La Municipalidad de Nandayure vive desde hace meses una especie de “guerra fría” entre el auditor interno, el alcalde y el concejo municipal que pone en riesgo la adecuada fiscalización de su presupuesto por más de ¢3 mil millones.
Las diferencias internas ya escalaron hasta la Contraloría General de la República (CGR), los Tribunales de Justicia y podrían llegar a la presidencia de la República.
La disputa a lo interno del gobierno local de Nandayure escaló a la vía judicial, donde el auditor Jorge Pérez denunció penalmente por presunto incumplimiento de deberes al alcalde, Teddy Zúñiga, y a seis regidores: cuatro propietarios y dos suplentes. Entre los suplentes hay uno que ha venido sustituyendo a un regidor propietario que estaba incapacitado y otro que es el coordinador de asuntos de auditoría.
La demanda de Pérez fue presentada ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, con sede en Santa Cruz, el 28 de enero de este 2025. El 14 de febrero el funcionario amplió la demanda con más hechos que considera irregulares.
La oficina de prensa del Ministerio Público confirmó que el caso “se encuentra en investigación, en la etapa de recolección y análisis de prueba”, bajo el expediente 25-000002-1957- PE.
De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso La Voz de Guanacaste, en la declaración ante las autoridades, el auditor señala que desde el 1° de mayo del 2024, cuando asumieron funciones las nuevas autoridades municipales, les ha hecho una serie de advertencias sobre el debilitamiento del sistema y ambiente de control interno.
Esto incluye solicitudes de información o advertencias no atendidas, así como la negativa a publicar el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la auditoría interna (Rofai), el cual norma las labores de ese órgano.
Su objetivo, declaró, era que el alcalde y los regidores en el ámbito de sus funciones tomaran las medidas necesarias para subsanar esas debilidades e irregularidades. “Sin embargo, los funcionarios antes citados han omitido de manera negligente la toma de decisiones o acciones”, añade la denuncia.
Si la auditoría interna no cuenta con los recursos ni el acceso a la información necesario, se dificulta el control sobre las acciones del alcalde y del concejo, lo que podría aumentar el riesgo a irregularidades y malos manejos de fondos públicos”, añadió el auditor.
Pérez explicó que las diferencias surgieron cuando él pidió a la CGR intervenir ante la falta de respuesta de la alcaldía y el concejo municipal a sus gestiones para que se asignaran más recursos a la auditoría en el presupuesto de este 2025. Para este año la Municipalidad de Nandayure tiene un presupuesto ordinario de ¢3.101 millones. El monto asignado a la auditoría es de ¢40,9 millones, equivalentes al 1,32% del presupuesto total.
Ante esto la CGR pidió a las autoridades municipales tomar medidas inmediatas para garantizar el funcionamiento adecuado de la auditoría interna. También, les advirtió que “cualquier debilitamiento del control interno podría conllevar sanciones”.
“Esta advertencia por parte de la CGR, ha molestado e inquietado al señor alcalde y a los regidores miembros del concejo municipal”, aseguró el auditor.
Consultado sobre el asunto, el alcalde Teddy Zúñiga negó la existencia de algún conflicto con el auditor y aseguró que su administración ha sido muy respetuosa del rol del funcionario, quién en el pasado se vio afectado por obstaculizaciones del anterior alcalde, Giovanny Jiménez.
Zúñiga dijo que el año anterior la municipalidad enfrentó una serie de retos que consumieron gran parte de su tiempo y esfuerzo, entre ellos garantizar el presupuesto para este 2025, tras cuatro años de que la Contraloría les improbó el plan de gastos.
Además, era clara la existencia de una gran cantidad de situaciones que debían mejorarse en la municipalidad. De hecho, muchas han sido señaladas por el auditor y se han ido en la medida de lo posible escuchando sus recomendaciones«, dijo el jerarca.
«Pero al ser una gran cantidad de advertencias ha sido imposible atender todo al mismo tiempo, sobre todo porque en cada una suele requerirse gran cantidad de información y acciones en poco tiempo”, añadió vía correo electrónico.
La Voz de Guanacaste quiso conocer la versión de la presidenta municipal y también denunciada, Karla Baltodano, pero no fue posible. Pese a que se le llamó y luego se le contactó vía WhatsApp, dijo que no podía responder porque estaba en el trabajo. Tampoco respondió a qué hora era factible llamarla.
Múltiples advertencias
Como parte de las pruebas presentadas ante el Ministerio Público, el auditor Jorge Pérez adjuntó 17 oficios de “advertencia” remitidos tanto al concejo municipal como al alcalde de asuntos a corregir o mejorar por parte del gobierno local.
Tales advertencias están relacionadas con asuntos como: la asignación de recursos de gestión vial al pago de recurso humano, el pago y el reconocimiento de anualidades a funcionarios sin haber sido aplicada la evaluación del desempeño, aparentes incumplimientos del reglamento interno de contratación pública, así como la desatención a las solicitudes para dotar de presupuesto a la auditoría interna.
Ante la pregunta de este medio sobre por qué recurrió a los tribunales, el auditor contestó por escrito que al ser un caso penal que se encuentra en investigación y por su deber de confidencialidad, no podía referirse.
Pérez también detalla acciones administrativas que según él son represalias en su contra. Entre ellas, menciona la revocación de un acuerdo municipal previo que lo eximía del registro de marcas de entrada y salida, así como la delegación en la alcaldía las autorizaciones para sus salidas, permisos y vacaciones.
Pérez recusó al alcalde y a la mayor parte del concejo municipal el 11 de febrero del 2025 alegando un conflicto de interés que afecta la transparencia y el control interno de la administración municipal.
El auditor solicitó separar e inhibir de manera inmediata a todos los recusados de toda participación en asuntos relacionados con él como funcionario municipal. Esto aplica a la parte administrativa, la relacionada con decisiones laborales (no técnicas), así como cualquier otro asunto que pueda derivarse de su actuación en la materia.
La recusación obliga al alcalde y a los regidores aludidos a inhibirse de participar en asuntos relacionados con el auditor municipal tanto en el ámbito administrativo como en las decisiones laborales. Esos casos pasarán a ser conocidos por la vicealcaldesa, Cynthia Núñez.
Sobre la recusación, el alcalde dijo que el auditor tiene esa posibilidad y potestad legal y que remitirán el caso a la presidencia de la República, que, según la Procuraduría General de la República, es a la que le corresponde resolver.
Comentarios