Como si fuera el final de una novela de suspenso, finalmente se aprobó en segundo debate la corrección a la ley de delitos informáticos, conocida como «ley mordaza».
La presión ciudadana, y especialmente de los medios de comunicación, dio frutos el 22 de abril a las 5.30pm en que 40 diputados le dieron su voto afirmativo en segundo debate.
Aún falta por recibir la firma de Laura Chinchilla, presidente de la República, y ser publicada en La Gaceta, el diario oficial.
Una vez publicada, la población, y los medios, podrá quedarse tranquila por la divulgación de los hasta ahora llamados «secretos políticos», así, sin más explicación, como quedó publicado en la ley anterior y como estaba, además, desde hace sesenta años en el Código Penal.
Ahora, se penaliza con cárcel pero a quien divulgo «secretos de Estado», debidamente definidos así mediante un decreto presidencial.
Y parecía una novela pues la esperada corrección tuvo que pasar unos cuantos obstáculos, incluidos su no convocatoria durante gran parte de las sesiones extraordinarias que maneja el Poder Ejecutivo en la Asamblea Legislativa, así como un texto sustitutivo e infinidad de mociones que pretendían ampliar su objeto, incluso, a la libertad de expresión.
Lo último fue el «olvido» de su publicación puesto que al haberse hecho cambios sustanciales, debe volver a dársele difusión en el diario oficial.
Salvados todos esos entramados, el capítulo final en la Congreso llegó a su fin el lunes 22.
Para el diputado Juan Carlos Mendoza, de Acción Ciudadana, «los ciudadanos, los periodistas, los habitantes, van a poder tener claro que denunciar la corrupción no tiene pena de cárcel ni existe pena a dar a conocer informaciones de interés público», dijo a Elpais.cr, satisfecho de su aprobación definitiva.
Para el legislador queda plasmado, una vez más, que la presión ciudadana surte efecto.
Todos los diputados celebraron este casi último capítulo de la «ley mordaza», excepto los liberacionistas Jorge Rojas y Víctor Hugo Víquez, quienes votaron de forma negativa la enmienda.
Con esta ley «se le está dando oportunidad a la prensa de que siga haciendo escarnio de los funcionarios públicos», dijo Víquez, y además consideró que la corrección no tuvo suficiente discusión.
Con esto queda saldada la deuda que el propio Congreso contrajo al aprobar la ley de delitos informáticos casi un año atrás.
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