Cuando se habla de gentrificación en las redes sociales, surgen casi de forma simultánea comentarios señalando a los causantes de este fenómeno en las costas de Guanacaste. Una de las partes “acusadas” es la población local, a quienes se les responsabiliza argumentando que “nadie está obligado a vender” o que “los extranjeros compran porque los ticos les venden”.
¿Cuánto de esta frase es cierta y qué matices pasa por alto? Conversamos con profesionales en sociología y urbanismo, e hicimos un recorrido por playa Sámara para entenderlo.
No se vende esta propiedad
Frente a una calle de lastre que parece abatida por la guerra, hay casas de lujo recién construidas y otras próximas a estrenarse. Los huecos de la calle en algunas partes están remendados con escombros de las mismas construcciones.
El barrio se llama El Canto de los Gavilanes, y al final de la calle hay un portón de alambre que lo divide de una finca con bosque y pasto en la que comen vacas y caballos. Estamos a solo un kilómetro del centro de Sámara, una joya para el desarrollo inmobiliario.
La práctica del kayak, tan silenciosa y poco invasiva, permite deslizarse por el río sin perturbar el entorno, por lo que es ideal para observar a los animales en su propio hábitat.
Bajo la sombra de un árbol, Javier Armijo, un nicoyano de familia samareña que vive del turismo en esta comunidad, comenta que él y sus primos tienen un plan para que la finca no corra con la misma suerte que otros terrenos en la comunidad: se venden por completo y en un corto periodo de tiempo las familias ya no tienen el dinero.
“Si una familia quiere desarrollar, ojalá tenga la posibilidad de ser aunque sea socio del desarrollo en su propia tierra y que su única posibilidad no sea vender todo y poner a los hijos a trabajar de bartender y de mesero en un restaurante.”, Javier ArmijoFoto: Cortesía: Javier Armijo
Por esa razón idearon desarrollar un proyecto habitacional en una cuarta parte de la finca que les genere ganancias sin tener que venderla toda. El resto de la finca quedará en manos de la familia y algunas hectáreas serán destinadas a protección de bosque.
“Habían venido ya algunos extranjeros ofreciendo comprar la totalidad de ella. Suena como bastante plata, pero cuando haces la matemática por la cantidad de tierra sale baratísimo. Solo un 25% de la finca nos generaría como el 1.000% del total que les habían ofrecido”, comenta.
Javier sabe que este esfuerzo es una revolución familiar, y que no es la norma dentro en la comunidad, ni en Guanacaste.
Un pacto desigual
El arquitecto y docente en la Universidad de Costa Rica, Pablo Acuña, opina que la frase “el que vende lo hace porque quiere” es injusta cuando lo que hay es una relación de poder entre alguien que atraviesa subempleo, informalidad y escaso acceso a servicios básicos y otra persona que –apostando a la falta de regulación en Costa Rica sobre el valor de la tierra– maniobrará para aumentar su valor.
Repetir esa frase es homologar que se está en las mismas condiciones y creo que no, no se está”, explica Acuña.
Javier ha visto en sus vecinos de Sámara esa presión que sienten por vender, sobre todo cuando las propiedades de las personas locales empiezan a quedar encerradas por nuevas y grandes construcciones, y las convencen de vender porque “igual va a suceder”.
Más allá del potrero, entre los árboles se distingue una casa de tres pisos. En ese mismo barrio la mamá de Javier vendió un terreno que rápidamente pasó a costar el triple, cuenta Javier.
El precio de la tierra es muy antojadizo también. Mi familia ha vendido ciertos lotes y ahora estos gringos se venden entre ellos mismos a precios increíblemente más altos”, asegura.
Javier Armijo y sus primos propusieron a la familia un plan para que puedan construir en una cuarta parte de la finca y generar ganancias sin tener que venderla toda.Foto: César Arroyo Castro
La socióloga Wendy Molina nombra este fenómeno como brecha de renta, que sucede cuando el desarrollador obtiene una ganancia sobreestimada comparada con la ganancia que tiene quien vende.
“Lo que pasa es que en contextos donde hay una gentrificación ya avanzada, esa brecha de renta se vuelve enorme porque juega con la especulación. La tierra nunca es pagada [al vendedor local] en su valor real, en toda su plusvalía”, explica Molina.
Javier también ha notado cómo la oferta de las propiedades cambia dependiendo de si el dueño es una persona local o extranjera.
“Yo he visto que tienen precios diferenciados incluso en cómo le ofrecen a un costarricense o cómo le ofrecen a un extranjero. Generalmente ellos tratan de comprarle al tico lo más bajo que se pueda porque entienden que están en una necesidad”, comenta el nicoyano.
Aunque no le gusta generalizar, Javier cree que en Sámara debe haber crecimiento urbanístico, que hay quienes venden porque quieren irse del pueblo, porque quieren el dinero para comprar lo que necesitan y no a todas las personas las presionan para vender. Pero es crítico con la falta de oportunidades que existen en la comunidad, y con que precisamente esa desigualdad facilita que muchas personas se vean empujadas a vender su tierra.
Estás esclavizado a lo que te vengan a ofrecer. El tico perfectamente podría decir que no pero si es su única opción, ahí es donde está el problema”, señala.
Monocultivo de turismo
Javier trabaja ofreciendo distintos tipos de tours en Sámara como hacer kayak a isla Chora o navegar por el río Ora en Hojancha. Agradece la oportunidad que le ha brindado el turismo de tener una mejor calidad de vida, pero al mismo tiempo le preocupa que todo el pueblo dependa del mismo sector.
“El problema no es haberse decidido por el turismo. El problema es ¿por qué es la única opción? Son pueblos hiper especializados, solo viven del turismo. Todo lo que se vende aquí viene de otros lados, prácticamente aquí no se produce nada”, explica.
En esta finca, el abuelo de Javier sembraba arroz y maíz, pero la familia abandonó la agricultura ya desde hace muchos años. Un fenómeno que se replica en toda la provincia y el país.
El especialista de la Unidad de Acción Climática del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie), Lenín Corrales, analizó datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y concluyó que entre el 2016 y el 2023 la producción de granos básicos en el país cayó un 45%.
“Lo que hemos visto es que en Guanacaste, por ejemplo, el arroz ha estado decreciendo en su producción básicamente por políticas públicas”, explica Corrales.
La socióloga Wendy Molina suma que el desfinanciamiento del sector agrícola, la presión del sector inmobiliario y la condición de pobreza de una familia puede llevar a la decisión de vender la tierra.
La poca presencia del estado en Sámara es un factor que Javier también nota y por el cual considera que muchas familias no encuentran otras opciones.
“Si una familia se quiere quedar criolla criando ganado o sembrando maíz, que las instituciones se hagan presentes con verdaderas ayudas. Si una familia quiere desarrollar, ojalá tenga la posibilidad de ser aunque sea socio del desarrollo en su propia tierra y que su única posibilidad no sea vender todo y poner a los hijos a trabajar de bartender y de mesero en un restaurante. Eso es lo que no debería suceder”, reclama.
Comentarios