El cantón de Nicoya sigue sin un plan regulador, lo cual obstaculiza el ordenamiento territorial, económico y productivo del cantón. El plan regulador presentado por dos empresas españolas en el 2012, y por el cual se pagaron aproximadamente ₵45.000.000 ($90.000), fue rechazado porque estaba “copiado y pegado” de otros planes reguladores, además de presentar fallas técnicas ambientales.
Los planes reguladores establecen lo que puede o no hacerse en cada área del cantón. Sin embargo, en el 2012 las empresas españolas Informes y Proyectos Sociedad Anónima (INYPSA) y Estudios, Proyectos y Planificación S.A. (EPYPSA), fueron contratadas para realizar planes reguladores para todo el país, incluyendo el cantón de Nicoya, pero varios vecinos de Nicoya, entre ellos la Comisión de la Sociedad Civil, funcionarios municipales y más tarde la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA) rechazaron el plan propuesto.
Éste formaba parte de un proyecto de planes reguladores para los cantones de Guanacaste y Puntarenas y que fue promovido por el programa de regularización de catastro y registro, conocido como BID-Catastro. El proyecto tuvo un costo de $65.000.000 provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como una contrapartida del gobierno por $27.000.000 que incluía la elaboración de 26 planes reguladores, entre ellos el Plan Estratégico Regional de Ordenamiento Territorial (Perot) para Guanacaste.
Para ello INYPSA fue la empresa encargada de elaborar todos los planes reguladores urbanos, mientras que EPYPSA se hizo cargo de crear los planes reguladores costeros.
Sin embargo, actualmente solo la municipalidad de Carrillo tiene el visto bueno de SETENA para poder desarrollar el plan regulador de la Zona Marítimo Terrestre del cantón.
Luego de evaluar con detenimiento los documentos presentados por INYPSA y EPYPSA en Nicoya como en el resto de los demás cantones de Guanacaste, la Comisión de la Sociedad Civil determinó que el mismo representaba un trabajo en su mayoría de copiar y pegar datos, pues contenía información no correspondiente al cantón nicoyano.
Elizabeth Fernández, encargada del departamento ambiental de la municipalidad de Nicoya y directora de la Comisión Plan Regulador, indicó que en el plan regulador urbano propuesto no estaban incluídas las zonas ambientales vulnerables y que además habían más de 40 puntos que no coincidían con la realidad geográfica del cantón. “Habían partes donde aparecía bosque y en realidad no hay”, aseguró Fernández.
Por su parte, Juan Carlos Oviedo, encargado de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) de la Municipalidad y anterior encargado de la Comisión Plan Regulador, afirmó que los españoles no incorporaron a la municipalidad en su estudio: “INYPSA nos dejó de último [en la elaboración del plan] y las municipalidades fuimos simples observadoras del proceso”.
En resumen, los millones invertidos para hacer los planes reguladores fueron rechazados por estar incompletos con documentos o, en muchos, por contener información que no correspondía a la realidad de los cantones.
Cantones con poca información disponible
La SETENA rechazó los Índices de Fragilidad Ambiental (IFAS), presentados por INYPSA y EPYPSA, debido a que no se presentaron todas las variables ambientales que establece la normativa.
Olman Rojas, coordinador de la Unidad Ejecutora de Planes Reguladores para todo el país, explicó que uno de los mayores problemas que se presentaron para la aprobación de los IFAS por parte de SETENA fue la falta de información disponible en los cantones guanacastecos sobre estudios técnicos antropológicos, hidrogeológicos y vulcanológicos, entre otros.
Rojas opinó que sería dificil demandar a INYPSA y EPYPSA para reclamar los montos invertidos y la inexistencia de planes reguladores, debido a que las empresas presentaron los estudios con la información disponible de cada cantón.
La Voz de Guanacaste intentó conseguir la versión de INYPSA pero no fue posible localizar a ningún contacto de sus oficinas o personal en el país. En el caso de EPYPSA, nos respondieron que Andrea Meza, persona responsable de la empresa, no podría referirse al tema por tener su agenda ocupada.
Micro planes costeros serian “plan B”
En tanto, el alcalde, Marco Jiménez, opinó que para él los planes reguladores siempre han actuado en detrimento de quienes menos tienen y en beneficio de las grandes empresas pero que está a favor de la creación de planes reguladores pequeños en los sectores menos desarrollados de la costa nicoyana, tales como Buena Vista y Garza en Sámara.
Por su parte, Juan Carlos Oviedo, manifestó que la municipalidad no tiene la capacidad económica ni la cantidad de empleados para hacer por si sola un plan regulador, pero sí puede interactuar con otras instituciones como el INVU, MAG y SETENA para desarrollar micro planes reguladores en la costa.
“Lo lógico sería el micro planes reguladores costeros por ser más pequeños y porque conlleva un trámite más expedito”, dijo Oviedo.
De igual parecer es Elizabeth Fernández, quien apoya la iniciativa de los mini planes reguladores: “La mejor forma sería tener planes reguladores aislados como un plan B; es mejor eso a no tener nada”, afirmó.
Muni hizo inventario en Sámara
Sobre el ordenamiento costero en Sámara, Oviedo informó que la Municipalidad efectuó un recorrido en varias parcelas de Matapalo de Sámara para conocer la situación legal de las propiedades.
Oviedo indicó que durante los primeros meses de éste año se realizó un inventario en más de 100 terrenos en Sámara, para conocer si sus dueños cuentan con los permisos respectivos de los terrenos y que los resultados de este inventario servirán ante un eventual plan regulador.
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