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El Concejo Municipal de Liberia rechazó de forma unánime dos recursos presentados contra el nombramiento de Eugenio Román Ocampo como representante de la sociedad civil en la comisión del plan regulador. Las y los regidores acordaron elevar el caso al Tribunal Contencioso Administrativo.
Eugenio Román Ocampo es primo hermano de la presidenta municipal, María Lourdes Ocampo Fernández, y ambos forman parte de la comisión. Este vínculo familiar, así como la forma en que fueron seleccionados los dos representantes de la sociedad civil, ha generado molestia y rechazo entre representantes de la comunidad liberiana.
No obstante, el alcalde reconoció que existe la posibilidad de que, ante una solicitud de medida cautelar, el Tribunal Contencioso puede suspender ese acto administrativo. Es decir, los nombramientos quedarían en pausa mientras se resuelve el caso.
Al concejo le resta analizar la apelación presentada por el Partido Frente Amplio de Liberia, con el apoyo de 38 personas, y que también se envió a la comisión de asuntos jurídicos.
El propósito de los recurrentes es que el concejo dé marcha atrás con el nombramiento del ingeniero y empresario, Eugenio Román Ocampo, electo el 18 de junio de una lista de 29 postulantes. La otra persona designada para representar a la sociedad civil en la comisión de plan regulador es la abogada Laura Charpentier Soto.
Para Víctor Hugo Chacón, quien presentó uno de los reclamos, no es sorpresivo el rechazo por parte de la comisión de jurídicos ya que ahí están las mismas personas que escogieron a Eugenio Román Ocampo. “Eso era totalmente esperable”, dijo.
Las y los regidores que votaron a favor del nombramiento de Román Ocampo y de Charpentier Soto fueron: María Lourdes Ocampo, Yolanda Alpízar, Ana Lucía Vindas y Nisida Quintanilla. Y la comisión de jurídicos está integrada por María Lourdes Ocampo, Rigoberto Viales y Yolanda Alpízar.
Chacón añadió que está esperando la notificación del acuerdo, así como las razones que fundamentan esa decisión para incorporarlo al expediente que lleva del caso.
El otro recurso que irá a instancias judiciales es el de Damaris Rodríguez, presidenta de la Asociación Rescate de la Zona Marítimo Terrestre (Arezomate), junto a ocho personas más.
Creo que estamos ante un concejo totalmente arbitrario que no quiere analizar sus decisiones y no quiere dar espacio a la sociedad civil. Y tenemos una presidenta municipal autoritaria y arrogante. Eso no representa lo que es la sociedad liberiana”, criticó Rodríguez.
La dirigente insistió en que el primo de la señora Ocampo no debe formar parte de la comisión de plan regulador porque responde a intereses de un grupo familiar y no de la comunidad.
La familia Román Ocampo mantiene un litigio judicial con organizaciones del cantón porque reclaman derecho de propiedad en tierras ubicadas en playa Cabuyal. El caso irá a juicio en el mes de noviembre.
Cabuyal además forma parte de la llamada “costa dorada”, un área de zonas verdes y vistas al mar donde la municipalidad pretende impulsar el desarrollo hotelero, comercial e inmobiliario turístico.
Comisión en pausa
Mientras los recursos van y vienen, la comisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), conocido como plan regulador, suma casi tres meses paralizada, desde que las autoridades municipales tomaron el poder el 1 de mayo.
El alcalde liberiano José Javier Calvo es optimista y asegura que ese comité puede retomar su trabajo mientras los tribunales resuelven las apelaciones sobre el nombramiento de los representantes de la sociedad civil.
La decisión que tomó el concejo de enviarlo al Contencioso no me genera ningún atraso en la comisión de plan regulador en tanto lo que se envía al Tribunal Contencioso no suspende los efectos el acto administrativo [los nombramientos]”, detalló.
No obstante, el alcalde reconoció que existe la posibilidad de que el Tribunal Contencioso solicite una medida cautelar que pueda suspender ese acto administrativo. Es decir, los nombramientos quedarían en pausa mientras se resuelve el caso.
“Eso sí me generaría a mí un caos como administración porque me traería toda una problemática tanto en la contratación (con la empresa Ecoplan) como en el avance del plan regulador”, aseguró.
Para financiar este plan regulador la municipalidad destinó poco más de ¢189 millones. La construcción del POT fue adjudicada a finales del 2022 a la empresa consultora Ecoplan SRL. Además, se contrató al Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU) como supervisor.
El alcalde liberiano explicó que bajo su administración el trabajo de la comisión de plan regulador no continuará con la misma forma, ni el mismo “galope”. Su intención, dijo, es que haya más socialización porque existe mucho desconocimiento de la comunidad liberiana sobre lo que propone el POT.
Como alcalde y como administración municipal voy a ser vigilante de que las decisiones que se tomen en esa comisión, y en la implementación del plan regulador, sean para el beneficio del cantón y, además, justificadas de manera legal”, aseguró el jerarca.
Calvo recordó que este martes 16 de julio la Muni de Liberia y, concretamente la alcaldía, puso en marcha dos números de WhatsApp para que la comunidad denuncie eventuales actos de corrupción: 8396-0606 o al 8448-2934.
Se le consultó si la posición del concejo de nombrar a los primos hermanos Ocampo no contradice esa oferta de transparencia, a lo que respondió: “En la transparencia y en el tema de corrupción a mí en lo personal y a mí como administración en nada me afecta. Las decisiones que toma el concejo ya serán decisiones que se están discutiendo hoy en el concejo municipal y se están llevando al Tribunal Contencioso”.
El plan regulador es un instrumento mediante el cual los gobiernos locales definen el uso del suelo y el ordenamiento territorial del cantón. En el caso de Liberia la propuesta del POT apenas está en etapa de borrador y en consulta con la población.
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