La Contraloría General de la República improbó “en su totalidad” el presupuesto ordinario del 2020 de la Municipalidad de Nicoya por un error en el procedimiento que siguió el concejo municipal. Ahora, el gobierno local deberá utilizar el mismo monto y distribución que le dieron en el 2019.
El monto del 2019 es más de ₡164,6 millones más alto que el que solicitaron para el 2020 (unos ₡6.364 millones), pero no podrán abrir y recalificar un total de diez plazas que necesitaban, según el director financiero, para agilizar procesos.
“Eran básicamente la parte nueva del documento. La reducción se puede ver significativamente en remuneraciones laborales”, contó el director financiero del gobierno local, José Ernesto Baltodano.
Baltodano agregó que esta improbación no afectará significativamente los proyectos para el cantón, puesto que la medida solo impide realizar “nuevos proyectos específicos, directos e individuales, no aquellos que están contemplados bajo la ley, como los que están para Nicoya”.
Él lo ejemplifica así: dentro del presupuesto 2020 se presentó un proyecto para construir dos quioscos de comida, darle mantenimiento a las bancas y mejorar la parada de taxis en el parque Recaredo Briceño que la municipalidad igual ejecutará porque nació bajo la Ley N° 9156.
Esta normativa indica que la provincia de Guanacaste debe repartir entre sus cantones el 51,4% de los recursos anuales adquiridos por tributos de salidas por el aeropuerto Daniel Oduber Quirós, de Liberia. Estos cantones, a su vez, lo deben invertir en infraestructura turística y la recuperación del patrimonio cultural.
“Eso ya estaba contemplado en el presupuesto pasado y en el pasado a este. En ese aspecto creo que no nos veremos perjudicados”, explicó Baltodano.
En cambio, el alcalde Marco Jiménez dijo que sí tendrán que reducir o dejar de hacer algunos proyectos.
Por ejemplo, íbamos a donar para infraestructura en el Colegio de Mansión, pero con el presupuesto ajustado quizás no podremos realizar la donación, porque la suma no da”, afirmó.
Este son el tipo de obras que le preocupan al regidor suplente, William Allen.
“Entiendo que no son afectaciones contundentes, pero habrá obras sociales y proyectos que se vean afectados por esta razón. Eso es preocupante”, afirmó
Por otro lado, la regidora liberacionista Griselda Pérez cree que esta improbación es un “mal menor”. “En un contexto económico nacional como el actual” aumentar costos y plazas “era inconveniente”, dijo.
“No creo que a los pueblos se les va a quitar nada o se les va a decir que no se puede nada. Lo que se requiere es una reorganización. Hay que reordenar”, enfatizó.
Pero, ¿por qué se improbó?
El regidor y secretario de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Marvin Vargas, narró a este medio que la Administración le entregó el presupuesto al concejo el 30 de agosto, como lo estipula la ley. El 2 de setiembre, la muni lo presentó ante los regidores y su comisión lo estudió por dos semanas.
El concejo también acordó que el miércoles 25 de setiembre discutirían el tema dentro de una sesión extraordinaria.
“Pensamos que estábamos haciendo todo bien, se sabía que la sesión iba a durar porque hay regidores que estaban en contra del presupuesto, pero todo en el marco de la ley”, explicó Vargas.
El 25 de setiembre, los regidores aprobaron el presupuesto, pero sin firmeza (se necesitan al menos cinco a favor y dos en contra pero solo lo votaron 4 a favor y tres en contra).
Dos días después, el viernes 27, se realizó otra sesión extraordinaria, en un intento fallido por ratificar la aprobación. Ese mismo día se aprobaron todas las actas y ahí estuvo justamente el error.
El Código Municipal especifica en el artículo 48 y 105 que el Concejo debía aprobar el presupuesto con firmeza durante una sesión extraordinaria antes del 30 de setiembre y aprobar las actas en la próxima sesión ordinaria (que en el caso de Nicoya se dan los lunes), dentro de las fechas ya estipuladas.
Esto, comunicó la CGR, es una falta a la legalidad del proceso: “Al carecer de firmeza, el acuerdo de aprobación del presupuesto inicial 2020, se requería su ratificación en la sesión ordinaria inmediata posterior”.
Es decir, aunque el viernes se hubiera ratificado con firmeza la decisión del concejo, los regidores debían aprobar todas las actas hasta el lunes 30 de setiembre, mismo día en que se enviarían los documentos a Contraloría.
Según Baltodano, como el envío del presupuesto tenía incumplimientos legales, la Contraloría ni siquiera revisó su contenido. Con él coincidió Jiménez, el alcalde.
Contraloría no discutió ningún tema técnico, nada de contenido. No podremos afirmar que si se aprobó esto o lo otro dentro del documento, porque no se evaluó”, dijo el alcalde.
“Es una lástima que la Contraloría no llegara a ver nuestra propuesta. Idealmente no debería de ser así”, lamentó Baltodano, y agregó que esta no es la primera vez que le pasa algo así a la municipalidad, pues en el 2012 habían enfrentado el mismo problema.
El presidente del Concejo Municipal, Saúl Cárdenas, dijo a La Voz de Guanacaste que la resolución fue “sorpresiva” porque él creía que el procedimiento era el correcto.
Ese es un tema muy relativo, hay mucha tela que cortar. Creo que una de nuestras mayores afectaciones fue que el presupuesto primero no contó con los votos suficientes. Ese fue un problema. Nosotros hicimos lo que vimos como correcto”, dijo.
¿Y qué pasará ahora?
La Municipalidad sigue realizando el presupuesto ajustado y lo presentará al Concejo Municipal en las próximas semanas. Luego de su aprobación, se lo enviarán nuevamente a Contraloría, esta vez en forma de notificación y no para que se aprueba o impruebe.
La municipalidad solo deberá aplicar esta medida al presupuesto ordinario. Podrá presentar presupuestos extraordinarios, pero estos últimos no pueden subsanar el error ya cometido.
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