(Unite a nuestro canal de WhatsApp y recibí las noticias directo en tu cel).
La presidenta Laura Fernández –y su llamada “continuidad del cambio”– cumplió el 8 de junio un mes al frente del país. En sus discursos de gane, de toma de posesión y en sus conferencias de prensa de cada miércoles, la mandataria continúa su retórica confrontativa frente a los distintos contrapesos políticos, incluidas las diputaciones y líderes de los demás poderes del Estado.
La promesa de la presidenta Laura Fernández cuando asumió el poder fue una “nueva Costa Rica” de “mano dura” en política migratoria y de seguridad. Parte de su estrategia se materializó cuando presentó ante la Asamblea Legislativa un paquete de seis proyectos de ley en materia de seguridad.
La mandataria ha dejado claro que, en pocas palabras, esta «mano dura» es un plan para usar toda la fuerza del Estado para frenar la inseguridad. Su enfoque principal está en reforzar la vigilancia en las fronteras, multiplicar los operativos policiales en las calles, construir prisiones más seguras y endurecer las sentencias.
Sus propuestas ya están encendiendo el debate sobre si aumentar las penas o endurecer los controles es suficiente para resolver los problemas de raíz, o si se necesitan otras soluciones a largo plazo. ¿Qué dicen analistas y personas expertas sobre las medidas en temas migratorios, de refuerzo policial y penas carcelarias?
Cómo se enfoca la “mano dura” en relación a la migración
La presidenta ha insistido en una mejor vigilancia de las fronteras. Su idea es que la llegada de personas extranjeras afecta directamente la seguridad y la capacidad de los servicios públicos del país.
He dado instrucciones precisas para endurecer los controles fronterizos. El que viene a sumar es bienvenido; el que viene a delinquir o a abusar de nuestro sistema de bienestar encontrará un Estado firme que no dudará en aplicar la ley y la deportación», expresó la presidenta Fernández durante su discurso de toma de posesión.
Sin embargo, detrás de ese mensaje condicionado a que el extranjero solo sea aceptado si cumple con una función económica inmediata o requisitos estrictos, los expertos advierten que la estrategia discursiva tiene consecuencias directas en la sociedad.
El investigador de la Universidad de Costa Rica (UCR) y experto en temas migratorios, Koen Voorend, señala que al asociar constantemente la migración con el abuso institucional y el delito bajo la promesa de poner orden, el discurso oficial «lo que hace es despertar sentimientos xenofóbicos» en la población.
Según Voorend, al plantear que los extranjeros saturan los servicios o traen inseguridad, se construye un discurso de «nosotros contra ellos» que despierta sentimientos negativos hacia el inmigrante, ignorando que la realidad económica del país es muy distinta.
Adriana Martínez, abogada costarricense con especialización en temas migratorios, sostiene que la migración es un pilar fundamental para la economía nacional, ya que el país depende de estos flujos para sostener sectores clave como la agricultura, la construcción y los servicios.
Nuestra economía, especialmente en áreas como la agricultura de exportación y la construcción, depende en gran medida de la mano de obra migrante», afirma Martínez para ilustrar el peso de esta población.
Martínez advierte que las nuevas políticas de «mano dura» se alinean con una tendencia regional —observable en países como Argentina, Chile y México— donde el discurso de seguridad nacional se traduce en operativos policiales de control fronterizo, requisitos más duros de permanencia y procesos estrictos de expulsión.
Para la experta, el problema de fondo con este blindaje es que ignora la interdependencia del mercado local. Al endurecer los controles de forma inflexible, el gobierno termina dejando sin brazos a los productores agrícolas y desarrolladores inmobiliarios, creando una crisis de escasez de mano de obra en las actividades económicas que sostienen al país.
Históricamente, las comunidades de los cantones fronterizos han visto al extranjero de manera positiva, incluso con apoyo de las municipalidades. Un ejemplo claro de esto es el cantón de La Cruz, ubicado en Guanacaste. Por ser una zona fronteriza, este lugar tiene una presencia importante de migrantes, especialmente de Nicaragua.
La mano dura genera un miedo generalizado en la población migrante; la gente se esconde y no sale a trabajar por temor a ser detenida o deportada, lo que afecta directamente a los productores locales que se quedan sin mano de obra para las cosechas», de acuerdo con Mónica Hurtado, asesora en temas migratorios y vecina de La Cruz.
El papel de la policía en la “mano dura”
Para que la idea de «mano dura» funcione, el gobierno necesita que la policía tenga mucha más fuerza en la calle. Tanto al asumir el poder como durante sus primeros meses, la presidenta Laura Fernández ha dejado claro que apoya por completo a las autoridades.
“Yo me comprometo públicamente a trabajar codo a codo con todos ustedes, a ser una presidenta convencida a defenderlos cuando haya que defenderlos, y a dar incluso mi vida junto a la de ustedes si fuera necesario en una crisis de seguridad nacional”, había dicho Fernández en una reunión con cuerpos policiales.
De acuerdo con datos compartidos por el analista Percy Guzmán, el Ministerio de Seguridad Pública recibió una fuerte inyección de más de 20.000 millones de colones en su presupuesto para financiar más de mil nuevas plazas de oficiales en las calles y a la compra de patrullas, motocicletas, chalecos antibalas y armamento pesado.
Sin embargo, los expertos advierten que llenar los barrios de policías y armas no es una solución definitiva.
El sociólogo Guillermo Navarro explica que la estrategia olvida el origen de la violencia: «La sola presencia de la policía en estos cantones no va a resolver los problemas de fondo que tienen que ver con exclusión social».
Desde esta perspectiva, si el Estado entra a las comunidades vulnerables apostando únicamente por la fuerza y el castigo, se corre el riesgo de aumentar las tensiones en las calles y estigmatizar a los jóvenes de los barrios más necesitados.
Las cárceles y la justicia en la «mano dura»
Otra pieza clave en la estrategia del nuevo gobierno tiene que ver con lo que pasa después de que la policía detiene a los sospechosos: el sistema de justicia y las prisiones. Desde su discurso de toma de posesión, la presidenta Laura Fernández ha repetido que para frenar la violencia se necesitan castigos ejemplares, criticando las corrientes garantistas y firmando decretos para endurecer el cumplimiento de las penas en prisión.
Su propuesta estrella en este tema es la construcción de una «mega cárcel» de máxima seguridad diseñada para encerrar a miles de miembros del crimen organizado, aislando por completo a los líderes de las bandas para evitar que sigan dirigiendo delitos desde adentro.
«El país está secuestrado por bandas criminales y no podemos seguir enfrentando fusiles de asalto con leyes hechas para otra época», manifestó la presidenta al exigir a la Asamblea Legislativa el avance inmediato de las iniciativas.
Sin embargo, la propuesta de solucionar la inseguridad construyendo prisiones gigantes y endureciendo las leyes de forma generalizada despierta fuertes alertas entre especialistas e instituciones clave. Percy Guzmán, investigador del CIEP-UCR, advierte que una mega cárcel funciona solo como un parche costoso para calmar a la opinión pública, pero no toca los problemas reales del sistema de justicia, como la lentitud de los juicios.
La sola idea de construir una con máxima seguridad genera muchas dudas en el país… Se habla de un efecto Bukele y de cárceles que albergan a más de 40.000 personas, pero la realidad nacional es otra… El hacinamiento supera el 140% en algunas de las prisiones actuales», explica el investigador.
A esto se suman las constantes advertencias del Poder Judicial y de la Defensoría de los Habitantes, que recuerdan que el país ya arrastra una crisis histórica de hacinamiento en sus prisiones actuales.
Al final, la gran pregunta que queda en el aire es si la estrategia de «mano dura» de la presidenta Laura Fernández realmente traerá paz a Costa Rica. Aunque estas promesas de control total y castigos severos suelen ser muy populares, las y los analistas piden ver el panorama completo y no dejarse llevar solo por las soluciones rápidas.
Nuestro periodismo existe por y para personas como vos.
Sumate a Semillas, el programa de membresías con el que vos podés hacer posible el periodismo local e independiente en Guanacaste: investigaciones rigurosas y reveladoras, coberturas desde los territorios y escucha activa de las comunidades.
Además, las personas miembras acceden a beneficios que construyen comunidad.
Comentarios