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“La lucha apenas empieza”, dice la Asociación Cívica de Nosara (NCA) sobre la disputa histórica de tierras que están a su nombre y que, por un fallo de la Sala Constitucional del pasado 8 de agosto, podrían pasar a ser terrenos públicos administrados por la Municipalidad de Nicoya.
Del otro lado está el abogado Marvin Rodríguez, quien presentó un recurso de amparo en abril de este año contra el alcalde de Nicoya, Carlos Armando Martínez. En él sostiene que unas 80 hectáreas inscritas a nombre de la NCA son bienes de dominio público y, por lo tanto, deberían pasar a la administración municipal.
“Estas 80 hectáreas forman parte de las áreas que el plan original del Proyecto Americano, aprobado por el INVU (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo), dejó reservadas como públicas y que nunca fueron entregadas a la municipalidad”, dijo Rodríguez en su oficina ubicada en Nicoya, mientras mostraba los folios con que justifica sus argumentos.
El tono de los mensajes en ambos bandos muestra todo lo que está en juego: el futuro de aproximadamente 80 hectáreas en Nosara, lo que equivale a 800 mil metros cuadrados de terreno. Y no cualquier tierra, ya que están ubicadas en su mayoría en Guiones y Pelada, dos de los paraísos costeros más apetecibles de la provincia.
La denuncia de Rodríguez revivió un nuevo capítulo de una historia que se remonta a 1970, con el inicio de la conformación del proyecto Playas de Nosara, conocido como Proyecto Americano.
La disputa tiene su origen 55 años atrás.
En 1970, el estadounidense Allan Hutchinson, bajo su empresa Inversiones Nicoya SA (INSA), inscribió un plano de 539 hectáreas luego de comprarle las tierras al finquero Filemón Baltodano Baltodano.
Ese terreno y otros más que compró durante los siguientes cinco años, los segregó y poco a poco vendió propiedades a extranjeros con la promesa de conformar una urbanización con amenidades lujosas, entre ellas una cancha de golf. Pero Hutchinson no cumplió con sus promesas y, cuando supo que un grupo de dueños de terrenos –muchos de ellos viviendo de forma permanente en Nosara– iban a demandarlo por incumplimiento de contrato, decidió salir del país.
Luego de varias idas y vueltas entre abogados de uno y otro bando, en 1982 se constituyó la sociedad Amigos de Nosara S.A., creada para recibir unas propiedades que Hutchinson, bajo varias de sus corporaciones, otorgó como compensación para evitar ir a la corte.
En el 2005, Amigos de Nosara cedió entre 150 y 200 hectáreas a la NCA, y en el 2008 la sociedad se disolvió.
Pero según indica Rodríguez en el amparo, los planos originales del Proyecto Playas de Nosara aprobados por el INVU, reservaban un porcentaje para áreas públicas que nunca se entregaron a la Municipalidad de Nicoya (La Voz no tiene copia de esos planos). Esos terrenos quedaron bajo control de la NCA, y ahí nace la discusión que ahora terminó en la Sala Constitucional.
Extracto del recurso de amparo.
“(El alcalde) ha omitido ilegalmente, rehusado, retardado y abstenido hacer los trámites pertinentes ordenados en forma clara y reiterada por acuerdos en firme del Concejo Municipal [de Nicoya]”, dice Rodríguez en el amparo. Entre los acuerdos a los que el abogado se refiere están el oficio CCOP-050-2021 del concejo municipal, del 9 de abril del 2021.
En dicho oficio, el concejo ordena a la alcaldía “reivindicar a nombre de esta municipalidad las 80 hectáreas que actualmente están a nombre de privados”.
Por otra parte, el fallo le exige: “(…) definir desde el punto de vista técnico la situación jurídica de los biene inmuebles que se reputan como demaniales en los oficios CCOP-050-2021, D-COM-0101-2021 y CTU 03-2023, así como actualizar el estado en el que se encuentran”, dice el fallo.
La resolución le da 18 meses a la municipalidad, después de que sea notificada, para cumplir con la actualización y la declaración de esas tierras como de uso público.
(La municipalidad debe) garantizar el resguardo del interés público y ambiental de los bienes cuya demanialidad deba ser reconocida, así como la reivindicación de estos en los casos en los que se determine alguna irregularidad a su titularidad”, detalla el fallo.
Según respondió la Muni de Nicoya a consultas de La Voz, aún no han sido notificados del fallo. Sin embargo, aseguran que el gobierno local sí ha dado seguimiento a los acuerdos del concejo municipal sobre el caso.
“Reconocemos que estos procesos, por su naturaleza, pueden tomar más tiempo del deseado; sin embargo, ello no significa que no se estén realizando gestiones, sino que se avanza conforme a los procedimientos establecidos en la normativa vigente”, respondió la muni vía correo electrónico haciendo referencia a la atención del informe CTU 03-2023 de la Comisión Técnica Urbanística, de febrero del 2023, que menciona la existencia de terrenos en manos privadas que están catalogadas como zonas verdes.
“A partir de la recepción de este informe, se emitió el Acuerdo Municipal 003-082-2023, mediante el cual el Concejo trasladó el documento a la Comisión de Asuntos Jurídicos, donde continúa en trámite hasta la fecha”, argumenta el gobierno local.
Entonces, ¿ya las tierras pasarán a ser de bienes públicos?
La Voz se comunicó con la Sala para saber si la resolución da por un hecho que la muni debe reclamar las 80 hectáreas que aparentemente son bienes demaniales, o si sólo exige la investigación del gobierno local para tomar una decisión posterior.
El departamento de prensa de la Sala explicó que ningún magistrado puede referirse al tema porque “ese voto se encuentra en proceso de redacción; lo único disponible por ahora es el por tanto”. Es decir, ya se conoce la parte resolutiva del fallo, pero aún falta la justificación completa y los argumentos que llevaron a los magistrados a tomar esa decisión.
Para el abogado Rodríguez la resolución es clara: la muni tiene el mandato de recuperar esas hectáreas.
El director de la NCA, Marco Villegas, recalcó que la NCA acatará los resultados de la investigación de la muni, es enfático en mencionar que para la NCA este recurso de amparo es parte de una estrategia de intereses inmobiliarios para desproteger las zonas que la NCA conserva como reservas naturales..
Lo que sí está claro para nosotros es que hay un esfuerzo de desestabilizar a la Asociación Cívica por parte de intereses privados que claramente están buscando la manera de que no tenga regulaciones en las construcciones (…) cambiar el uso de los bosques que en este momento están en conservación”, comentó.
Villegas se refiere a que actualmente esas tierras son una Reserva Natural privada, y bajo esa categoría solamente se puede desarrollar infraestructura relacionada a la conservación o al ecoturismo.
Para Villegas es irresponsable determinar cuáles y cuántas tierras podrían eventualmente ser traspasadas al dominio público.
“La reserva en manos de la asociación es de 250 hectáreas, quiere decir que 80 hectáreas es muchísimo. Pero lo más importante es la ubicación de esas supuestas 80 hectáreas, porque se está asumiendo que están en los bosques más importantes de la zona de Guiones y de Pelada”, expresó Villegas.
La NCA quiere un nuevo refugio en Nosara
En noviembre del 2023 Villegas comentó a La Voz sobre el plan que tenía la NCA para convertir 247 hectáreas de su propiedad en un un nuevo Refugio Nacional de Vida Silvestre (RNVS).
En Costa Rica, la diferencia principal entre una reserva y un refugio es que una reserva suele tener un objetivo más amplio de conservar la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos, mientras que un refugio de vida silvestre se enfoca específicamente en la protección de especies de flora y fauna, particularmente las que están amenazadas, y el incremento o manejo de estas especies.
Ese sería el primer RNVS privado en Nosara, y el cuarto de todo el Área de Conservación Tempisque (ACT), junto a la de Hacienda El Viejo ubicado en Carrillo, Bosque Escondido ubicado en Pilas de Canjel en Lepanto y La Ceiba en Cóbano. Además hay otros 11 estatales y mixtos (público-privados) dentro del ACT.
Bajo esta categoría de refugio privado, la asociación seguirá siendo la responsable del mantenimiento del terreno, pero su conservación sería en coordinación con el Sinac, según explicó Villegas.
Villegas admite que perder 80 hectáreas sería una gran disminución para el área del nuevo refugio, pero dice que la NCA seguirá con el proceso de inscripción ante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) hasta que haya certeza de qué pasará con las tierras.
“El proceso continúa. A menos de que el Sinac haya sido notificado (sobre el fallo de la Sala) y no estemos al tanto de eso. Lo que esperaríamos es que ese proceso continúe, porque el interés de nosotros es que esto se convierta en un refugio nacional”, comentó.
Nota de la editora: Este texto fue editado respecto a su versión original enviado en el boletín Nosara para corregir una imprecisión. Inicialmente indicamos que la resolución de la Sala indicaba las mismas condiciones del oficio del concejo municipal CCOP-050-2021, sobre la reivindicación a nombre de la municipalidad de las 80 hectáreas. Sin embargo, lo correcto es que, como está explicado en este reportaje, son dos conclusiones distintas. La Sala ordena a la Muni de Nicoya determinar en 18 meses la situación jurídica de los bienes inmuebles. En el texto original también dijimos que Amigos de Nosara cedió 200 hectáreas a la NCA, pero en esta versión aclaramos que fueron entre 150 y 200.
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