La llegada de los nómadas digitales, el déficit inmobiliario, la gentrificación y la poca legislación territorial ha cambiado la realidad de comunidades guanacastecas como Nosara, Marbella y El Coco. Esos desafíos los comparten con otros destinos turísticos como Tulúm en México, Medellín en Colombia y las grandes ciudades de Europa, donde ya se han impulsado leyes para hacerle frente a los problemas relacionados a la turistificación y a la gentrificación, aunque no siempre son efectivas.
En Costa Rica, hay grupos de la sociedad civil pensando en cuáles podrían ser leyes aplicables en el país para enfrentar al gran animal de la gentrificación que se sostiene en cuatro patas muy distintas: migración, turismo, ambiente, vivienda.
La Voz conversó con los colectivos Anti-Gentrificación y No a la Gentrificación para conocer cuáles son las ideas que han recopilado y cuáles de ellas podrían estar más próximas a aplicarse o convertirse en proyectos de ley.
Regulación del acceso a la tierra y bienes raíces:
Una de las principales preocupaciones de ambos colectivos es la regulación de la compra de tierras por parte de personas extranjeras, ya que consideran que la falta de restricciones desampara los intereses de las comunidades locales. Sitios web de bufetes de abogados y bienes raíces destacan positivamente la facilidad para adquirir tierras en el país.
“La mejor parte de Costa Rica es que los extranjeros y los locales tienen los mismos derechos de propiedad cuando se trata de comprar una propiedad[…] los extranjeros de todo el mundo, pueden comprar una propiedad con un visado de turista sin necesidad de solicitar la residencia o la nacionalidad”, se lee en el sitio web HGR Properties and Rentals.
Cerca de la playa de Marbella es común encontrar rótulos con ofertas de terrenos en desarrollos inmobiliarios.Foto: César Arroyo Castro
Las bienes raíces son precisamente otro de los puntos que consideran necesario regular para que quienes quieran ejercer el oficio se colegien, cumplan con las pocas normativas establecidas (como que los agentes inmobiliarios estén registrados en la Superintendencia General de Entidades Financieras), y así evitar que cualquier persona pueda desempeñar el oficio.
Aquí cualquiera se instala y empieza a vender tierra. Es raro que el país lo pueda vender cualquiera”, comenta la integrante del Colectivo Anti Gentrificación, Tatiana Pochet.
Control sobre Asadas y acceso al agua:
Una de las grandes preocupaciones en la provincia, que se ha acrecentado por el desarrollo acelerado de los últimos años, es la disponibilidad del agua y el acceso al recurso.
Para garantizar que el agua no sea administrada en favor de intereses privados o desarrollos inmobiliarios, los colectivos proponen prohibir que personas extranjeras sin cédula de residencia integren las juntas directivas de las Asadas, como ocurre actualmente con al menos 88 personas que, identificándose solo con su pasaporte, integran juntas directivas de Asadas del país.
También consideran oportuno aumentar las sanciones para quienes participen en la apropiación del agua en detrimento de la población local, algo que ya ha sucedido en comunidades como Marbella, donde un desarrollador presidía la Asada y otorgaba disponibilidades de agua a sus proyectos inmobiliarios.
En el 2017 el Minae detectó 150 pozos ilegales en la costa de Santa Cruz. Uno de ellos fue el de la Asada Posada del Sol, en Marbella.Foto: Césara Arroyo Castro
“Por ejemplo, un turista con visa de turista que viene a Costa Rica y en menos de seis meses ya compra propiedades, es el presidente de la Asada y está teniendo un gran poder sobre la manipulación del recurso hídrico en la zona”, relata la socióloga y exministra interina de Vivienda Wendy Molina.
En junio del 2024 la bancada legislativa del partido Frente Amplio propuso una modificación a la ley constitutiva del AyA, número 2624, para que se establezca que las juntas directivas de las Asadas puedan estar integradas únicamente por personas costarricenses, residentes o extranjeras naturalizadas.
Acceso a playas y regulación de la Zona Marítimo Terrestre:
Ante el auge del desarrollo del turismo de sol y playa, los colectivos proponen garantizar por ley el acceso público a las playas, estableciendo especificaciones claras sobre los caminos de acceso, un tema del que las comunidades costeras de Guanacaste han estado cada vez más pendientes.
“El acceso a la playa pública está estipulado en la ley pero es muy general, deja un montón de vacíos y eso facilita que la gente haga lo que le dé la gana. En este caso en el proyecto especificamos de qué ancho tiene que ser ese acceso para que se sienta como un acceso legítimo e inclusivo”, comenta Nandi Edina del Colectivo Anti Gentrificación.
Con la intención de eliminar estos vacíos, la comisión de asuntos jurídicos tiene entre manos analizar una propuesta de ley para establecer caminos públicos y accesibles para las personas con discapacidad a las playas del país. Por otra parte, Fernanda Cordero del Colectivo No a la gentrificación suma la oposición a la Ley para el Desarrollo e Impulso de la Zona Marítimo Terrestre, que busca legalizar la colocación de sillas, mesas y sombrillas en las playas.
Sanciones por corrupción y delitos ambientales:
Las redes sociales y noticias cada tanto nos bombardean con videos y fotografías de manglares rellenados o talas ilegales en zonas altamente turísticas. Con la intención de evitar escenarios similares a futuro los colectivos proponen endurecer penas de cárcel para delitos ambientales y ecocidios, y agravar las penas para funcionarios públicos que acepten sobornos para favorecer proyectos privados.
Otra de sus convicciones es que se ratifique el Acuerdo de Escazú, que busca garantizar los derechos de acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Con la preocupación sobre la tala, la comunidad de Brasilito ha estado asistiendo a la Punta Pelencho a colocar carteles.Foto: Stephanie Flament
Control migratorio y regulación del «Visa Run»:
Esta propuesta de los colectivos fue acogida por la bancada del Partido Frente Amplio y presentada por la diputada Priscilla Vindas el pasado 26 de febrero. La ley pretende que las personas en condición de turista en el país, una vez vencido el plazo máximo de permanencia legal, no podrán reingresar en la misma condición migratoria por un plazo de 90 días.
Actualmente, muchas personas en condición de turistas permanecen en el país por más de 180 días luego de que hacen una salida hacia Nicaragua y reingresan nuevamente para renovar su estancia.
Para combatir esta práctica propone triplicar las multas migratorias para las personas turistas que permanecen de manera irregular en el país, fijando una sanción de $300 por cada mes de estancia irregular.
El proyecto ha generado preocupación entre algunas personas que han comentado a la legisladora que hay distintos perfiles de población migrante. Algunos por su condición de vulnerabilidad que no tienen la posibilidad de regularse podrían verse afectados con el aumento de las multas y llevarlas a no regularizar su situación.
¿Cuestionar a la gallina de los huevos de oro?
El principal impedimento para llevar a cambio todas estas soluciones, según Nandi Edina del Colectivo Anti Gentrificación, es la poca atención que han recibido del Gobierno y la Asamblea Legislativa actual.
Estos proyectos de ley, que son dos de un tanate que quisiéramos proponer, ni siquiera han sido convocados”, reclama Nandi.
Aunque tampoco se lo toman con asombro, otro integrante del colectivo llamado Arturo Silva, explica que una de las razones que dificulta colocar estos cuestionamientos es debido a que el turismo se sostiene en parte con una serie de mitos.
“No todo turismo es positivo en todos sus aspectos y eso en términos identitarios de país es un escándalo. Siendo un país que se coloca en el extranjero como un paraíso para visitar: verde, ambiental, simpáticos, amables. Ahí funcionan este tipo de mitos como marketing para el sector inmobiliario”, explica Silva.
Vista panorámica que permite observar parte del Polo Turístico Golfo Papagayo (PTGP), una zona entre los distritos Nacascolo del cantón de Liberia (en la parte norte de la bahía) y Sardinal de Carrillo (al sur).Foto: César Arroyo Castro
Esto no ocurre únicamente en Costa Rica, según Gustavo Marín, antropólogo e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas) ubicado en Mérida, Yucatán, en México sucede exactamente lo mismo.
“En el caso de Quintana Roo, el cuestionamiento no ha sido directo contra el turismo. Por su discurso hegemónico es valorizado positivamente y no hay cuestionamiento en absoluto de ‘vamos a ponerle freno al desarrollo del turismo’”, comenta Marín.
Lo que ha sucedido, añade, es que las protestas y movimientos sociales se han aferrado a la lucha por el ordenamiento territorial y la participación ciudadana en los planes de desarrollo. Donde él considera que han logrado incidencia y algunos logros, aunque no tan satisfactorios como esperaría.
¿Cuánto puede lograr la ciudadanía?
El modelo de turismo al que apunta Guanacaste va más direccionado a los jets privados y los hoteles de ultralujo, lo que pone cuesta arriba cualquier intento por legislar contra ese modelo.
A pesar de ello, Ezequiel Duarte del Colectivo No a la Gentrificación cree en la importancia de que este movimiento no sea una discusión momentánea que se puso de moda, sino una conversación activa no solo con diputaciones, sino también con gobiernos locales.
La importancia de la participación ciudadana es crucial, según comenta Wendy Molina, ya que ha sido a partir de vecinos organizados en barrios centrales de Ciudad de México, donde el movimiento antigentrificación ha logrado generar legislación y medidas de protección para los habitantes tradicionales.
“La lucha contra la gentrificación es una lucha popular, autogestionada y en donde más ha habido éxito para detener la gentrificación o lograr medidas que la controlen ha sido a partir de vecinos organizados, más que de gobiernos locales o de autoridades encargadas de la gestión del territorio”, destaca Molina.
Comentarios