El domingo 5 de setiembre por la noche una turista nacional vacacionaba en El Coco, en el cantón de Carrillo, cuando escuchó a un extranjero pidiéndole ayuda al mesero de un restaurante para “conseguir chiquitas”.
“Lo que yo hice primero fue tomarle fotos a él por temor de que se fuera enojado y no tener evidencias de quién era”, relató a La Voz Cynthia Castro, empresaria y psicóloga, quien se alarmó ante la posibilidad de que el extranjero explotara sexualmente a niñas. “Pregunté en el restaurante si era un cliente regular, pero me dijeron que no. Les contamos lo que habíamos escuchado y se preocuparon”.
Castro se acercó al hombre y le dijo que había entendido lo que él estaba buscando, que eso era ilegal y que presentaría la denuncia en la delegación. Según el relato de Castro, el extranjero primero intentó insinuar que hubo un malentendido, pero después se molestó y le dijo que se encargara de sus propios asuntos (“mind your own fuck*ng business”).
La persistencia de Castro en denunciar el caso y el accionar de la comunidad lograron que el extranjero partiera incluso antes de lo que tenía previsto.
Alarma interinstitucional
La trata sexual es un delito contemplado en el artículo 172 del Código Penal, que se castiga con prisión de seis a diez años si la víctima es una persona adulta y de ocho a 16 años cuando es una víctima menor de edad. “En ningún caso, el consentimiento otorgado por la víctima eximirá de la responsabilidad penal”, aclara el Código Penal.
Castro denunció ante la delegación policial de El Coco el mismo día que lo encaró, con fotografías del extranjero. Después, también interpuso denuncias ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la empresa que le alquiló el carro al extranjero y al hospedaje —de Airbnb— donde estaba quedándose, todo con ayuda de personas de El Coco.
Una residente de la comunidad indicó en un grupo de Facebook que una vecina también lo acusó ante la delegación porque lo vio ofreciéndole dinero a dos niñas. Otra mujer escribió en el mismo grupo que el extranjero le dio lápices a su hija en Langosta.
Según Castro, la delegación la contactó al día siguiente de su denuncia —es decir, el lunes— para decirle que la noche anterior habían topado al extranjero con trabajadoras sexuales mayores de edad y que le advirtieron sobre la denuncia. La Voz intentó conversar con el jefe policial de la delegación de El Coco, Jeffrey Jiménez, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
Tras la denuncia ante el OIJ, investigadores de Santa Cruz acudieron el martes 7 de setiembre al lugar donde se estaba hospedando, pero ya no se encontraba.
Ante la situación, la abogada y residente de la comunidad de El Coco, Priscilla Solano, logró contactar al administrador del condominio donde se hospedaba el extranjero.
El que administra contacta al dueño de la casa y le dice que quiere que salga de ahí [el condominio] por la situación que se generó. Él de una vez lo llamó y le invitó a que se fuera y el extranjero se fue al día siguiente”, relató Solano.
Según supo la abogada que mantuvo contacto con personas del condominio, el extranjero había rentado el apartamento por Airbnb hasta el 15 de setiembre, pero salió antes.
La empresa Budget Rent a Car, que le alquiló un vehículo, también estaba al tanto del caso y tenía activo el código contra la explotación sexual infantil y adolescente, un proyecto coordinado por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
El gerente de la empresa de alquiler de vehículos, Paulo Vargas, dijo vía correo electrónico a este medio que habían sido notificados de la interposición de la demanda contra un supuesto cliente, “razón por la cual estamos en espera de la resolución de las autoridades judiciales de la denuncia en cuestión a efectos de poder tomar medidas en caso de ser necesario”.
“Coincidimos que los hechos mencionados en la denuncia son graves, sin embargo, no podemos de momento emitir un juicio de valor hasta tanto tengamos conocimiento del alcance de la resolución judicial por respeto a la supuesta víctima”, agregó Vargas.
Para el gerente del ICT, Alberto López, el caso realza la validez y necesidad del código contra la explotación. “Dichosamente habían alrededor personas como Cynthia, que al escucharlo provocó todo lo positivo, como poner la denuncia y que una abogada asesorara al lugar en que estaba hospedado para sacarlo”, dijo.
Quiero creer que esta persona se fue bien avergonzada y no va a volver”, agregó. “Eso no es turismo. Viene motivado por otra cosa y hace turismo, pero no aporta nada al país más que daño moral y un perjuicio terrible”, agregó.
Con el código, los negocios se comprometen con acciones para combatir la explotación sexual infantil, como recibir capacitaciones, colocar mensajes en contra de la explotación sexual, cancelar el hospedaje de una persona o solicitarle que se retire de un restaurante si se enteran de que pueden estar ocurriendo situaciones de explotación. Sobre todo, se comprometen a denunciar cualquier delito o insinuación asociado a la explotación sexual infantil.
La abogada, Priscilla Solano, apuntó a la necesidad de que estas iniciativas trasciendan a las nuevas formas de hacer turismo, por ejemplo, que el código logre extenderse a dueños de sitios de alquiler en la plataforma Airbnb.
A raíz del caso, el ICT empezó a planificar una capacitación para el sector turístico de la costa de Carrillo. “Vamos a tener una presencia con sensibilización en la zona. Procuraré que Priscilla, la abogada, y Cynthia puedan contarle a las personas lo que ellas hicieron y la acción valiente que tomaron al denunciar”, dijo López. “Tenemos que ir a la zona para tener contacto con los empresarios y que sientan que nosotros los apoyamos”.
Solano y Cynthia destacaron la importancia de la acción comunal. “Él adelanta su salida porque sintió el ácido de que la comunidad estaba buscándolo, molesta e incómoda. Cuando nos activamos como comunidad y trabajamos en conjunto con las instituciones podemos prevenir delitos y que ellos corran la voz entre sus pares de que no son bienvenidos en estos sectores”, apuntó.
Castro lo reafirmó en redes sociales.
«Ha sido una experiencia que ha mostrado que denunciar vale la pena y que hay muchas ventajas de que Costa Rica sea un país pequeño y que todo mundo se conozca, porque cuando la gente quiere y le importa tenemos muchísimo poder para detener a personas como él”, dijo.
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Por un turismo involucrado
El código lo coordina actualmente el ICT, pero fue una iniciativa impulsada en Costa Rica por la Fundación Paniamor y mundialmente por ECPAT International —una red global de organizaciones contra la explotación infantil— y la Organización Mundial del Turismo.
“Cuando se hizo el segundo congreso mundial contra la explotación sexual infantil, se hizo el llamado a los países para no solo se centraran en atender a las víctimas sino también para abordar a las personas ofensoras, porque no se estaba haciendo nada con eso”, recuerda la directora de Estrategia e Innovación de Paniamor, Milena Grillo.
“Costa Rica era en esos tiempos identificada como un destino de lo que antes se llamaba como turismo sexual [ahora se le dice directamente explotación sexual infantil]. Empezamos a tocar el tema y al principio los colegas del ICT no expresaron mayor interés porque hubo preocupación de que se afectara la imagen país”, cuenta Grillo.
La organización, en alianza con otros actores turísticos, empezaron a visitar zonas turísticas para explicar la problemática. “Siempre que llegábamos a Guanacaste hablábamos con el sector y ellos decían que eso no existía —recuerda Grillo— pero cuando empezábamos a explicar sí entendían de qué se trataba, porque al principio la gente no lo identifica como realmente es”.
Para Grillo, fue gratificante ver la respuesta que se desencadenó en todo el sector turístico con la denuncia de la empresaria y psicóloga Cynthia Castro. “Tenemos que educar a los extranjeros y advertirles que esto es un delito y que hay una sociedad activa que denuncia si esto ocurre”.
Actualmente, 409 empresas turísticas a nivel nacional están adheridas al código.
Según el último Informe de Trata de Personas en Costa Rica, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el país “son particularmente vulnerables quienes viven en las zonas costeras del Pacífico y cerca de las fronteras norte y sur”. Ilustración: Dunkan Harley
Las costas y su vulnerabilidad
Según el último Informe de Trata de Personas en Costa Rica, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el país “son particularmente vulnerables quienes viven en las zonas costeras del Pacífico y cerca de las fronteras norte y sur”. El documento también señala que los visitantes que cometen estos delitos suelen ser en su mayoría originarios de Estados Unidos y Europa.
El informe, publicado en junio de este 2021, detalla que según datos de la Fiscalía, durante el 2020 emprendieron 103 investigaciones de situaciones de trata, 28 de esos correspondieron a casos de trata sexual infantil.
Grillo, de Paniamor, resalta la necesidad de reconocer que no son solo personas extranjeras las que cometen estos delitos.
Nosotros como costarricenses tenemos una tendencia a pensar que todo lo que nos ocurre, que no es bueno, viene de afuera. Hay desde organizaciones básicas ordinarias de familias, de novios, que comercializan a sus parejas, hasta cosas ya muy organizadas que traen a gente aquí”, explicó.
También recordó la importancia de activar las alertas aún más en contextos como el actual, cuando las familias y las comunidades ven deterioradas sus capacidades económicas y sociales. “Tenemos el riesgo de que emerja la explotación sexual como un camino para generar ingresos. Hay que redoblar la guardia y esta situación es exactamente lo que queremos ver pasar: una ciudadanía ética que observa y hace todo lo que esta persona hizo. Y queremos ver a todas las partes respondiendo”, resaltó.
¿Qué podemos hacer ante sospecha de casos como este?
Uno de los principales puntos que ha advertido en ocasiones anteriores la Coalición Nacional de Trata y Tráfico de Personas (Conatt) y que Grillo destaca es que nadie debe tener completa certeza de qué delito ocurre para denunciar.
“Nosotros no tenemos que tener la certeza. De eso se encarga el OIJ y las autoridades. Vemos y reportamos y a los colegas del Poder Judicial les toca construir la certeza”, dijo.
Y relató un ejemplo de una situación que notaron en un cantón de Guanacaste: “Llegamos a una comunidad e hicimos un mapeo de rutas de trata. Cuando empezamos a hablar era sorprendente la información que manejaba la gente de la comunidad, de salud, de educación. Decían que todos los viernes llegaba una buseta blanca y se llevaba a las niñas y volvían hasta el lunes. Toda la comunidad lo veía y nadie hacía nada”, lamentó.
Por eso, insiste en la corresponsabilidad de que todas y todos protejamos a la niñez y a la adolescencia. “Debemos tener un ojo bien intencionado que tiene claro que la responsabilidad del cuidado de las niñas, niños y adolescentes es compartida. La familia claro que es la primera que debe proteger, pero el Estado y todos y todas debemos hacerlo también”.
Algunas acciones para combatir la explotación sexual infantil son:
- Los negocios pueden adherirse al código contra la explotación sexual infantil coordinado por el ICT.
- Ciudadanos y ciudadanas deben denunciar ante la delegación policial más cercana.
- Las líneas donde atienden casos específicos de trata y tráfico de personas son el 2290-2703 / 2290-2723 / 2290-2734 o al correo [email protected]
- También podés denunciar al OIJ, al teléfono 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645.
- Impulsar y coordinar estrategias interinstitucionales y comunales para atender situaciones de explotación sexual infantil.
Algunas señales que dan indicios de que puede haber una situación de explotación sexual infantil son:
- Hay una diferencia en el aspecto de la persona adulta y el de la persona menor de edad (apariencia física y forma de vestir).
- El adulto y la persona menor de edad no conversan ni muestran signos de parentesco o de afecto.
- La persona menor de edad se mantiene a distancia de la persona adulta.
- Las personas se muestran nerviosas (voz, cara, manos).
- No se da una interacción entre ellos.
- La persona adulta es quien lidera la conversación.
- No hablan el mismo idioma o tienen acentos diferentes.
- En lugar de verse nerviosos, podrían mostrarse “muy cómodos” con la situación y actuar de forma muy normal.
Fuente: Guía informativa para la actuación de las empresas turísticas, ICT y Paniamor.
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