La Municipalidad de Nicoya lleva ya diez meses tratando de decidir si le quita o no el salario al alcalde suspendido, Marco Jiménez, quien está acusado por 21 supuestos delitos y no está trabajando en la Muni desde junio del año pasado.
El auditor Keylor Solórzano le consultó a la Contraloría si el municipio puede dejar de pagarle el salario a un funcionario electo popularmente. El ente envió su respuesta hace dos semanas y dijo que, efectivamente, la municipalidad tiene toda la potestad de suspender el salario de un trabajador que no esté cumpliendo con sus funciones.
Pese a que la opinión de la CGR no es de acatamiento obligatorio, la resolución es clara en que la jurisprudencia y los fallos de la Sala Constitucional son vinculantes incluso para los funcionarios electos popularmente. Esto quiere decir que, si ya la Sala ha resuelto casos semejantes, la muni no puede actuar sin acatar esos fallos.
Acusación formal llega después de investigación de un año por supuestos delitos que incluyen un abuso sexual.
La administración y los regidores empezaron a hablar de esto en enero anterior cuando La Voz de Guanacaste publicó que el gobierno local sí puede suspender el desemolso de ¢2.6 millones que recibe el alcalde al mes.
¿Qué sigue ahora?
Los regidores podrán tomar un acuerdo en el que le recomienden a la alcaldesa la suspensión del pago —como ya lo habían hecho una vez— o analizar el documento en alguna comisión y luego hacer la recomendación. Así lo confirmó el asesor legal del concejo, Gerardo Carvajal.
Efectivamente tenemos una respuesta de la Contraloría, pero no puedo referirme al contenido porque esa consulta no ha sido conocida formalmente por el Concejo Municipal. Yo esperaría que el próximo lunes el concejo lo conozca y tome una determinación”, dijo Carvajal.
Por su parte, la alcaldesa interina, Adriana Rodríguez, dijo que desconoce los detalles del documento porque las emergencias de los últimos días le han demandado tiempo, pero que la municipalidad analizará los fundamentos de la Contraloría.
«Nosotros siempre estamos anuentes a hacer todo lo que corresponda a derecho”, dijo Rodríguez.
La opinión de la CGR —de la cual La Voz de Guanacaste tiene una copia— la emitió el departamento de División Jurídica. Aunque la institución no se refiere al caso específico de Marco Jiménez —pues solo puede hablar de generalidades y no de casos específicos— concluye que si el trabajador no puede cumplir con su trabajo, el patrono, en este caso la municipalidad, no está obligado a pagar el salario.
Este Despacho llega a inferir que si existe un impedimento que es ajeno tanto a la voluntad del trabajador como a la del patrono, por el cual el trabajador no puede cumplir su obligación (…) tampoco está el patrono obligado a pagar el salario”.
Otra oportunidad
La alcaldesa ya había ordenado la suspensión del depósito del salario ante una recomendación de los regidores. De hecho, hubo una quincena en que le dejaron de pagar, pero Marco Jiménez presentó un recurso de nulidad para que le restituyeran el salario y así lo hizo la alcaldesa.
En la resolución, Rodríguez justificó que “el señor Marco Antonio Jiménez depende únicamente del pago del salario percibido de esta institución para la manutención de su familia”.
En ese momento, la alcaldesa actual y su asesora legal, Vivian Leal, dijeron que resolverían el recurso pero hoy, casi dos meses después, no lo han resuelto pues todavía están “terminando detalles”, según dijo Rodríguez.
La CGR también advirtió que es un requisito indispensable notificarle la suspensión del depósito al trabajador, algo que no hizo la Administración la primera vez que decidió suspender el pago.
A la espera de juicio
En junio de este 2018, luego de un año de medidas cautelares e investigación, la Fiscalía acusó a Jiménez de 21 supuestos delitos. Hasta el momento, la municipalidad le ha pagado unos ¢39 millones de salario.
Según confirmó la Fiscalía a este medio, la audiencia preliminar para la apertura del juicio se realizará hasta el 18 y 19 de abril del 2019. Si la municipalidad continúa pagándole hasta esa fecha, Jiménez habrá acumulado unos ¢57 millones sin haber ido a trabajar.
*Nota de la editora: el título de este artículo fue modificado por razones de claridad.
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