La información con la que trabajan los funcionarios públicos es por definición de acceso público: cualquier documento, archivo de excel, expediente o memorándum interno debe entregarse sin ningún tipo de barrera al ciudadano que lo solicite, sin importar el fin para el cual la necesite.
¿Por qué entonces los funcionarios, los alcaldes y los jerarcas de las instituciones se creen dueñas de estos documentos? Ojalá la respuesta fuese una mezcla entre la ignorancia y la falta de educación en el tema, aunque el olfato periodístico dictaría que quien se encierra entre cuatro paredes es porque algo esconde.
El derecho de acceso a la información pública no se lo inventó un periodista enojado con la municipalidad ni tampoco un político para vengarse del alcalde. Es una garantía que nos da la Constitución Política a los ciudadanos, en sus artículos 27 y 30.
¿Para que le sirve a usted? Para saber, por ejemplo, por qué no han arreglado la calle llena de huecos frente a la que vive usted o un familiar pero sí la que llega hasta la casa de la familia de un funcionario de alto nivel. O para pedirle cuentas a los regidores, a los que les pagamos sus remuneraciones con nuestros impuestos, en qué han estado invirtiendo su tiempo en las últimas sesiones.
Las excepciones a esta regla son pocas. Un municipio solo puede negarse a entregar información con una justificación que esté contemplada en la ley. Por ejemplo, los secretos de Estado, la información sensible relacionada con las personas (su identidad sexual, su religión) o datos que puedan perjudicar a una empresa frente a sus competidores.
Sin embargo, todos los días, los funcionarios le ponen mil barreras a los ciudadanos para acceder a esos derechos. Algunas veces, alegan que toda transferencia de información debe ser aprobada primero por el jerarca de la institución; otras, rechazan la petición diciendo que la información es “muy sensible” para la institución.
La Sala Constitucional ha fallado cientos de veces en contra de las instituciones que le niegan información a los ciudadanos, obligándolas a pagarle daños y perjuicios a quienes solicitaron la información desde un principio. Termina perdiendo todo el pueblo.
Es urgente que el Gobierno central, como parte de su política de gobierno abierto, capacite a las instituciones regionales en su función de transparencia. Los casos de corrupción también suceden en las escalas más pequeñas, en los pueblos más pobres y con menos acceso a la información pública. ¿Es ese el país que queremos?
Desde La Voz de Guanacaste luchamos diariamente por mejorar la transparencia de funcionarios e instituciones con la solicitud constante de información pública. Encuentre aquí una guía para solicitar esta información.
Comentarios