conflicto de interés por impulsar y votar a favor de un proyecto para regularizar comercios turísticos en el Lago Arenal, donde ella y su familia son propietarias del hotel y restaurante Tinajas Arenal Lakefront Lodge.
La respuesta de Murillo ocurrió luego de revelaciones de La Voz sobre el interés económico de la legisladora y su familia en la aprobación de la ley que dio paso a la creación del Área Silvestre Protegida Paisaje Natural Espejo de Agua Embalse Arenal. Ella no declaró ese conflicto ni tampoco se abstuvo de votar, como lo exige la normativa interna de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.
La Voz solicitó una postura de la diputada por el Partido Pueblo Soberano (PPSO) desde el miércoles 10 de junio, pero ella indicó comunicarse con un asesor. Las preguntas fueron enviadas por correo electrónico el jueves 11 de junio y este lunes 15 de junio La Voz insistió nuevamente en una entrevista directa, pero no han accedido. Su área de prensa remitió como respuesta la entrevista que Murillo concedió al canal Trivisión.
“Quiero aclarar que no soy socia, no soy propietaria tampoco del emprendimiento familiar. Lo único que soy es parte de la junta directiva como tesorera”, dijo al canal cuando se le pidió referirse al caso.
El experto en derecho público de la Universidad de Costa Rica, Marvin Carvajal, explicó que el actuar de los servidores públicos y sus posibles conflictos de intereses está regulado en la ley 8822 Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, que data del 2004. Y en particular citó al Artículo 48, enfocado en el Poder Legislativo.
Será sancionado con prisión de uno a ocho años, el funcionario público que sancione, promulgue, autorice, suscriba o participe con su voto favorable, en las leyes, decretos, acuerdos, actos y contratos administrativos que otorguen, en forma directa, beneficios para sí mismo, para su cónyuge, compañero, compañera o conviviente, sus parientes incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad o para las empresas en las que el funcionario público, su cónyuge, compañero, compañera o conviviente, sus parientes incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad posean participación accionaria, ya sea directamente o por intermedio de otras personas jurídicas en cuyo capital social participen o sean apoderados o miembros de algún órgano social».
Es decir, el conflicto de interés tiene alcance incluso si ella tiene un poder en la sociedad (en este caso, el de tesorera) y con familiares de hasta tercer grado de consanguinidad. Para el abogado, la diputada debió abstenerse de participar en la votación y discusión.
Se requiere una investigación de oficio
Marvin Carvajal apuntó que la Asamblea sí puede pedir que se le elimine la inmunidad para que sea investigado un diputado o diputada, pero que en esta ocasión ve inviable ese escenario.
Como la Ley 8822 contempla penas de hasta ocho años de cárcel para quien falte a los principios de actuar en el sector público, es necesaria una denuncia directa o una investigación de oficio por parte de la Procuraduría de Ética Pública de Costa Rica o del Ministerio Público, al tratarse de normas de órden público.
Sin embargo, al tratarse de una legisladora, no podría elevarse a juicio a menos que hubiera una renuncia o un levantamiento de la inmunidad, explicó Carvajal.
Su papel en la propiedad
La diputada es una de las titulares del terreno donde se encuentra el hotel y el restaurante, el plano catastrado N.° 5-2165239.
Aseguró que en el acta su nombre figura porque fue un requisito “simplemente” para la creación de la sociedad. “Pero repito, no soy socia y nunca lo he sido”, insistió.
Murillo también se desligó de haber impulsado la nueva legislación y mencionó que se trata de un proyecto del Ejecutivo desde la administración de Carlos Alvarado. “En ningún momento yo fui parte o impulsé este proyecto, en absoluto», añadió.
El proyecto sí tiene origen en 2020 y fue impulsado en el periodo 2018-2022 por la diputada Carolina Delgado. El proyecto llegó al plenario recientemente, cuando en sesiones extraordinarias la presidenta Laura Fernández lo convocó en la Asamblea.
El pasado 4 de junio la propia Cindy Murillo publicó un video en el que agradeció a la presidenta Laura Fernández por haber escuchado su solicitud de convocar a la votación del proyecto. Asimismo, fue una de las defensoras en el plenario.
Agradezco profundamente a Dios por permitirme estar en el momento correcto para defender en el Plenario Legislativo este proyecto de ley en el primer y segundo debate”, dijo en su video.
Un negocio consolidado… de manera irregular
Durante la entrevista, mencionó que volvería a votar por el proyecto, pues el objetivo es saldar una deuda histórica con las comunidades de Arenal y Tronadora, que fueron desplazadas para el llenado del lago, cuyo objetivo principal es la generación de electricidad.
Mi familia no necesita de esta ley para beneficiarse porque sin esta ley tiene ya 12 años de existir. Es un negocio consolidado, es un negocio exitoso”, sostuvo.
No obstante, la operación del negocio es irregular. Hasta antes de esta ley, estaban prohibidas las actividades turísticas en el embalse y la zona perimetral del lago (la franja de 50 metros que conforma la zona restringida) estaba protegida por la Ley Forestal.
Aunque la zona de protección del lago no forma parte de su terreno ni cuenta con una concesión, es utilizada como extensión del hotel. Tiene pasto y palmeras decorativas y se utiliza para acceder al lago. También en fotografías del propio negocio aparecen personas haciendo actividades acuáticas, como pesca y kayak.
De hecho, la nueva área protegida abre la posibilidad de concesionar esa franja de 50 metros, propiedad del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
El Plano del que es cotitular, confirmó, fue comprado por su familia al Instituto de Desarrollo Rural (Inder), una institución que tiene como objetivo garantizar el acceso justo a la tierra para fines agrarios y productivos, enfocado prioritariamente en jóvenes, mujeres, minorías étnicas, personas con discapacidad, adultos mayores y migrantes.
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