Regional, Medio Ambiente

Estado podría demandar a Muni de Santa Cruz si no elimina camino en playa Conchal para evitar paso de vehículos

La discusión sobre la ruta que une a playa Brasilito con Conchal suma un nuevo capítulo: la Procuraduría General de la República podría demandar a la municipalidad de Santa Cruz si no elimina esa parte del camino del inventario vial municipal, de manera que nunca más puedan transitar por ahí los vehículos automotores. 

Para los santacruceños, hablar de este tema no es fácil. No solo toca el orgullo de los pobladores sino que también caldea los ánimos del Concejo Municipal. Así sucedió en la sesión del concejo del martes 4 de diciembre, cuando la Procuraduría se presentó ante los regidores para explicarles qué está pasando con ese camino. 

El caso es bastante largo, pero acá está el contexto: en el 2017, el hotel Reserva Conchal demandó a la Municipalidad de Santa Cruz y al Estado (el Sistema Nacional de Áreas de Conservación -SINAC-, la Procuraduría General de la República y el Instituto Costarricense de Turismo)  por el daño ambiental que la circulación de vehículos automotores (carros, cuadraciclos, entre otros) produjo en Conchal, la playa que queda justo al frente del hotel.  La demanda abrió un proceso judicial que todavía se mantiene.

Cinco meses antes de la demanda, el SINAC ya había alertado que existía un daño. En su evaluación de mayo del 2017, demostró la existencia de “impactos ambientales de importancia severa y hasta crítica”, no solo debido al tránsito vehicular sino también al  uso turístico desordenado (ventas ambulantes, por ejemplo).

Ya en marzo de este año, el Tribunal Contencioso Administrativo ordenó una medida cautelar “provisionalísima” que obliga al gobierno local a impedir el acceso y estacionamiento de vehículos en la playa. Las medidas provisionalísimas las ordena un juez antes de que termine el proceso judicial cuando se deben tomar precauciones urgentes.  

Hasta hoy, ese impedimento del paso vehicular se mantiene y es lo que más le incomoda a la población y al mismo Concejo. “Lo legal no necesariamente es lo justo”, dijo el síndico Warner Rodríguez, en la sesión de Concejo de Gobierno.

En la audiencia con los regidores, realizada el 4 de diciembre de este año, la Procuraduría les explicó cómo podrían salir mejor librados todos los actores de la demanda.

La posición de la Procuraduría es contundente: el tramo del camino que une Playa Brasilito con Playa Conchal debe ser eliminado del inventario vial, pues atraviesa la zona pública de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) y un territorio considerado Patrimonio Natural del Estado. Eso es prohibido según el artículo 133 de la Ley General de Tránsito.

Actualizar el camino es una forma de llegar a un acuerdo para ponerle fin al proceso judicial e impedir la circulación de vehículos automotores.

La idea es que podamos —la municipalidad y el Estado— llegar a un acuerdo. Si esto no sucede, ambos vamos a tener que seguir con un proceso judicial que a la larga representará costos muy elevados, tanto económicos como procesales”, explicó  la Procuradora Yannia Salas.

De no cumplir con esta petición, la Procuraduría demandaría a la municipalidad. Es decir, se abriría un nuevo proceso donde municipalidad y Estado ya no estarían en el mismo bando.

Iván Ramírez, vicealcalde, lo explicó así: “La Procuraduría lo que plantea es una solución para no darle largas a la demanda que ya existe. También nos viene a indicar que, si no llegamos a un acuerdo con el Estado, tarde o temprano la Procuraduría va a tener que demandar a la municipalidad por tener un camino en zona pública. Una demanda más.”

Discusión caliente

La sesión del martes destinó casi dos horas de discusión al tema del camino. Aunque no han planteado decisiones concretas, el Concejo tomó el acuerdo de crear una comisión para valorar los alcances de las leyes y las competencias municipales y plantear una solución, aunque no especificaron una fecha para publicarla. 

Mientras tanto los síndicos, regidores y la propia alcaldesa María Rosa López, se siguen preguntando cómo eliminarán parte de un camino que ha estado en el inventario vial de la municipalidad por “años”, aún después de que la Procuraduría lo explicara. 

“Ese camino existe hace tanto tiempo… En la hoja cartográfica aparece como camino público. Los vecinos se han sentido agredidos y quieren defenderlo. No crean que no queremos acatar la Ley, pero es muy difícil”, dijo María Rosa López, alcaldesa de la municipalidad.

El abogado municipal, Marcos Gutiérrez, dudó de la veracidad de la información que les dio  la procuradora en la sesión del concejo y aseguró que la medida que prohíbe el paso de vehículos ya no está vigente. La Procuraduría asegura que sí lo está.   

Gutiérrez manifestó su malestar cuando interrumpió en varias ocasiones a la procuradora.  “No nos venga a confundir”, le gritó el abogado municipal a la procuradora en una de las interrupciones. 

Su argumento es que el camino está debidamente inscrito en el inventario vial del municipio y por ende, debería estar habilitado para que los vacacionistas puedan atravesar la playa con vehículos automotores, aunque es consciente de que este tipo de tránsito ocasiona daños al ambiente.

Otros regidores también cuestionaron las labores del SINAC y del Estado, aunque no ofrecieron pruebas para constatar que sus alegatos tuvieran sustento. El regidor suplente Miguel Hernández, por ejemplo, dijo que  “una compañía construyó en un manglar y el Estado no hizo nada”, haciendo alusión a Reserva Conchal.

La  asesora jurídica del SINAC, Hazel Hernández, le recordó al regidor que “esa empresa” se encuentra en terreno privado y que desconoce antecedentes sobre una posible destrucción del manglar. Sin embargo, lo invitó a realizar una denuncia ambiental si lo consideraba pertinente.

Por el momento, la demanda presentada por Reserva Conchal continúa, el daño ambiental está demostrado y Estado y Municipalidad deberán encontrar las vías para que el proceso judicial no continúe.

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