Dos años después que la Municipalidad de Nicoya clausurara múltiples veces la construcción ilegal de un rancho sobre la zona marítimo terrestre de Playa Garza, el propietario estadounidense, David Lesman, inició por su cuenta la demolición permanente de la infraestructura. Así lo confirmó él mismo a La Voz de Guanacaste.
Lo único que quedará en su parcela, dijo, es el muro frente a la Ruta 160, pues no corresponde a la estructura en disputa construida en el 2018.
Lesman aseguró, vía mensajes de Facebook con este medio, que tras años de intentar normalizar la situación legal de su propiedad decidió demolerla “por su propio bienestar” pues afirma que la falta de respuestas por parte de las autoridades debilitó su salud mental.
El departamento de Zona Marítimo Terrestre no envió ningún tipo de orden de desalojo o demolición, confirmó el encargado de esta dependencia en la municipalidad, Rodrigo Acuña.
Acuña afirma que la demolición está en curso porque Lesman “finalmente se sometió a las directrices de la ley”. Enfatiza, además, que el estadounidense nunca tuvo ningún tipo de permisos constructivos o concesiones en el terreno.
El encargado del departamento ZMT asegura que en los meses pasados la muni tuvo intención de comunicarse con el estadounidense para valorar la situación del rancho. Esto no fue posible, pues Lesman actualmente no vive en el país. Según relata, a inicios de este mes el implicado comunicó que obedecería la ley y él mismo derribaría la infraestructura.
Esto (la demolición) se dio en el contexto de las demoliciones de la ZMT. Al final los representantes del señor hicieron un mea culpa y por su cuenta decidieron derribar la infraestructura ilegal”, aseguró el coordinador.
Con la demolición, Lesman busca frenar el gasto de dinero que dice haber invertido en sus intentos fallidos para regularizar el proyecto.
Desde la primera vez que La Voz de Guanacaste contactó al estadounidense en 2019, él asegura contar con documentos, recibos y transferencias bancarias que prueban que realizó pagos valorados en un millón de dólares para regularizar el rancho ante la municipalidad, pero al cierre de esta nota no había enviado copia de los documentos.
El 4 de noviembre del 2019 el exalcalde de Nicoya, Marco Jiménez, dijo durante una sesión del concejo municipal que desconocía sobre algún tipo de pagos o permisos otorgados a esta persona.
Pese a la destrucción del rancho, la Fiscalía Ambiental de Santa Cruz continúa investigando a Lesman bajo el delito de usurpación de bienes de dominio público. Actualmente el caso está en la fase de recolección de pruebas, según informó el departamento de prensa del Poder Judicial.
Un conflicto de años
La Ley de Zona Marítimo Terrestre (No. 6043) establece que nadie puede construir en los 50 metros públicos de la costa. Sin embargo, en el 2018 Lesman construyó una gran parte de la infraestructura sobre una parcela de su propiedad, ubicada justamente en la zona pública.
En febrero del 2019, La Voz de Guanacaste reveló documentos que demostraban la ilegalidad de la construcción. Desde entonces, este medio tiene copia de expedientes municipales en los que consta que parte del rancho y de la cerca fueron construidos justamente en la zona pública. La investigación también demostró que la obra continuaba pese a tres órdenes de clausura por parte del departamento de control constructivo de la Municipalidad de Nicoya.
Aunque en Garza hay varias parcelas con construcciones que incumplen el límite permitido, muchas de ellas existen desde antes de que se publicara la ley, hace más de 40 años. Según Lesman, él compró la propiedad a finales de los ochenta.
La Muni de Nicoya todavía no tiene un plan regulador para Garza por lo que cualquier construcción en esa zona pública es ilegal. Sin este plan, el gobierno local no puede entregar concesiones, solamente permisos de uso de tierra aunque con este aval el dueño tampoco podría levantar una nueva obra. De hecho, ningún vecino del rancho tiene concesiones ni permiso de hacerle ampliaciones mayores a sus casas.
El municipio no resolvió el problema en los dos años que el rancho permaneció en pie. Pese a que el departamento de construcción clausuró constantemente la obra, la dependencia de Zona Marítimo Terrestre era la única con la potestad de ordenar la destrucción de la obra.
El artículo 13 de la ley de ZMT indica que las autoridades municipales deberán desalojar y demoler edificaciones tan pronto notifiquen a los dueños de las obras construidas ilícitamente sobre los 50 metros de la zona pública o que no cuenten con los permisos necesarios.
En abril del 2019, el departamento de control constructivo de la Municipalidad de Nicoya le recomendó a la alcaldía que clausuraran y demolieran la obra, pero el edificio seguía en pie dos años después.
Acuña afirma que el rancho no pudo ser demolido por la municipalidad ya que esta no logró notificar directamente a Lesman, como lo ordena el Código Penal, mientras estaba fuera del país. Así también lo justificó el departamento legal de la muni en julio del 2019.
En noviembre del 2019 el exalcalde Marco Jiménez dijo en el concejo municipal que había asignado a dos funcionarias de la muni para investigar las irregularidades del caso y presentar un informe.
Concejo sugirió que la muni administre el rancho
El 9 de febrero de este 2021, durante la sesión del concejo municipal, la comisión de Zona Marítimo Terrestre propuso preguntar a la Contraloría de la República si era posible no demoler el rancho y más bien usarlo para que las cooperativas y asociaciones de desarrollo lleguen a vender sus productos a la playa.
Según la sugerencia de la comisión, el rancho sería administrado por la municipalidad y usado por comerciantes locales para aumentar el comercio en la zona.
En este rancho hay una orden para demolición. Es un rancho bonito, que se puede utilizar con pescadores de la zona. (…) Ya que está construido, si lo podemos utilizar y se lo damos a alguna cooperativa o la ADI pues en buena hora, y pues si no se puede pues que proceda la demolición”, afirmó durante la sesión Martín Reyes, presidente del concejo y miembro de la comisión de ZMT.
El regidor Raymer Loáiciga, también parte de la comisión de ZMT, aseguró que para el inicio de la demolición del rancho, el 23 de febrero, la consulta seguía pendiente y que de esta dependía tomar las acciones correspondientes al caso.
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