¿Educación para todos?: niños con discapacidad en zona rural luchan por el derecho a educarse

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Son pasadas las nueve de la mañana y el sol de Nosara ya pica en la finca conocida como El Capulín. A lo lejos, Maricela Martínez viene caminando con su hijo Feison de seis años en brazos. Al niño le falta poco más de medio metro para que sus pies rocen el suelo. Pesa unos 25 kilos.

Él no puede caminar porque fue diagnosticado con parálisis cerebral al nacer. Otras 35.647 personas en la provincia viven, como él, con al menos una discapacidad.

Cuando no anda en brazos, Feison usa su silla de ruedas especial. Él intenta manejarla, pero la mayoría del tiempo es Maricela quien lo conduce por las calles empedradas del distrito. Afortunadamente no vive lejos de la escuela de Santa Marta, donde está estudiando.

Sin embargo en Nosara, como en tantos otros distritos y comunidades alejadas de los centros urbanos en Guanacaste, la educación para niños con discapacidad está lejos de ser ese derecho garantizado por el Estado.

Y no porque los centros educativos les nieguen un espacio, sino porque llegar hasta ellos, al menos a los que brindan una educación más especializada e integral, es el primer obstáculo a sortear, seguido de una pobreza lapidante.

Una sola clase

Hace dos años que Feison asiste a clases particulares en la escuela de Santa Marta, y desde entonces, la mayor parte del tiempo “solo lo ponen a hacer dibujos”, dice Maricela.

Sus lecciones no superan las tres horas en la mayoría de las ocasiones. La hermana de Feison, Yensy, de nueve años, por ejemplo, asiste un mínimo de cinco y regresa a casa con tareas y cuadernos cargados de materia.

La directora del centro educativo, Geishi Jiménez explica que hacen todo lo que pueden con los recursos económicos y humanos que tienen.

“Feison comparte el aula con otros 20 niños que ya están aprendiendo a leer. Él está a otro nivel. Es difícil para nosotros. Las mamás de los niños especiales deben entender que son niños especiales y no pueden ir al ritmo de los demás”, comenta Jiménez.   

Según Maricela, para que Feison reciba una mejor educación lo tendría que llevar hasta el distrito central de Nicoya, a unos 45 km de distancia de su casa. Ahí sí recibiría más lecciones “de las buenas”.

Justamente, la escuela Leonidas Briceño de Nicoya es la única de las que disponen los cantones de Hojancha, Nandayure y Nicoya con un aula de preescolar de educación especial. Y esa, según la madre de Feison, es la educación que él necesita.

El propio Ministerio de Educación Pública (MEP) admite que un 85% de estudiantes con discapacidad de entre cuatro y seis años -y 63% menores de cuatro- están en riesgo de desaprovechar esta etapa de la infancia, en la que el sistema nervioso tiene más posibilidades de compensar las alteraciones en el organismo y en su movilidad.

Actualmente, el aula de la Leonidas Briceño atiende a 32 estudiantes de los tres cantones en ese espacio.

Será hasta dentro de dos años, cuando cumpla ocho, que los doctores le dirán a Feison Martínez si va a poder caminar. Al nacer, fue diagnosticado con parálisis cerebral y una vez al mes su madre Maricela Martínez lo lleva a San José para “ponerle unas inyecciones en los músculos” que le ayuden a alcanzar esa meta. Es uno de cinco hermanos, pero Maricela asegura que es él el que le consume más su atención. Para sus estudios y por su limitada motora fina y gruesa, en la escuela de Santa Marta en Nosara, el MEP le asignó a Feison el uso de una tablet, una que solo puede utilizar dentro del aula y que obliga a su familia a comprar otra para la práctica en casa. ¿Cuándo podrán adquirirla? Hasta que alguna otra necesidad pueda esperar. Por el momento, usa el teléfono celular de Maricela para ayudarse con sus labores, aunque la mayoría del tiempo un juego le roba la atención.

Todo lo que canta lo termina con un “amén”. Las canciones las aprende en la iglesia, los domingos, mientras acompaña a su mamá. Kahory Matarrita tiene siete años y fue diagnosticada con Síndrome de Down al nacer. Está en primer grado y recibe terapia de lenguaje en la Escuela Serapio López en Nosara únicamente una vez a la semana. El resto de los días asiste a las aulas regulares con los demás niños. Su madre Lorena Ruiz considera que la educación que ahí recibe no es la mejor, pues las hojas de sus cuadernos llegan en blanco, sin tareas, sin dibujos, sin rayones que evidencien una jornada provechosa. Antes viajaba a la escuela de Nicoya para que Kahory estudiara, porque ahí recibía “clases de verdad”, pero el costo económico era tan alto que tuvieron que dejar de ir. Para compensar, Selena, su hermana de 11 años, trata de contribuir. Repasan el abecedario y hacen asocies. Lo disfrutan, se ayudan. Y Lorena las mira “embobada”, con un amor que contagia.

Cuando Franco Vargas tenía dos años y medio dejó de responder cuando lo llamaban y dejó de mirar a la gente a la cara. Franco fue diagnosticado con Asperger, un trastorno del desarrollo en el espectro del autismo. Su madre, Susana Rivera, dice que poca gente en la comunidad conoce la condición de él y debe dar explicaciones constantemente. Hoy, con cuatro años, Franco asiste a un salón materno regular en la Escuela Serapio López, pero necesita atención individual para completar cada tarea. Por eso, Rivera valora empezar a llevarlo a la Leonidas Briceño en Nicoya y optar por una mejor educación. Susana dice que tener a su único hijo Franco es como tener cinco hijos en uno. Él corre alrededor del patio en su casa en Nosara. Sube los árboles, baja. Sigue corriendo. Colecciona dinosaurios y su camisa favorita tiene uno al lado derecho. Susana celebra pequeñas victorias: como ver jugar a Franco en un partido de fútbol con sus compañeros de clase, incluso, cuando Franco ignora la pelota.

Es tímida. Al principio se refugia detrás de su madre pero minutos después llegan los abrazos. Ana Victoria López tiene edad (nueve años) para estar en tercer grado, pero cursa primero. Varios problemas de salud, a causa de su diagnóstico con síndrome de Down, retrasaron su ingreso a las aulas. La educación de Ana Victoria está dividida entre tres partes: recibe fisioterapia en la escuela Leonidas Briceño en Nicoya cada quince días, terapia de lenguaje una vez a la semana en la Serapio López en Nosara, y el resto de la semana escolar asiste a la Escuela Santa Marta, también en Nosara, donde otros 30 estudiantes le acompañan en el mismo salón. Según su madre, Victoria López Barrantes, es así, de un lado para otro, que su hija recibe la educación que necesita, aunque considera que todavía puede mejorar. Por parte de la CCSS, Victoria recibe una pensión para Ana Victoria, unos ¢78.000 que le costó tres años de trámites y papeleos obtener.

Un solo centro

Si de atenciones especializadas se trata, la provincia solo cuenta con un centro de enseñanza especial ubicado en Liberia, aunque en el país existen otros 23.

El ministerio los define como espacios exclusivos para la atención de personas de los 0 a los 21 años que, por su condición de discapacidad, requieren de servicios más intensos (como terapia física o terapia ocupacional) que no ofrecen los centros educativos convencionales.

El quinto Informe del Estado de la Educación (del 2015) critica cómo algunos estudiantes deben viajar largas distancias para recibir los servicios que se brindan en esos centros de enseñanza, lo que desfavorece la atención y el desarrollo de los más pequeños.

Además, el documento señala cómo las provincias fuera de la Gran Área Metropolitana carecen de centros especializados para la atención de niños con discapacidades específicas, como la ceguera, por ejemplo.

“La GAM es la única en el país que cuenta con instituciones especializadas en la atención de un tipo de discapacidad específico, por ejemplo el Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell, que incluye tres departamentos: Retardo Mental, Deficiencias Visuales y Audición y Lenguaje”, cita el informe.

Desde el ministerio, aseguran que esa cantidad limitada de centros se compensa con la atención que reciben los estudiantes a través de aulas integradas. También con la visita de docentes de educación especial “itinerantes”, que se movilizan por diferentes escuelas para atender a niños con discapacidad pero dentro de las aulas regulares.

Sin embargo, en el caso de la escuela de Santa Marta, su directora asegura que este apoyo solo llega una vez a la semana, cada viernes. Y que eso no es suficiente.

“Yo voy a solicitar que nos asignen un profesor de educación especial fijo para la escuela a partir del otro año. Uno que nos sirva de apoyo para los niños de lunes a viernes”, dice Jiménez.

Por la inclusión total

Para el MEP, la discusión ya no es si el niño o niña recibe educación en un centro o espacio especializado, sino que el país tiene que volcarse a incluirlos dentro de las aulas regulares. Así lo recomienda la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

De hecho, en marzo del 2018 el Gobierno firmó un decreto que exige a las instituciones integrar a los niños y jóvenes con alguna discapacidad con el resto de los niños.

Como resultado, el ministerio debe transformar paulatinamente (en un plazo máximo de 10 años) las aulas integradas de discapacidad intelectual en servicios de apoyo educativo. Es decir, ya no serán  las aulas a las que asisten exclusivamente estudiantes con dificultades de aprendizaje por discapacidad sino una ayuda adicional a la educación regular de estos niños.

Esta nueva regla no convence a todo el mundo.

“Yo siento que las maestras no saben qué hacer con él en el aula que comparte con los otros niños”, dice, por ejemplo, la madre de Feison.

Los directores de las mismas instituciones, como Jiménez, alegan que apenas están aprendiendo cómo eliminar las brechas que hay entre los niños con discapacidad y los que asisten a aulas regulares.

Jiménez explica que tiene falta de personal y que el sistema es rígido y no avanza al mismo ritmo que las necesidades de la población educativa.

«A nosotros nos deberían [el MEP] formar mejor. Nos dan la responsabilidad de atender todo tipo de niño y no tenemos cómo. Si aquí se me matricula un niño con ceguera yo no le puedo negar la educación, pero cómo hago”, argumenta.

La misma jefa del departamento de educación especial del MEP, Gilda Aguilar, reconoce que hay poca apertura para cambiar el sistema.

“Si una habla con las familias con algún niño con discapacidad, consideran que esa inclusión no es beneficiosa. Que los niños requieren más atención, y que al incluirlos al resto eso no sucede”, sostiene, pero también agrega: “La experiencia ha venido diciendo que cuando los espacios son menos restringidos, se potencian estos niños muchísimo más. Es un mito de que se van a atender menos. Los niños tienen que socializar porque el mundo es así. Los menores necesitan de independencia y autodeterminación”.

Los niños que viven con alguna discapacidad en la provincia tienen dificultades para acceder a una educación satisfactoria, según sus madres y sus propias maestras. En la fotografía, Selena le ayuda a su hermana Kahory con sus deberes en la escuela.Foto: César Arroyo

Ayuda a cuentagotas

Llegar al único centro de atención especial, a la única aula de preescolar especial o a simplemente a la escuela más cercana representa para algunas de las familias con algún niño con discapacidad un peso económico distinto.

Maricela cuenta que antes llevaba a Feison a Nicoya para que recibiera la “educación que él necesita”, pero el viaje no solo era demoledor para el niño, y para ella, que tenía que llevarlo en andas durante todo el camino, sino también para su bolsillo, así que tuvo que desistir.

“Se me iban unos ¢8.000 por viaje en los pasajes de ambos. Ahora multiplique eso por tres días que me recomendaban llevarlo. Yo no puedo pagar eso. Yo no trabajo y con los trabajos que hace mi pareja apenas nos dan para cubrir otras necesidades”, agrega.

Según datos del Censo 2011, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la pobreza sigue siendo un rasgo estrechamente vinculado con la discapacidad. A nivel nacional, un 31,5% de las personas con al menos una discapacidad se encuentra en condición de pobreza.

Tanto el MEP como el Estado se han preocupado, desde el papel, por combatir esta problemática. Dentro de los programas de equidad que maneja el MEP se encuentran los comedores escolares, transporte estudiantil, las becas estudiantiles del Fondo Nacional de Becas (Fonabe) y los subsidios de Avancemos.

Sin embargo las ayudas se disipan entre las familias que no saben que tienen este derecho y quienes lo reciben sin necesitarlo.

El informe del Estado de la Educación 2015 selaña que en un programa como el de transporte, para el año 2014, por ejemplo, los recursos se habían incrementado en un 150%, mientras los beneficiarios del programa solo lo habían hecho en un 57%.

Por otro lado, el director de la Leonidas Briceño, Warner Matarrita, dijo que las becas sí tardan en llegar, pero que finalmente llegan.

“En la Leonidas Briceño nosotros tenemos 43 estudiantes con discapacidad que les gestionamos becas de transporte.  Le damos dinero al padre de familia y el padre busca la mejor opción. El monto es variable, pueden llegar a ser unos ¢50.200 por mes. Depende de la distancia”, comenta el director del centro educativo.

Maricela cuenta que Feison no recibe ninguna beca del gobierno. Lucharon por una beca de transporte y se la rechazaron. Ahora están en trámites de obtener una ayuda de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), a la que Feison tiene derecho por su discapacidad.

Pero al final, el tema es cosa de grandes. Los niños no saben de números o de cantidad de centros educativos o de cuántas maestras van o vienen. Ellos ya hasta practican la inclusión, sin quizás saberlo, que el MEP tanto quiere.

Feison tiene un columpio especial en el parque de la escuela. Uno que le permite balancearse en su silla especial al igual que el resto. Uno al que llega empujado, la mayor parte del tiempo, por sus propios compañeros de clase.