Los vecinos de las zonas costeras del distrito de Sámara recibieron el pasado 1º de diciembre una notificación de la Municipalidad de Nicoya en la que se les avisaba que tendrán que evaluar la condición de sus construcciones y, de ser necesario, deberán reestructurarlas para ajustarse a la nueva Ley Nº 9242 de Regulación de Construcciones en la Zona Marítimo Terrestre (ZMT).
Dicha ley entró en vigencia el 9 de junio del 2014 y establece que las municipalidades que cuentan con un Plan Regulador costero vigente (en el caso de Sámara aplica el plan vigente de 1981) podrán conservar las construcciones existentes, siempre y cuando se ajusten al plan y a la normativa ambiental.
La ley estipula que las construcciones deben guardar tres metros de distancia del frente de la construcción con la calle. En el caso de las casas o negocios de madera, deben mantener una distancia de dos metros entre sí, ya sea en la parte trasera o lateral, con el fin de que en caso de incendios el fuego no arrase con todas.
Si las construcciones cumplen con la regla y no deben ser modificadas, el interesado deberá pedir una concesión en un plazo máximo de seis meses, a partir de la fecha en que son notificados.
De acuerdo con Juan Carlos Oviedo, encargado de la ZMT de la Municipalidad de Nicoya, la ley exige a los municipios a poner las cosas en orden, por lo que el primer paso que debieron dar es notificar a los vecinos del proceso; sin embargo, descartó que las propiedades de los pobladores serán expropiados.
“Es mentira que por cumplidos los seis meses ya vamos a ir a demoler las construcciones. Es más bien un espacio que se abre para que las personas puedan venir a conversar con nosotros y así poderles plantear lo que deben hacer para ponerse a derecho”, explicó Oviedo.
Además, Oviedo aseguró que la razón por la que la Municipalidad de Nicoya está exigiendo estos requerimientos solo al distrito costero de Sámara, es porque en el caso de las playas de Nosara este le corresponde al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
“En este momento hemos notificado a Sámara nada más, porque es a quienes aplica el plan regulador vigente de 1981. Hay que recordar que a la Municipalidad de Nicoya le corresponde ZMT hasta punta Guiones; Nosara pertenece al Refugio Nacional de Vida Silvestre, por lo tanto le compete a Minae. Por ahora, solo el distrito de Sámara en pueblos como Cangrejal, Ojo Cambute, ElTorito, Matapalo, Bella Vista y otros”, dijo el encargado de ZMT.
Pobladores incrédulos
A pesar que la Municipalidad asegura que no van a realizar desalojos, algunos samareños sienten incertidumbre de la legalidad de sus construcciones, ya que muchos no cuentan con dinero para hacer las modificaciones que la ley solicita.
Tal es el caso de Juan Gerardo Cubillo, vecino de Matapalo, quien aseguró que sus ingresos como pescador artesanal no son suficientes para realizar cambios en su vivienda.
“No sabemos qué va a pasar. Nos piden algunos requisitos para modificar estas construcciones y como usted puede ver, aquí los que vivimos somos personas de escasos recursos. En mi caso el trabajo es la pesca y eso apenas me da para vivir”, comentó Cubillo.
Por su parte, Benedicto Guadamuz, quien es el presidente del Comité de Bienestar Social de Matapalo, ve el panorama con positivismo y asegura que tendrán apoyo de la Municipalidad.
“Nos dijeron que dentro de un mes los ingenieros de la municipalidad van a venir para evaluar cada una de las construcciones y determinar si cumplen o no, pero yo creo que eso es necesario porque así lo dicta la ley”, dijo Guadamuz.
Tecocos a paso lento
El pasado 19 de octubre, venció la moratoria que protegía a los vecinos de territorios costeros comunitarios. Esa prórroga les permitía no ser desalojados al considerarse su situación ilegal en esos territorios; no obstante, al vencer la moratoria, la incertidumbre regresa a muchos pobladores costeros quienes esperan que se apruebe el llamado proyecto de ley de territorios costeros conocido como Tecocos.
Sobre ese tema, el abogado e impulsor de la ley, Wilmar Matarrita, informó que muy posiblemente ese proyecto sea votado en sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa, una vez que los diputados regresen de vacaciones a partir del 19 de enero 2015.
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