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Una prometedora alianza para investigar la corrupción en las compras y en el uso de recursos públicos en Guanacaste se conformó el pasado 27 de junio, durante la primera reunión que sostuvieron nueve auditores(as) municipales junto a un grupo de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
El encuentro reunió, en una misma mesa, a quienes dentro de las municipalidades deben vigilar y denunciar posibles irregularidades o actos de corrupción junto con los agentes del Ministerio Público que luego pueden investigar judicialmente esas denuncias y eventualmente llevar a juicio y pedir sanciones contra funcionarios, políticos o empresarios involucrados en actos indebidos.
Las y los funcionarios se reunieron en la Municipalidad de Santa Cruz, en una iniciativa coordinada por el Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de Santa Cruz, José Luis Sibaja Ramírez, en colaboración con la fiscalía de Liberia.
Del lado de los auditores participaron funcionarios de las municipalidades de Nandayure, Hojancha, Nicoya, Santa Cruz, Liberia, Bagaces, Cañas, Tilarán, Abangares y el Concejo de Distrito de Colorado.
Durante la sesión, se discutieron nuevas estructuras diseñadas para mejorar la coordinación y comunicación entre los diferentes organismos, y se abordaron todas las consultas necesarias sobre los procedimientos a seguir en casos de corrupción detectados en los gobiernos locales.
El fiscal de Santa Cruz José Luis Sibaja, señaló que esta iniciativa conjunta con los auditores municipales es parte de un esfuerzo por perseguir la corrupción y el uso indebido de los recursos públicos en la provincia.
Estamos trabajando en varios casos que involucran sumas importantes de dinero de las municipalidades y analizando eventuales responsabilidades de los funcionarios que puedan estar involucrados, por eso el acercamiento a los auditores locales es de vital importancia”, adelantó el fiscal Sibaja.
El auditor de la Municipalidad de Santa Cruz, Luis Bernardo Barrantes dijo que la capacitación es parte de un trabajo conjunto que busca fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción en Guanacaste, ”proporcionando a los auditores las herramientas y conocimientos necesarios para enfrentar estos desafíos”.
Sobre la mesa hay casos que podrían ser de interés para la fiscalía como los contratos por más de ¢400 millones adjudicados por la Municipalidad de Santa Cruz a la excandidata a regidora del Partido oficialista Auténtico Santacruceño (PASC) en 2020, Sully María Gómez Loáiciga.
Tal y como informó La Voz de Guanacaste, seis de los contratos por ¢56,1 millones para la producción de eventos artísticos y culturales fueron concedidos cuando esta maestra pensionada, no tenía patente comercial como exige la ley a cualquier proveedor con actividades lucrativas. Gómez tampoco contaba con experiencia previa en este tipo de producciones.
Las inversiones en cultura generaron cuestionamientos desde el concejo municipal que, en al menos tres ocasiones, solicitó información detallada al alcalde Jorge Arturo Alfaro Orias, pero no fueron atendidas satisfactoriamente.
Esto motivó que el 17 de setiembre del 2023, los regidores acordaron pedir al Ministerio Público que se investigara el presunto incumplimiento de deberes por parte del alcalde, tanto por la falta de respuesta ante los cuestionamientos de inversiones en cultura como por otros ocho acuerdos que no fueron atendidos.
Esa investigación penal por aparente daño en la función pública la sigue la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de Santa Cruz bajo el expediente número 23-001755-0412-PE.
Adicionalmente, el Ministerio Público confirmó que el alcalde Alfaro Orias tiene otras cuatro investigaciones abiertas por los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, tráfico de influencias y legislación o administración en provecho propio. Todas se encuentran en la etapa de recolección y análisis de prueba.
La concentración de contratos municipales en un solo proveedor también ha quedado en evidencia en otros gobiernos locales de la provincia.
La Voz reveló en enero anterior que la Municipalidad de Liberia adjudicó en 2023 todas las licitaciones para obras públicas a empresarios señalados en investigaciones por aparente pago de sobornos.
Se trata de la empresa Gocesa del Molino S.A. la cual obtuvo 11 contratos por más de ¢670 millones y sólo compartió con otra firma uno de los concursos en los que participó.
La compañía está registrada a nombre de Ángel González Cerdas y María del Milagro Cerdas. Ellos son el hijo y la esposa de Abel González Carballo, exgerente general de Meco, quien está bajo investigación en el caso conocido como Diamante.
El caso Diamante sacudió al sector municipal por las escandalosas grabaciones policiales que evidenciaban presuntos actos de corrupción con licitaciones de obra pública en las municipalidades de San José, Cartago y Alajuela.
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