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COVID-19: tala presupuestaria asfixia las áreas protegidas de Costa Rica

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Gelberth Obando y Manuel Alvarado excavan cuatro huecos en el patio trasero del Refugio Nacional de Vida Silvestre Camaronal, ubicado en los cantones Hojancha y Nandayure de Guanacaste. Acá instalarán postes para sostener el techo de un estacionamiento, y aunque no está en sus labores, ellos mismos construyen las instalaciones (o al menos eso intentan) porque no tienen otra alternativa.

Aislados en el bosque seco, ambos guardaparques tienen a su cargo 235 hectáreas terrestres y 15 millas náuticas del Refugio. Pese al personal limitado, este es un sitio de inmenso valor biológico por el desove de al menos tres especies de tortugas marinas amenazadas de extinción. 

La falta de recursos siempre ha sido uno de los mayores problemas para ellos. A partir de este año, sin embargo, la situación se agravó y el área de conservación recortó el dinero mensual para gasolina a la mitad: de ¢120 mil a ¢60 mil en total. Además, ya no hay otros viáticos ni se les paga las horas extra.

Aún así, ya casi es hora de comenzar el patrullaje por la playa: si ellos no protegen los huevos de tortuga, nadie más lo hará. Normalmente salen de noche, pero hoy tendrán un simulacro por la tarde. “Aunque le bajen el ingreso a un guardaparques, siempre va a estar al 100%”, dice Obando, mientras camina ingresando a la selva tropical. 

La crisis de la COVID-19 agravó los problemas financieros en las áreas de conservación en Costa Rica. Tras agresivos recortes presupuestarios, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) incluso peligra de un posible “cierre técnico” en los próximos meses, según indicó el viceministro de Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente y Energía, Franklin Paniagua.

Han habido momentos difíciles en el pasado, pero nunca hemos llegado a pasar de este punto. Podemos aguantar este mes (agosto), pero difícilmente el otro mes (setiembre) vamos a tener la misma flexibilidad. Ya se encienden las alarmas”, dice Paniagua en entrevista con Diálogo Chino.

El año pasado, la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó una reducción de más de un tercio en el presupuesto de las áreas de conservación, el cual fue parte de un paquete agresivo de recortes en varios ministerios. Los recortes buscaban contener el impacto de la crisis de la COVID-19 en las débiles finanzas públicas del país. 

Durante la primera mitad del 2021, el presupuesto alcanzó para hacer patrullajes reducidos y operar con limitaciones. Sin embargo, ahora la mayoría de las áreas de conservación se quedaron sin dinero para pagar transporte, mantenimiento y horas extra a sus guardaparques.

Sin recursos suficientes, las áreas protegidas dejan de cumplir su propósito principal: la conservación natural, indica Laura Porras, investigadora del Instituto de Conservación y Manejo de Vida Silvestre (Icomvis) de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA).

Esto es un hecho ya documentado. En el 2009, un estudio de la UNA encontró que cuando hubo un recorte drástico en el personal del Parque Nacional Corcovado en los años 90, la población de saínos comenzó a reducirse por la caza ilegal.

Para intentar llegar a fin de año sin una crisis, el Poder Ejecutivo convocó un presupuesto extraordinario al Congreso. Este aportaría algunos recursos para “mantener la operación mínima en parques nacionales”, según indica el proyecto de ley. Pese a llevar casi dos meses presentado, el presupuesto aún no se ha votado en el plenario legislativo.

Mientras en San José el gobierno negocia el futuro de este presupuesto, Obando y Alvarado cruzan una quebrada en el bosque seco de Camaronal. Del otro lado, un pescador baja por una colina a un paso ligeramente nervioso. Él los saluda y ellos saludan de vuelta. “A él lo hemos sacado varias veces con huevos de tortuga”, murmura Obando. 

Gelberth Obando (izquierda y al fondo) y Manuel Alvarado (derecha) inspeccionan la playa del Refugio Nacional de Vida Silvestre Camaronal el 7 de agosto. Foto: Maribel Arago

Áreas desprotegidas

El mar empieza a sonar más fuerte entre los árboles. La playa del refugio está a escasos metros de Obando y Alvarado, pero los guardaparques prefieren mantenerse ocultos. Sin posibilidad de refuerzos y con mucho riesgo de por medio, ellos deben sorprender a los invasores de nidos de tortuga.

Los hueveros suelen llegar a Camaronal desde comunidades aledañas. Ahí, esconden sus motos en el bosque e ingresan a escarbar los nidos en la playa, con la meta de extraerlos para la venta ilegal. “Se nos han puesto violentos”, dice Obando, a quien recientemente amenazaron con un machete durante un patrullaje.

Los huevos más comunes en el refugio son los de tortuga lora (lepidochelys kempii), pero a veces también hay de tortuga negra (chelonia mydas agassiui) y baula (dermochelys coriacea), todas amenazadas de extinción.

Los recortes han dificultado el cuido de los huevos, dicen. La gasolina, por ejemplo, se acaba rápido cuando llevan a los detenidos hacia las comisarías locales. La falta de viáticos, además, evita que se puedan cubrir grandes extensiones de terreno. “A veces uno siente que nada contra la corriente”, dice Obando. 

Pero los recortes golpean más duro porque se arrastran carencias históricas. Por ejemplo, el refugio nunca tuvo recursos para patrullar en el mar (pese a que la mayor parte del área protegida es marina). De hecho ni siquiera tienen una lancha propia, por lo que dependen por completo del apoyo de los guardacostas, según explican. Si la marea sube, los guardacostas no pueden entrar. 

No tenemos ahorita el personal para proteger el área. Si hubieran recortes sería todavía peor para la conservación”, señala Obando. 

Lejos de ser una excepción, las condiciones de este par de guardaparques son la norma en el resto de las áreas protegidas del país, explica Paniagua, jerarca del Ministerio de Ambiente. “Esos rubros (horas extra, transporte, mantenimiento) están en este momento en una condición muy limitante”, asegura.

El sistema, como un todo, peligra de un “cierre técnico” en cuestión de unos meses, explica el viceministro. Esto significa que algunos sectores cerrarían al público y otros prácticamente solo podrían atender la entrada de turistas, sin realizar labores de investigación y patrullaje.

Hablar de una desatención en las áreas protegidas de Costa Rica son palabras mayores, ya que un 25% del territorio del país se encuentra bajo algún tipo de protección. En total, más de 13.000 kilómetros cuadrados (km2) están protegidos.

Ese es un escenario fatalista, claro. Pero la situación ya es crítica para atender ciertas emergencias. “En este momento, por dicha, estamos en temporada de lluvias. Pero, si tuviéramos esta condición en temporada de incendios forestales, no tendríamos la capacidad de atender una situación de emergencia”, dice el jerarca.

En el Pacífico Sur del país, el Área de Conservación Osa (ACOSA), ya ha experimentado dificultades para atender denuncias ambientales, señala Sandra Martí, miembro del Consejo Regional de esta área protegida. 

Eso es gravísimo porque una de las tareas de las áreas de conservación es atender denuncias. Para eso, hay que movilizarse y aquí no hay carreteras. Los vehículos se maltratan y requieren mantenimiento, además de gasolina para las grandes distancias. Para todo esto, sencillamente no tenemos presupuesto”, explica Martí. 

El Refugio Nacional de Vida Silvestre Camaronal pertenece al Área de Conservación Tempisque (ACT), que comprende toda la Península de Nicoya y las islas del Golfo de Nicoya, a excepción de la Isla San Lucas. Foto: Maribel Arango

Tala al presupuesto

La pandemia de la COVID-19 llegó en un momento inoportuno para Costa Rica. Las finanzas del país venían de cerrar el 2019 con el déficit fiscal más alto de la historia reciente: 7% del Producto Interno Bruto (PIB). Es decir, la emergencia amenazaba con poner al país al borde de una crisis fiscal aún mayor. 

De hecho, debido a la alta deuda interna —la porción de la deuda pública en la economía local— y el desequilibrio financiero, Costa Rica comenzó a negociar un préstamo de $1.700 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que finalmente las y los diputados aprobaron el pasado 19 de julio. 

Con este panorama, durante la segunda mitad del 2020 la Asamblea Legislativa de Costa Rica comenzó a discutir el presupuesto para el 2021, en medio de una alta incertidumbre sobre lo que sucedería con la enfermedad. 

Por eso, la Asamblea presionó fuerte al Ejecutivo para que recortara al menos un 1% del PIB al presupuesto, a lo que el Gobierno se resistió argumentando la necesidad de mantener los servicios públicos durante la emergencia. 

Al final, las fracciones opositoras (Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Restauración Nacional) aprobaron un recorte general de ¢162 mil millones en el presupuesto nacional. El recorte puso contra la pared a muchas instituciones, entre ellas al Sistema de Áreas de Conservación. 

Como comparación, en el 2020, tras algunos ajustes presupuestarios a lo largo del año, la Asamblea Legislativa autorizó al SINAC a utilizar ¢48.500 millones para sus labores. En cambio, el presupuesto aprobado para el 2021 redujo ese monto en 38%, quedando en cerca de ¢29.800 millones.

Hay que saber dos cosas sobre las finanzas del SINAC para entender por qué esto fue un tremendo golpe para la institución: en síntesis, el presupuesto central es muy importante.

Lo primero es que las entradas que pagan los turistas por visitar las áreas protegidas no van directamente al SINAC, sino que van a la administración central y esta devuelve un presupuesto. Esto garantiza que no haya desigualdad de recursos entre áreas protegidas, ya que solo 4 parques nacionales suelen concentrar más de la mitad de la visitación turística. Pero también significa que, si hay un recorte al presupuesto, todas sufren las consecuencias.

Otro factor clave es que, durante la emergencia de la COVID-19, todos los impuestos con un destino específico (ordenado por ley) pasaron a la administración central. Esta era una fuente alternativa de ingresos para el SINAC, ya que, por ejemplo, la institución recibe ingresos por un canon al aprovechamiento de agua y por un impuesto general forestal. Este ingreso desapareció.

Para intentar mantener a flote la institución hasta final de año, el Ejecutivo convocó ante el Congreso una serie de enmiendas al presupuesto. Una de ellas permitiría al SINAC usar ¢6.000 millones del superávit restante de otros años para partidas de horas extra, transporte y mantenimiento.

Según indica el proyecto de ley, el presupuesto permitiría mantener la “operación mínima” de los parques nacionales, así como la prevención de incendios forestales y pagar contratos por protección de bosque en fincas privadas. Para todo esto, el dinero ya está por agotarse.

El nuevo presupuesto aún no avanza al plenario legislativo, pero incluso si fuera aprobado, los efectos del recorte presupuestario se sentirán durante los siguientes 3 a 5 años, estimó Paniagua.

Entre otras cosas, el recorte retrasará la expansión de una plataforma tecnológica para comprar entradas a los parques, así como una ampliación significativa del personal de guardaparques. Otro impacto particular será el mantenimiento de la infraestructura, dijo el jerarca, ya que esto depende del presupuesto nacional.

Conservación en riesgo

Obando y Alvarado se acercan al final de su recorrido por la playa. Algunos nidos de tortuga fueron saqueados por mapaches, depredadores naturales de la zona, pero ninguno por humanos. Ellos volverán al vivero sin huevos.

De haber encontrado un nido, habrían extraído los huevos y los habrían instalado en un vivero de conservación, compuesto por varias pequeñas parcelas de un metro cuadrado. Al cabo de 2 meses, al menos 70% de las tortugas en cada nido llegarán al mar.

Manuel Alvarado inspeccionando un nido del vivero de tortugas marinas del Refugio Nacional de Vida Silvestre Camaronal el pasado 7 de agosto, donde cada parcela de un metro cuadrado alberga un nido de tortuga marina. Foto: Maribel Arango

Esta es una labor de conservación esencial, pero debido a la sobrecarga laboral de ambos, casi siempre la realizan voluntarios de organizaciones. Cuando llegó la COVID-19 y las restricciones de movilidad impidieron la llegada de voluntarios, menos huevos comenzaron a ingresar al vivero, confiesa Obando.

Esto mismo sucede en otras áreas protegidas, explica Laura Porras de la Universidad Nacional. Sin suficientes recursos ni personal, los guardaparques difícilmente pueden completar las tareas de conservación, indica la científica.

Por ejemplo, la caza ilegal es una realidad en muchas áreas protegidas del país. Sin suficientes patrullajes, los cazadores ingresan con más libertad y saquean la vida silvestre. En el pasado, esto ya redujo las poblaciones de saínos en el Parque Nacional Corcovado, al sur de Costa Rica, según documentó un estudio de la UNA.

Este impacto es aún mayor de lo que parece: cuando una población cae, no solamente afecta a esa especie sino también a sus depredadores, explica Porras. En el caso de los saínos, su disminución también terminó afectando a los jaguares y pumas.

Los científicos necesitan datos para identificar este tipo de fenómenos, pero en el 2020 la pandemia interrumpió muchos de estos proyectos. Las restricciones causaron una disminución del 31% en los permisos de investigación otorgados, según muestran datos del SINAC

En otros casos, la falta de patrullajes en senderos exclusivos para científicos dificultó las investigaciones en curso. “Uno coloca cámaras trampa y, si no hay patrullaje, las cámaras comienzan a desaparecer”, cuenta Porras.

Las investigaciones científicas son esenciales para el turismo, ya que un daño a la vida silvestre terminaría por impactar a las comunidades locales, dice Sandra Martí del Área de Conservación Osa. 

Aquí prácticamente el 99% de la gente depende del turismo. Si los turistas dejan de interesarse en venir, todas estas personas dejan de percibir ingresos. Un nuevo golpe al turismo luego de esta pandemia sería trágico”, señala.

En Camaronal también hay algunas cámaras trampa, aunque Alvarado y Obando no pueden darles mucho mantenimiento. Acostumbrados a nadar contra la corriente presupuestaria, los guardaparques regresan a la casa administrativa. Ellos descansarán por unas horas, hasta tener que salir nuevamente en la noche, cuando el riesgo de hueveros aumenta.

La casa está compuesta por dos cuartos, una sala de reuniones, un baño, cocina, sillones y un televisor. Recientemente, la administración regional compró equipo radiofónico para mantener conectadas las estaciones. El aparato no funciona. La luz del baño tampoco.


Este reportaje fue publicado originalmente en Diálogo Chino.

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