COVID-19, La Voz Explica

¿Cómo se prepara la cárcel de Liberia ante un eventual caso positivo de COVID-19?

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A la fecha, el Centro de Atención Institucional (CAI) Calle Real de Liberia no cuenta con ningún caso positivo de COVID-19, sin embargo, las autoridades del Ministerio de Justicia y Paz aseguran tener protocolos definidos por si eso sucede.

La viceministra de Justicia y Paz, Diana Posada, indicó que en junio pasado, el centro ya había tenido que colocar en aislamiento sanitario a unas cinco personas privadas de libertad, por haber estado en contacto con un caso positivo de COVID-19. Pero ninguna persona contrajo el virus.

“Fueron personas que tuvieron contacto con una persona positiva de COVID-19 del Poder Judicial de Nicoya”, comentó la funcionaria. 

Al 3 de julio, el país reporta cinco casos positivos de COVID-19 dentro del sistema penitenciario.  El primer caso fue el de un privado de libertad que requirió atención médica en un centro de salud, donde se le diagnosticó la enfermedad por coronavirus. 

Además, el Ministerio de Salud ordenó poner en aislamiento de 14 días uno de los módulos del CAI Jorge Arturo Montero, en San Rafael de Alajuela.

Fueron más de 120 días que el sistema penitenciario pudo contener el ingreso del virus”, dijo Posada.

Medidas generales

De acuerdo con el plan de contingencia que tiene la institución para manejar la pandemia, toda persona privada de libertad que salga de los centros penitenciarios  por más de 24 horas de los centros penitenciarios a realizar cualquier diligencia, sea práctica judicial o visita médica, deberá permanecer en aislamiento preventivo hasta por catorce días.

Además, deberá cumplir el protocolo de ingreso al centro: desinfectar el calzado, lavarse las manos, utilizar alcohol en gel y cambiarse la ropa que traen de afuera por una mudada nueva y desinfectada.

Según datos del Ministerio, 1.907 privados de libertad en todo el país han realizado aislamiento preventivo por ser nuevos ingresos al sistema penitenciario. 

“Los lineamientos son de manera general, pero incluso cada centro tiene el  mandato también de realizar y de elaborar su protocolo específico”, comentó la viceministra.

De confirmarse un caso positivo en Liberia, o en otro centro penitenciario del país, lo primero que dicta el protocolo es aislar a la persona, coordinar con el Ministerio de Salud para que le gire una orden sanitaria y darle la atención médica pertinente. 

Si esa persona llega a presentar síntomas moderados o se complica su estado de salud, será trasladada a un centro de la Caja Costarricense del Seguro Social. 

Para poder realizar esos aislamientos preventivos o por casos positivos, el ministerio ya identificó 4.000 sitios –entre ellos gimnasios y aulas– en los que podrían aislar a personas privadas de libertad o funcionarios. 

En los centros penitenciarios tenemos espacios de visita íntima que hemos estado utilizando para el aislamiento individual de las personas privadas de libertad, y hemos identificado otros espacios para el aislamiento colectivo que ya están dentro de los centros, por ejemplo, algunos talleres agroindustriales que no se están utilizando y que se han adaptado en términos de seguridad y ventilación”, explicó Posada.

Hacinamiento que preocupa

Pese a los protocolos, el hacinamiento carcelario –que ronda el 30% a nivel general– enciende las alertas de las autoridades, quienes admiten que un caso positivo de COVID-19 podría desencadenar un eventual contagio masivo dentro del sistema.

En Liberia, el porcentaje de hacinamiento es del 42%. La cárcel en la Ciudad Blanca tiene capacidad para atender a 824 hombres y 24 mujeres, pero en este momento cuenta con 17 mujeres privadas de libertad y 1.167 hombres en las instalaciones.

En diversas resoluciones, la Sala Constitucional indicó al sistema penitenciario e que en los centros solo debería permitirse hasta un 20% más de población (esto se conoce como sobrepoblación).

El hacinamiento prácticamente solo se resuelve con la generación de infraestructura nueva para poder ubicar a cada persona y esa es una situación que no se resuelve de la noche a la mañana”, admitió la viceministra

Bajo ese escenario, Posada dijo que Liberia tiene algunas ventajas, entre ellas, contar con un espacio de consultorio médico bastante equipado. Recordó, además, que desde el 2019 el centro penitenciario cuenta con una orden judicial, que lo mantiene cerrado al ingreso de nueva población privada de libertad. 

En términos generales, y ante las condiciones de hacinamiento, la jerarca manifestó que coordinaron con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para identificar espacios que pudiesen re convertir en una “especie de mini hospital” para atender aquella población que presente síntomas moderados y que no ameritan todavía un traslado a un centro de salud.

Se han identificado las unidades de atención integral del complejo occidente en San Rafael de Alajuela, otra en Pérez Zeledón y Pococí como los tres centros penitenciarios que podrían servir de apoyo ante un posible contagio o brote masivo de COVID-19. 

Son la infraestructura más nueva que tenemos en el sistema penitenciario y que tienen espacios lo suficientemente grandes y ventilados”, agregó la jerarca. 

Más medidas

Un comunicado de la institución asegura que también se reubicará a las personas privadas de libertad con diabetes mellitus, cardiopatías crónicas o enfermedades de tipo inmunológico como VIH o cáncer, en espacios específicos donde haya poca movilidad de personas privadas de libertad.

Además, si una persona recibe una orden de libertad por el cumplimiento de su sentencia o prisión preventiva y se encuentra en aislamiento por ser caso sospechoso o confirmado por COVID-19, se coordinará con el Ministerio de Salud para que esa institución le dicte una orden sanitaria de aislamiento domiciliario.

La institución asegura que trabajan en mantener informada a la población privada de libertad sobre cómo se transmite el virus y cuáles son los efectos. Al mismo tiempo, desarrollan campañas semanales de higiene de los módulos y de las áreas comunes. 

“Dentro de los ámbitos el distanciamiento físico es inexistente, entonces a lo que se ha apostado es a una campaña de sensibilización y de mantener buenas prácticas de higiene”, concluyó Posada. 

Otras de las medidas vigentes son: 

  • Cierre de visitas en todos los centros penales. 
  • Se suspenden los traslados intra e intercarcelarios, salvo aquellos que respondan a alguna necesidad justificada.
  • Suspensión del ingreso de estudiantes e investigadores hasta que pase la emergencia sanitaria.
  • En relación con los equipos de voluntarios, la dirección de cada centro determinará si existen servicios fundamentales brindados por grupos voluntarios que sea indispensable que continúen ingresando a los centros. 

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