De moratoria en moratoria. Así han resuelto los diputados y los últimos tres gobiernos de la República la falta de consenso para crear una ley que reconozca de forma definitiva el derecho de los pobladores que han vivido en la zona marítimo terrestre durante más de diez años.
El proyecto de Ley de Territorios Costeros Comunitarios, conocido como Tecocos, se ha presentado como la posible solución al problema. El proyecto plantea la creación de 64 zonas (territorios costeros) bajo un régimen de protección especial a nivel nacional.
En junio pasado, y a falta de la aprobación del proyecto, el presidente Carlos Alvarado firmó una nueva Ley (N°9.577) para evitar que en los próximos tres años se desalojen personas o se demuelan obras, actividades comerciales o proyectos existentes en las zonas como la marítimo terrestre, la zona fronteriza y las áreas consideradas patrimonio natural del Estado.
Sin ley, los habitantes de estos territorios continúan en un limbo jurídico por no contar con documentación que les permita garantizar su permanencia en esos lugares.
El mandatario aseguró en un comunicado oficial que espera que ese plazo le permita a la Asamblea Legislativa debatir, analizar y promulgar la legislación necesaria para ordenar adecuadamente los territorios. Agregó que la moratoria no aplica en casos en los que un juez o una municipalidad ordene el desalojo cuando se compruebe que existen amenazas al ambiente.
Con la firma del presidente Alvarado, se llegó a la tercera moratoria firmada en los últimos nueve años para que habitantes de zonas costeras no sean desalojados. Sin embargo, quienes no cuentan con concesiones o títulos de propiedad de sus tierras, siguen sin poder vender, construir, ampliar o reparar sus viviendas, por ejemplo.
Edith Castillo, nacida en playa Garza, asegura que la gente de la zona costera está preocupada.
“Aquí está nuestra casa y no queremos que nos alejen de lo que también necesitamos para vivir, como es la playa. No es solo Garza, es Barco Quebrado, Buena Vista y tantas otras comunidades”, dijo Castillo.
Consenso, ¿para qué?
El investigador Dionisio Alfaro en su informe “El Ordenamiento territorial y marino en Costa Rica: pasos a la formalización como política de Estado”, reconoce que durante décadas, generaciones de familias a nivel nacional han habitado en esas zonas especiales (costeras, fronterizas y patrimonio).
Según el documento, muchas de esas familias no cuentan con una concesión del Estado que les otorgue el derecho de vivir en esas zonas, pese a los largos períodos de ocupación y de uso de esos territorios. Como consecuencia, algunas familias han tenido que enfrentarse a procesos de desalojo y al derribo de sus construcciones por parte de instituciones del Estado.
“Eso desencadena una problemática social grave al dejar a estas personas sin su techo habitual y en muchos casos sin acceso a la actividad productiva que les da el sustento diario”, se lee en el informe.
Estas familias, continúa Alfaro, han construido sus hogares y desarrollado actividades productivas como la pesca artesanal, el turismo local, y la agricultura, entre otras.
El proyecto Tecocos estima que, con una eventual entrada en vigencia, poco más de 60.000 personas llegarían a tener derecho de habitar en las zonas marítimo terrestres del país.
Para aprobar ese proyecto, debe existir consenso político entre los diputados de la Asamblea Legislativa. Algo que todavía no ha sucedido.
Aida María Montiel, diputada por Guanacaste del Partido Liberación Nacional (PLN), aseguró que la Asamblea trabajará en una solución definitiva para el problema, pero que no augura un camino fácil para eso.
“El presidente firmó la moratoria y ya a todo mundo se le está olvidando que tenemos que discutir el tema”, dijo la diputada.
Agregó, además, que llegar a un acuerdo no será para nada fácil y que los diputados de las provincias costeras tendrán que reunirse para llegar a una solución.
Para José María Villalta, diputado del partido Frente Amplio, el proyecto de territorios costeros (Tecocos) debe de ser reactivado y considera que sí hay voluntad política para lograrlo en este periodo legislativo.
“Estamos en una Asamblea Legislativa distinta y con una composición diferente. Podemos llegar a tener un buen ambiente”, comentó el legislador.
Villalta espera, además, que la moratoria firmada por el presidente Alvarado sea la última que un gobierno tenga que firmar.
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