La alcaldesa de Santa Cruz María Rosa López y el alcalde de Nicoya Marco Antonio Jiménez contrataron al exmagistrado Celso Gamboa como defensor de varios de sus casos por supuestos delitos que figuran en la Ley contra la corrupción.
Gamboa fue el primer magistrado de Costa Rica destituido por presunto tráfico de influencias, delito por el cual la Fiscalía lo acusó formalmente el 25 de enero del 2019. El ahora exmagistrado es reconocido por su relación con el famoso caso del Cementazo*.
El abogado de 42 años confirmó que defiende a López en un caso en que la Fiscalía la investiga por supuestos nombramientos ilegales a 16 funcionarios de la municipalidad. Aunque el Ministerio Público solicitó que la suspendieran de su cargo mientras se le investigaba, el Juzgado Penal de Hacienda rechazó interponer esta medida cautelar.
Sin embargo, sí le interpuso un impedimento de salida del país a López y otro de amenazar o coaccionar a sus testigos, aseguró el fiscal Luis Martínez, de la Fiscalía Adjunta de Probidad y Anticorrupción de Santa Cruz . Según Gamboa, ella se acogió voluntariamente a las medidas cautelares.
López explicó que contrató al exmagistrado “hace unos meses” porque para ella él es un excelente profesional.
“De todos es conocido que Celso Gamboa es un doctor en derecho penal. Sus situaciones personales yo no las voy a comentar”, indicó la alcaldesa de Santa Cruz vía telefónica a este medio.
Gamboa corroboró que también defiende al alcalde suspendido Marco Antonio Jiménez en un caso de supuesta legislación en provecho propio por haber contratado a una cuñada y a un tío suyo en el municipio. La fiscalía solicitó elevar esta y otras causas a juicio en junio del año pasado.
Enriquecimiento ilícito
La Fiscalía Adjunta de Probidad y Anticorrupción de Santa Cruz indicó que Gamboa también defiende a la alcaldesa López en un caso de enriquecimiento ilícito y legislación en provecho propio, en el que supuestamente cobró ¢84 millones por concepto de prohibición, un plus al cual no tenía derecho.
Sin embargo, el exmagistrado negó que él o su bufete estuvieran involucrados en la defensa de este caso específico.
De acuerdo con la Ley, solo pueden recibir el pago de prohibición aquellos funcionarios graduados de profesiones liberales y colegiados. La normativa define a los profesiones liberales como aquellas que se desarrollan en el “mercado de servicios”. Durante ese tiempo, la alcaldesa solo contaba con el título de educación, que por ley no está definida como una profesión liberal.
El delito de legislación en provecho propio se le atribuye porque la alcaldesa vetó un acuerdo del Concejo Municipal en el que los regidores determinaron contratar a un abogado externo para elevar el caso de López al Contencioso Administrativo. Era necesario llevarlo a ese tribunal para que les permitieran dejar de pagarle la prohibición, pues no era una acción administrativa ordinaria.
La alcaldesa explicó que ella vetó ese acuerdo para no contratar un abogado externo sino llevar el proceso con el departamento interno de la muni. Sin embargo, según el fiscal Luis Martínez, los alcaldes no pueden vetar acuerdos que los beneficien o perjudiquen directamente. «Así lo estipula el Código Municipal», explicó.
Por este caso la fiscalía la acusó hoy formalmente. Es decir, corroboró que ya tiene todas las pruebas necesarias para elevar el caso a juicio. Ahora tanto la Procuraduría General de la República como la Municipalidad de Santa Cruz tienen 13 días para presentar una querella o una acción civil resarcitoria en las que podrían alegar daños morales y económicos. Estas acciones se sumarían a la causa de la Fiscalía.
Martínez explicó que la municipalidad es la víctima más directa del supuesto delito cometido por la alcaldesa, pues es la que “perdió” esos ¢84 millones.
Agregó que el Ministerio Público podría pedir de tres a seis años de cárcel para María Rosa López por el enriquecimiento ilícito y de uno a ocho años por la legislación en provecho propio.
Vía telefónica, López afirmó con evidente tranquilidad en la voz que ella esperará a que sea un juez el que tome la decisión sobre su caso.
*Nota de la editora: Esta nota fue ligeramente modificada 12 horas después de su publicación para que la redacción fuera más clara. El caso por el cual la fiscalía acusó a Celso Gamboa no está relacionado con el Cementazo sino con un supuesto tráfico de influencias relacionado con el alcalde de San José Johnny Araya y la exfiscala Berenice Smith.
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