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Nosara: una de cada tres denuncias ambientales son posibles invasiones a áreas protegidas

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Una casa de habitación obstaculiza el paso por uno de los accesos a Playa Pelada en Nosara. 

La construcción aparentemente está dentro del Área Silvestre Protegida (ASP) Ostional, según lo detectó la Asociación Cívica de Nosara (NCA, por sus siglas en inglés) cuando hizo un monitoreo en la zona. La organización trabaja en comparar ese hallazgo con información de catastro para darle seguimiento al caso.

Las construcciones privadas dentro del ASP están prohibidas según el artículo 39 de la Ley de Biodiversidad.

“Esa casa no se levantó de la noche a la mañana y tomó tiempo para que las personas cerraran el acceso. No debería pasar, pero sucede en Nosara”, contó el director de la NCA, Marco Villegas.

La belleza natural del Refugio de Vida Silvestre Ostional (RNVSO) es parte del encanto del distrito. Pero las construcciones y la falta de vigilancia de la ley son un riesgo constante para su conservación.

Hasta el 8 de octubre de este año, el 18% de todas las denuncias por invasión a áreas protegidas del país durante el 2022 provino de Nosara, según datos del Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (Sitada) del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica (Minae).

Sitada es una plataforma digital del Estado en la que la población, las municipalidades, y las instituciones públicas que se dedican al control y protección ambiental, pueden interponer denuncias ambientales

Durante todo el 2021 y hasta el 8 octubre del 2022, la plataforma recibió 91 denuncias por delitos ambientales provenientes de la comunidad. El 28% denunciaba invasión a áreas silvestres protegidas. La mayoría se deben a construcciones. 

Además, según los datos de Sitada, de todo el cantón de Nicoya, Nosara es el distrito con más denuncias de este tipo en el periodo 2021-2022. 

¿Qué nos dicen estos números? Según el director del Área de Conservación Tempisque (ACT), Nelson Marín, estas denuncias evidencian el crecimiento urbanístico descontrolado en Nosara y la necesidad de más personal en el ACT para vigilar la zona.

“Hay un divorcio entre el desarrollo urbanístico sin control y la conservación del área de conservación, que es uno de los atractivos principales de Nosara”, comentó Marín.

Construcción sin regulación 

El crecimiento urbanístico en Nosara durante los últimos años ha rebasado la posibilidad de las autoridades municipales y ambientales de velar por la sostenibilidad.Foto: César Arroyo Castro

Para el director del ACT, la falta de regulación hace que el desarrollo urbanístico de Nosara crezca a un ritmo desordenado y afecte el ASP. 

“La cantidad de denuncias por invasión al ASP se da porque en Nosara hay una gran demanda de lotes por su gran atractivo turístico y económico. ¿Cómo lo contrarrestamos? Con un plan regulador”, dijo a La Voz. 

Según datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), los metros cuadrados tramitados para construcción (que no necesariamente significa que todos fueron aprobados) en Nosara crecieron un 209% entre el 2020 y el 2022 (contemplando únicamente las cifras entre enero y septiembre de cada año). La mayor cantidad está destinada a nuevas viviendas.

Estas cifras mantienen un aumento desde el 2020 y posicionan a Nosara en el distrito del cantón con más metros cuadrados tramitados en los últimos tres años, seguido por el distrito central de Nicoya.

Aunque las cifras anteriores no son específicas de la zona protegida, la falta de regulación en las construcciones afecta la sostenibilidad de la ASP y la comunidad, según el director de la Asociación Cívica de Nosara, Marco Villegas.

Contar con un plan regulador es urgente. En cuestión de años se multiplicó la cantidad de permisos de construcción (…) Los impactos se ven en el agua y en la playa”, comentó el director de la asociación.

El cantón no cuenta con el plan regulador que menciona Villegas y Marín, pero la muni trabaja desde el 2018 en la construcción y publicación del documento, que busca dejar claras las reglas de construcción en Nicoya. 

Sin embargo, su elaboración puede tardar hasta cuatro años, según calculó el alcalde Carlos Armando Martínez en marzo del 2021.

Mientras tanto, en el 2020 la muni aprobó un reglamento temporal para controlar el crecimiento constructivo en la zona de amortiguamiento del RNVSO.  

Pero en junio del 2021 el Tribunal de Apelaciones del Contencioso Administrativo lo suspendió después de acoger una demanda legal que interpuso la sociedad JBR Capital Ventures contra el reglamento

“El plan es necesario tanto para el RNVSO como para la zona de amortiguamiento (…) Desde hace 20 años hemos estado señalando que es importante ordenar esto. Lamentablemente en este momento no tenemos ni un reglamento vigente”, expresó Villegas.

Además, este mes la Sala IV anuló la ley y el reglamento del refugio

ACT: la demanda rebasa nuestra capacidad

El otro tema que dificulta el control de las invasiones del ASP en Nosara es la escasez de personal del Sinac en la zona, según Marín.

La demanda de atención del Área de Conservación Tempisque rebasa nuestra capacidad de atención”, comentó el director.

El ACT tiene una extensión de 562 kilómetros lineales de costa, entre los cantones de Carrillo y Nandayure. Según Marín, la institución solo cuenta con tres funcionarios encargados del control y protección de todo el cantón de Nicoya.

En la comunidad saben de la falta de recurso humano.

 El ACT no tiene personal suficiente para una tarea eficiente de control y monitoreo”, dijo el director de la asociación cívica. 

Los tres funcionarios no solo se limitan a controlar las construcciones: entre sus tareas también están atender las denuncias de cacería, la captura ilegal de fauna e incluso sacar las culebras que ingresan a las casas.

 En el periodo seco, por ejemplo, el tema de incendios forestales es una locura y esas tres personas tienen que enfocarse en atender esas emergencias”, detalló Marín. 

Al igual que los incendios forestales, la atención de la arribada de tortugas en Ostional deja al resto del ACT sin funcionarios disponibles para controlar el ingreso ilegal a las zonas protegidas. 

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