Las elecciones presidenciales de Nicaragua el pasado 7 de noviembre marcaron una nueva etapa en la crisis sociopolítica que gobierna ese país desde hace más de tres años. Daniel Ortega logró aferrarse al Ejecutivo por cuarta vez consecutiva desde el 2007 en un proceso electoral cuestionado, marcado por la destitución de partidos políticos, encarcelamientos a precandidatos y la persecución sistemática a periodistas, activistas y miembros de la sociedad civil.
Según información del Consejo Supremo Electoral (CSE), el país registró una participación del 65% de la población viviendo en el territorio nacional (Nicaragua no acepta votos de ciudadanos radicados en el extranjero). La institución declaró a Daniel Ortega y Rosario Murillo como ganadores con el 76% de esos votos.
Sin embargo, el observatorio ciudadano Urnas Abiertas registró con delegados independientes que en estos comicios participó menos del 20% de la población votante. Miembros de la sociedad civil denunciaron en redes sociales que líderes comunitarios del partido los forzaron a votar bajo intimidación y amenazas de perder pensiones, trabajo o beneficios estatales como bonos de alimento para familias de bajos ingresos.
Ortega impidió que periodistas y observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA) ingresaran al país a constatar el proceso electoral, como lo hacen el resto de países en el continente. Eso sí, el gobierno acogió al menos a una decena de agrupaciones políticas y comunicadores internacionales que apoyan al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido oficialista. Entre ellos el costarricense Roberto Zelaya, candidato a diputado por el partido Pueblo Unido.
Esa misma noche, el Presidente de Costa Rica Carlos Alvarado desconoció las elecciones en Nicaragua, calificó al gobierno de Ortega y Murillo como “antidemocrático” e hizo un llamado a la comunidad internacional para establecer diálogos que encuentren soluciones para la crisis del pueblo nicaragüense.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró el mismo domingo que el proceso electoral en Nicaragua no cumplió con los estándares mínimos democráticos y por lo tanto no reconocieron los resultados de la elección.
El Estado [de Nicaragua] en el último año emprendió un proceso para eliminar toda competencia real y cualquier capacidad de la oposición política para participar con mínimas garantías en la contienda electoral”, sentenció la Corte por medio de un informe publicado el mismo día de las elecciones.
La Voz de Guanacaste recopiló dudas sobre el proceso electoral en el país vecino. Aquí las respondemos:
1. ¿Por qué hay países que desconocen el proceso electoral en Nicaragua?
Porque según la CIDH Nicaragua no dio ninguna garantía de autonomía electoral que asegure transparencia en el proceso: Ortega manipuló a su favor todos los poderes del Estado por más de una década e hizo inevitable que los resultados siempre salgan a su favor.
Una de las condiciones más vulnerables en el proceso es el encarcelamiento a figuras políticas que manifestaron su interés por la presidencia. En cosa de semanas después de anunciar sus posibles candidaturas, la Policía Nacional los arrestó bajo leyes impuestas por decreto presidencial. Entre ellas la de ciberdelitos o la de agentes extranjeros. Esto inhabilitó a cualquier tipo de competencia real en las papeletas.
Otra condición que nubla la legitimidad de este proceso es la falta de transparencia en acceso a la información que Nicaragua tiene desde el inicio del gobierno de Ortega, la persecución a la prensa independiente y el rechazo a observadores independientes.
Para la CIDH este tipo de estrategias represivas le restan credibilidad a los comicios.
2. ¿Y cómo obtuvo tanto poder?
Hay que retroceder en el tiempo, pues los Ortega Murillo jalan las cuerdas de este escenario desde hace más de una década. Daniel Ortega ejerció su primer mandato presidencial entre 1985 y 1990. Desde entonces ha sido el candidato del FSLN durante todos los comicios presidenciales hasta su segunda victoria en 2006.
A partir de su segundo gobierno Ortega comenzó a colocar estratégicamente a sus aliados en cargos importantes en todos los poderes del Estado, según los reportes de organizaciones como la CIDH e investigaciones periodísticas de Connectas.
Según un informe del Centro Carter, para las elecciones del 2011 Ortega modificó leyes por decreto presidencial para ubicar a magistrados afines a su corriente en el CSE, el ente que vigila los comicios electorales.
Para el 2011, el FSLN salió victorioso en el Ejecutivo y logró colocar a más del 60% de diputaciones oficialistas.
Ningún partido opositor reconoció la derrota y denunciaron más de una centena de anomalías en los centros de votación, sin embargo el CSE afirmó que ninguna de esas quejas eran válidas o reales.
Con el Senado a su favor, en el 2014 Ortega logró modificar la Constitución para habilitar la reelección presidencial indefinida, la posibilidad de elegir al presidente en primera vuelta con mayoría simple (mayoría de votos de las personas que participaron en el proceso electoral y no de todo el universo de votantes en el país) y la promulgación de decretos con fuerza de ley, es decir, sin necesidad de discusión legislativa.
Para el 2016 Ortega logró postular a su esposa Rosario Murillo como candidata a la vicepresidencia sin que ningún opositor con poder político tuviera objeciones. Así, por primera vez en la historia del país, dos miembros de una familia lograron repartirse los puestos del Ejecutivo.
Con estas facultades –que ningún otro poder ejecutivo tiene en la región– tras el estallido de las protestas en el 2018, Ortega y Murillo implementaron más leyes para oprimir las acciones opositoras y arrestar a cualquier persona que representara una amenaza a su gobierno. O como el mismo Ortega afirma, “contra la soberanía de su país”.
3. ¿Entonces quiénes son los candidatos a la presidencia que sí participaron?
En la papeleta figuraban “zancudos”, es decir, partidos que no son realmente de oposición sino que a menudo trabajan de la mano con el oficialismo. A poco menos de un mes para los comicios, ninguno de estos candidatos ocupaba un rol relevante en la política nicaragüense ni en la cobertura mediática del país.
El medio de comunicación Nicaragua Investiga denunció que estos candidatos negociaron con el FSLN para participar en las elecciones y recibir una especie de “reembolso” por los gastos de los comicios electorales.
Walter Espinoza y Mauricio Orúe son diputados de bajo perfil en la Asamblea Legislativa, y aunque se identifican como opositores, constantemente votan a favor de los proyectos del gobierno. Por su parte, Marcelo Montiel es un empresario y niega la existencia de una dictadura en el país, mientras que Gerson Gutiérrez Gasparín se postuló por “una iluminación del Espíritu Santo”. Finalmente, el candidato Guillermo Osorno es un pastor evángelico de las Asambleas de Dios y fue el único que desconoció la victoria de Ortega en estas elecciones.
El 10 de noviembre, tras las declaraciones de Osorno contra el resultado de las elecciones, el gobierno de Ortega canceló las licencias de programación de un canal y una radio emisora propiedad del pastor.
Confidencial, otro medio independiente nicaragüense, expuso que todos los participantes llenaron sus papeletas de diputaciones con nombres de amigos y familiares cercanos a los candidatos y presidentes de partidos.
4. ¿Qué pasa con los candidatos presidenciales que siguen presos en Nicaragua?
Nadie lo sabe. Hasta la fecha la Fiscalía se ha amparado en los decretos presidenciales para arrestar y mantener en prisión al menos a 39 opositores, siete de ellos manifestaron interés en ser candidatos a la presidencia. Además, sus familiares denuncian que según lo que han podido recabar a través de visitas cortas y reportes anónimos, estos presos políticos están siendo sometidos a violencia física y psicológica dentro de las cárceles del país.
El martes 8 de noviembre, durante el discurso de victoria ante sus seguidores, Daniel Ortega habló sobre los presos políticos:
Esos que están presos son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Se los deberían de llevar para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses. Dejaron de ser nicaragüenses hace rato», señaló el mandatario.
En su mensaje luego de los resultados, el Presidente Alvarado exigió la liberación de los presos políticos, algunos encarcelados desde julio de este año.
5. ¿Entonces qué pasará ahora en Nicaragua?
Es imposible predecirlo. Tras el resultado de las elecciones el presidente de Estados Unidos Joe Biden promulgó la ley Renacer. Esto le permite excluir a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio con EE.UU., lo que obligará la salida de múltiples empresas estadounidenses, como call centers y cadenas comerciales.
La ley también suma a Nicaragua a los países centroamericanos del triángulo norte, cuyos funcionarios del Estado están sujetos a restricciones de visa por corrupción. La normativa también le permitirá a Estados Unidos investigar más en las relaciones y financiamientos entre el gobierno ruso y Nicaragua.
El ministro de Exteriores de Costa Rica Rodolfo Solano afirmó que existe la posibilidad de que los resultados de las elecciones desencadenen flujos migratorios más intensos hacia Costa Rica. Sin embargo, todavía no hay datos disponibles que lo confirmen.
Por ahora, Ortega seguirá controlando el país hasta 2027 junto a su esposa Rosario Murillo.
Para esta nota La Voz de Guanacaste utilizó gráficos de la Agencia Regional de Noticias.
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