En el 2018 las denuncias por tala ilegal ante el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) se duplicaron en la provincia en comparación con el 2015. Este rubro corresponde a la mitad de todas las denuncias que interponen los vecinos de las comunidades de Guanacaste por delitos ambientales.
Es una tendencia lamentable que hemos observado también en La Voz de Guanacaste. Varias de las denuncias que llegan a nuestro correo traen fotografías de troncos a la orilla de una carretera talados por vecinos y hasta por municipalidades sin los permisos del Estado.
Algunos hoteles también tienen la pésima costumbre de derribar los árboles que quedan frente al mar para que sus visitantes puedan tener una vista completa del océano sin ningún tipo de “interferencia”.
Los vecinos y turistas nos escriben preocupados porque saben que talar un árbol significa una casa menos para monos, aves y reptiles. Pero no es solo eso. Los especialistas nos han explicado que perder un árbol es perder todas las relaciones que se generan a partir de él y que la especie se irá debilitando conforme menos ejemplares existan, por lo que irá perdiendo robustez y fertilidad con el tiempo. Por ende, también se reducirá su valor económico.
Guanacaste tiene un agravante adicional: su alta vulnerabilidad ante los fenómenos climáticos, la sequía y los incendios forestales. En el peor escenario, el Programa Estado de la Nación ha indicado que la temperatura de la provincia podría llegar a aumentar 4,5° centígrados a mitad de este siglo. ¿Se imagina un calor así sin árboles para refugiarse? Y esta pregunta es solamente una simpleza en comparación con todo lo que implica la tala ilegal.
Talar el bosque pone en peligro nuestra estabilidad económica, pues de él dependen una serie de bienes y servicios como el abastecimiento de agua, la protección contra la erosión, el hábitat para la fauna acuática y terrestre y hasta son fuente el empleo en la comercialización legal de la madera. Este reportaje nos muestra un panorama crítico, pues en el tráfico de tucas también se sospecha que se cuela droga.
La mitad de las denuncias ambientales de la provincia son por tala ilegal
El último informe del Estado de la Nación también hace una crítica puntual al Gobierno: “las instituciones ambientales que tienen tareas de control y regulación son las más débiles en financiamiento y autonomía, mientras que las más fuertes son las que manejan recursos naturales para proveer servicios públicos o apoyar el crecimiento económico”.
En otras palabras, estamos gastando muy rápido lo que más nos va a costar renovar y no estamos invirtiendo lo suficiente en cuidarlo para el futuro. Guanacaste, por desgracia, va a sufrir las consecuencias más graves de ese descuido si continuamos por el mismo camino.
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