Un grupo de siete funcionarios de la Municipalidad de Liberia presentó una demanda contra el municipio que podría costarle ¢945 millones a los liberianos.
En el 2011, el entonces alcalde Luis Gerardo Castañeda los despidió, según él, porque no cumplían los requisitos para ocupar sus puestos. Sin embargo, un juzgado de trabajo le ordenó restituirlos en el 2012.
El tribunal indicó que los despidos no tenían justificación porque la municipalidad no siguió un debido proceso para remover a los trabajadores.
Recursos humanos me indicó que no tenían requisitos, ni cumplían el reglamento del Servicio Civil”, alegó Castañeda.
Se trata de los funcionarios de apellidos Mora Rodríguez, Espinoza Rodríguez, Membreño Escalante, Nuñez Sanabria, Fernandez Bustos, Torres Ampié, y Jiménez Angulo. Ellos ocupan cargos en los departamentos de proveeduría, inspección y plantel municipal.
Aunque la muni ya les ha cancelado los salarios que dejaron de percibir entre el 2011 y el 2012 —según confirmaron el alcalde Julio Viales y el abogado de los afectados— los trabajadores ahora reclaman un pago por intereses, daños morales y perjuicios.
¿Deberá seguir pagando la muni?
La municipalidad no ha definido si va a refutar la demanda ante tribunales porque aún no han visto el documento. La asesora legal, Adriana Chavarría, dijo a este medio que no adelantarían criterio.
De cualquier forma, el alcalde Viales indicó que la municipalidad no podría cancelar esos ¢945 millones con el presupuesto del 2019. Sin embargo, dijo que podrían usar una parte del rubro de fondos libres para ir cancelando la deuda poco a poco.
Los regidores de Liberia conocieron del caso durante una sesión en noviembre y se quejaron del error del jerarca pasado.
Mucha gente se podría hacer rica por malas decisiones administrativas y a costa de la Municipalidad de Liberia”, dijo el regidor Miguel Ángel Morice.
Con ¢945 millones, los liberianos tendrían casi ocho kilómetros de calles asfaltadas, según estimaciones realizadas por la Unidad Técnica de Gestión Vial del cantón a petición de este medio.
El abogado de los trabajadores afectados, José Daniel Martínez, comentó que sus clientes están anuentes a negociar con el gobierno local para recibir el dinero en tractos o incluso obtener un monto menor. El caso está ahora en manos del juzgado de trabajo de Liberia y La Voz de Guanacaste le dará seguimiento.
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