Hacinamiento, falta de pasa manos en escaleras, carencia de baños e incumplimientos con la Ley 7600 (accesos a discapacitados) son algunos de los motivos por los cuales el Ministerio de Salud podría clausurar los edificios Municipales, como el de la Alcaldía y el del Hotel Marino en donde se encuentra la plataforma de servicios al público.
Así lo señaló este martes 4 de agosto, la directora administrativa de la Municipalidad de Santa Cruz, Alexandra Gutiérrez, durante de la sesión ordinaria del Concejo Municipal. La directora afirmó que el Ministerio ya emitió la orden sanitaria para cumplir con los requisitos.
Otras de las condiciones que exige la entidad es la reparación de aires acondicionales en mal estado, rotulación de salidas de emergencia e implementación de ascensor, entre otros.
En febrero de este año, Salud clausuró un edificio municipal, ubicado en Buenos Aires, por no contar con los estándares requeridos y presentar hacinamiento entre los trabajadores.
«Otra vez nos van a cerrar el edificio municipal por no cumplir con el Ministerio de Salud. Es increíble que ya han pasado más de dos años del terremoto y todavía no hay una propuesta de construcción para el Palacio Municipal», dijo Gutiérrez.
Aumento salarial
La directora llegó al concejo acompañada de otro grupo de empleados, quienes llegaron a exigir un aumento salarial y a denunciar irregularidades en la institución.
De acuerdo con Griselda García, de la oficina de la Mujer, la Municipalidad debe aumentar las tarifas salariales, ya que la entidad se ubica en el grupo de municipalidades más grande del país, por lo que los salarios deben ser calculados diferentes.
«Solicitamos el reajuste de los aumentos de ley y percentil correspondiente a la escala de una municipalidad grande. Según la escala de Unión de Gobiernos locales, el percentil correspondiente es de 65», dijo García.
García agregó que la Municipalidad siempre alega crisis financiera, pero denunció algunos gastos excesivos en la compra de equipo y otras necesidades municipales.
La empleada manifestó que la municipalidad gastó ¢45 millones en llantas para la flotilla municipal y resultaron de mala calidad. En el 2014 se invirtieron más de ¢12 millones en uniformes inservibles.
«Los uniformes municipales no han sido entregados hasta la fecha. Según está contemplado en la Convención Colectiva de trabajo en el artículo 37, la entrega debe ser en el mes de mayo. Además últimamente no reúnen las condiciones idóneas de calidad, según las necesidades departamentales», añadió.
García también resaltó que la municipalidad gastó más de tres millones de colones en la compra de contenedores de madera para la separación de material en el Parque Bernabela Ramos, a un precio unitario de ¢554.162 y según un estudio de Merado consultado por la ANEP, el precio de estos basureros ronda los ¢200.000.
Ante los señalamientos de los funcionarios, los regidores acordaron nombrar una comisión de empleados y de integrantes del Concejo, para hacer una propuesta de ajuste salarial.
Con respecto al posible cierre de los edificios municipales, se explicó que existe una comisión responsable de darle seguimiento al proyecto de la construcción del nuevo edificio municipal.
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