Las costas de Guanacaste tienen un problema creciente de inseguridad ciudadana. No lo dicen solo los pobladores sino también las cifras: entre el 2013 y el 2017, los delitos aumentaron en un 36% en los 19 distritos costeros de la provincia.
Mientras en el 2013 el promedio de actos ilícitos era de 14 por cada 1.000 habitantes, la cifra aumentó a 19 en el 2017, con una tendencia a crecer que se mantuvo casi todos los años.
Ese crecimiento fue incluso más pronunciado en las costas que tienen menos población que las ciudades centrales de cada cantón, que tienen más habitantes, y por ende se esperaría que tuvieran más delitos. En las cabeceras de cantón los delitos pasaron de 15 a 16 por cada 1.000 habitantes en ese mismo periodo.
Así se desprende de un análisis de datos realizado por La Voz de Guanacaste con base en denuncias registradas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Tamarindo y Sámara son los pueblos en los que se registraron más delitos por cada 1.000 habitantes entre el 2013 y el 2017: ambos están empatados con un promedio de 41 ilícitos por cada 1.000 habitantes durante esos cinco años.
Las cifras podrían ser aún mayores en Sámara y Tamarindo pues en algunos casos las personas no denuncian: las delegaciones de la Fuerza Pública o del OIJ están a varios kilómetros de las playas.
Como punto de comparación, mientras en Tamarindo en el 2017 sucedieron 60 delitos por cada 1.000 personas, en Jacó, otro distrito playero famoso entre extranjeros y nacionales, sucedieron 34.
Jacó redujo los delitos de 39 por cada 1.000 habitantes en el 2013 a 34 en el 2017. La Fuerza Pública dijo que ha realizado campañas de prevención entre turistas, con brochures y panfletos informativos para que cuiden sus pertenencias y estén atentos a los ladrones.
Los oficiales de Jacó también hacen retenes en carretera a la entrada y salida de la playa y esto ha resultado en el decomiso de armas e identificación de bandas delictivas, indicó el subdirector regional de Puntarenas, Mauricio Guevara.
Pocos policías y recursos
En las costas hay mucho turismo y poca presencia policial, una combinación que según las fuentes consultadas dispara el problema.
En Sámara y Tamarindo, los dos con las tasas más altas de delincuencia, ni siquiera se pueden presentar las denuncias, sino que los afectados en Sámara deben ir hasta Nicoya y los de Tamarindo a Villarreal.
El jefe policial de Sámara, Omar Granados, dijo que el sistema informático en esa delegación está obsoleto por lo que remiten a las víctimas al OIJ ubicado a 36 kilómetros de esta comunidad. Él mismo calcula que muchos ni siquiera hacen la denuncia porque tienen que trasladarse.
En Tamarindo ni siquiera hay una delegación policial, sino que tienen que ir a la de Villarreal, ubicada a 6 km del pueblo costero.
La poca cantidad de oficiales es otra de las limitantes de ambas delegaciones. Granados detalló que en Sámara cuentan con menos de 10 oficiales y sólo con una patrulla para hacer recorridos y a Tamarindo la asisten ocho oficiales de la policía turística de Flamingo —a 25 km del centro de Tamarindo— con apoyo de la delegación de Villarreal.
Población “flotante”
El turismo engrosa los ingresos económicos del país, pero lamentablemente no escapa a una realidad que ocurre en las costas: detrás de los turistas vienen los ladrones.
La población no se puede ver sólo por los que votan [o viven] en el distrito. Hay una población flotante muy numerosa que aumenta los delitos”, dijo la comisionada regional de la Fuerza Pública, Kattia Chavarría.
La percepción es la misma del jefe policial de Sámara, Omar Granados, quién estimó que en temporada baja la cantidad de visitas a la playa es de 300 personas cada día durante los fines de semana y en temporada alta supera los 1.000 visitantes diarios.
Los hurtos son los delitos más frecuentes en las playas porque muchos turistas dejan sus pertenencias sin supervisión, esto facilita a los delincuentes sustraer los artículos sin tener que hacer uso de la violencia o fuerza física”, agregó Chavarría.
En Tamarindo, el jefe de la policía turística, Luis Sánchez, estimó que en temporada alta arriban más de 1.500 turistas diarios.
Vecinos se organizan
Los vecinos no solo están preocupados sino que también están tomando ciertas acciones para mejorar el panorama.
Por ejemplo, el síndico de Sámara Bonifacio Díaz presentó una moción ante el Concejo Municipal de Nicoya para que en la primera semana de setiembre se realice una sesión en la comunidad que coordine acciones entre vecinos, Fuerza Pública y gobierno local.
“Hay falta de interés de las asociaciones de desarrollo del distrito de Sámara para organizarse y reducir la inseguridad. Esperamos que con la reunión de setiembre se organice mejor”, dijo Díaz.
El presidente de la Asociación de Desarrollo de Playa Sámara, José Fulvio Paniagua, aceptó que su agrupación no ha tomado ninguna acción para mejorar el problema y dijo que espera que esto cambie con la próxima reunión que tendrá lugar en su comunidad.
En Tamarindo, el pueblo más afectado por la delincuencia en el 2017, la Asociación de Desarrollo ha intentado gestionar la construcción de una delegación policial desde hace cinco años sin éxito, dijo su vicepresidente Trevor Bernard.
“La cuestión es quién va a pagar por su construcción. En este momento estamos buscando el financiamiento del ICT [Instituto Costarricense de Turismo] o Dinadeco [Dirección Nacional de Desarrollo Comunal]”, dijo Bernard.
Aunque la delegación móvil de la Fuerza Pública estuvo en Tamarindo por varios meses, en el 2017 recibió una orden sanitaria del Ministerio de Salud porque no tenía un baño integrado y porque esta unidad (que es una especie de container que se mueve por las comunidades) no debe permanecer en un solo punto durante tanto tiempo. Ahora, estos policías se reparten entre Santa Cruz, Brasilito y Flamingo, además de Tamarindo algunos pocos días, informó Bernard.
La ADI de Tamarindo continúa insistiendo en la construcción de una delegación policial y mantiene una comunicación constante mediante un grupo de whatsapp para alertar y coordinar acciones con vecinos, comerciantes y dueños de negocios, dijo el asistente administrativo de la asociación, José Carlos Sequeira.
“Tenemos un sistema de vigilancia interconectado con la comunidad que es bastante dinámico”, agregó.
En los dos años que tiene este grupo de existir, han logrado identificar las zonas vulnerables de Tamarindo, por lo que ahora coordinan mejor las rondas de vigilancia con fuerza pública y la policía turística.
En Tamarindo, el jefe de la policía turística, Luis Sánchez, dijo que los oficiales han entregado brochures en inglés y español a los comerciantes y turistas de esta comunidad costera, para que no descuiden las pertenencias.
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