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La Asociación de Concesionarios del Polo Turístico del Golfo de Papagayo (Asopapagayo) presentó una “gestión urgentísima” ante la Sala Constitucional para revertir las medidas cautelares que suspendieron permisos de tala y de construcción en el desarrollo Bahía Papagayo.
Las medidas fueron dictadas por el magistrado Fernando Cruz tras una acción de inconstitucionalidad presentada por el activista Sergio Ortiz, relacionada con un permiso del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) para la tala de 748 árboles en un terreno concesionado a Enjoy Hotels & Resorts S.A.
Ortíz también cuestiona el fondo del reglamento del Polo Turístico Golfo de Papagayo.
¿Qué piden los concesionarios?
En la gestión firmada por Rodrigo Castro Fonseca en representación de la Asopapagayo, los concesionarios piden declarar la “nulidad absoluta” de la resolución que impuso las medidas cautelares; levantar de inmediato esas disposiciones –las que suspenden la tala y otros actos administrativos relacionados con el proyecto.
La Asociación también solicita la recusación del magistrado Fernando Cruz Castro, es decir, que sea separado del caso que discute actualmente la Sala.
El grupo empresarial asegura que hay “errores procesales” y que el magistrado Cruz Castro no tenía facultades para otorgar medidas cautelares de forma unilateral, sin el análisis del resto de integrantes de la Sala IV. También sostiene que se basó en el Artículo 41 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, diseñado para recursos de amparo y no para acciones de inconstitucionalidad.
La Asociación también alegó que la suspensión genera un perjuicio “gravísimo e irreversible para el país”, al detenerse un proyecto en el que se han invertido 2.200 millones de dólares y que ha generado 15 mil empleos. Además asegura que pone en riesgo otras futuras inversiones.
En total, dice el documento, hay 17 proyectos que se verían afectados por la paralización de las obras en el Polo y que suman más de 4 mil cuartos de hotel y una inversión prevista superior a los 2.800 millones de dólares.
En sus redes sociales, Ortiz cuestionó los argumentos del sector empresarial, al considerar que se enfocan más en aspectos legales y económicos que en el fondo del caso.
Yo observo que gran parte de sus argumentos se concentran en temas procesales y en el impacto económico de la medida cautelar, más que en desvirtuar el riesgo ambiental que está de fondo, que motivó las medidas cautelares”, manifestó en un video.
Según añadió, la acción legal de los concesionarios no aborda la preocupación sobre los daños al ambiente.
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“Están cuestionando quien dictó la medida y cómo se dictó y señalando efectos sobre inversiones y empleo, pero no necesariamente eliminando la preocupación de fondo sobre posibles daños ambientales irreversibles”, agregó el activista.
Ahora la Sala deberá analizar la gestión presentada por los concesionarios y pronunciarse al respecto.
A la fecha, la institución reguladora no ha recibido ninguno de esos estudios técnicos.
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