Nicoya

Fiscalía solicita juicio contra alcalde de Nicoya por 21 delitos mientras sigue recibiendo millonario salario

La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción acusó por 21 delitos al alcalde de Nicoya, Marco Jiménez, luego de haberlo investigado durante un año entero. Con esta investigación, la Fiscalía también solicitó la apertura del proceso de juicio ante el Juzgado Penal.

Esto significa que el alcalde suspendido pasó de ser un “investigado” a ser un “acusado”, que es un nivel más en el proceso penal. De ser declarado culpable, Jiménez podría ser penalizado con hasta 100 años de prisión, aunque no podría ir a la cárcel durante más de 50. (Vea tabla con sus supuestos delitos abajo).

Los ofendidos, incluida la supuesta víctima de delitos sexuales y la Procuraduría General de la República, tienen ahora tres días para decidir si al proceso del juicio se le agrega una acción civil resarcitoria, con la que podrían cobrar un monto económico por los daños sufridos. Ese monto se determinaría en el juicio.

Ahora las partes involucradas deben aguardar al juicio que, según el departamento de prensa de Fiscalía, no tiene una fecha específica para realizarse pues depende de la demanda de trabajo que tenga el Juzgado.

Ayer mismo, el Juzgado Penal extendió las medidas cautelares a Jiménez por dos meses más, que se cumplirán el 13 de agosto. Durante estos dos meses, el alcalde no podrá ingresar al edificio municipal ni acercarse o perturbar a los testigos del proceso.

¢38 millones al bolsillo

Desde que Jiménez fue suspendido, en junio del 2017, no ha dejado de recibir su salario. En este momento acumula unos ¢33 millones, según estimaciones hechas por este medio tomando como base un informe de enero, realizado por el departamento de Recursos Humanos de la municipalidad. Ahí se detalló que mensualmente el alcalde gana unos ¢2,6 millones.

Al finalizar los dos meses de medidas cautelares adicionales, Jiménez habrá recibido unos ¢38 millones sin haber ido a trabajar, pese a que el Concejo Municipal podría suspender el pago de ese salario.

En febrero anterior, el asesor legal de este concejo recomendó a los regidores suspender el pago de salario al alcalde investigado, pero el Concejo rechazó el criterio y tomó un acuerdo para elevar la consulta a la Procuraduría General de la República.

Sin embargo, la Procuraduría no se refirió al caso por la forma en que los regidores plantearon la pregunta. Ahora, la discusión de la suspensión del pago del salario del alcalde se diluyó en otros temas municipales como el del plebiscito, según el presidente del concejo, Saúl Cárdenas.

Otros acusados

Como resultado del proceso de investigación, la Fiscalía también acusó a un hombre de apellidos Montero Quirós, quien era funcionario del Minae, por un delito de concusión (exigencia de pago en provecho propio) y uno de peculado de uso (apropiación del dinero del Estado).

Otro acusado será un funcionario del Departamento de Bienes Inmuebles de la Municipalidad, de apellidos Guillén Brenes. A él se le investigó por falsedad ideológica agravada (por emitir un escrito con manifestaciones contrarias a la verdad).

La acusación también incluye a una mujer apellidada Briceño Cárdenas, perito evaluador de la Municipalidad, por falsedad ideológica agravada; y a Mora Benavides, una abogada particular, por cuatro delitos de pago irregular de contratos administrativos.

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