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Guanacaste quiere más Península ¿para qué?

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Guanacaste sabrá en octubre el resultado de una contienda contra Puntarenas que inició hace más de cien años y cuyo trofeo es un diputado más para la provincia ganadora.

Cóbano, Lepanto, Paquera e Isla Chira, los distritos peninsulares que hoy pertenecen al cantón central de Puntarenas, están en disputa desde el 2012 para volver a pertenecer a Guanacaste.

La Voz de Guanacaste entrevistó a diferentes políticos, economistas e historiadores que analizaron cómo sería el nuevo panorama de la provincia y de estos distritos, con los que Guanacaste ganaría un 11% más de territorio y un 7% más de población.

Más allá de lo que el ex diputado Mario Arrendondo considera una “deuda histórica”, la ganancia más palpable para la provincia es la obtención de un diputado más. Para los distritos, su trofeo sería la conformación de su propio cantón.  

Orgullo histórico

Arredondo es también el presidente de la Asociación para el Rescate y Desarrollo de la Península de Nicoya y sus Islas, que presentó en el 2012 un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de 1915 que separaba estos distritos de Guanacaste.

Según su postura, el decreto que firmó el expresidente  Alfredo González Flores en 1915 para pasar estos distritos a Puntarenas es ilegal, pues la Constitución Política de 1871, vigente en aquella época, indicaba que solo por ley, y no por decreto,  se pueden corregir los límites de una provincia. Esto también lo indica la constitución de 1949.

¿Qué dicen los pobladores? En la península, el sentido de pertenencia es difuso.

Según el historiador jicaraleño Gonzalo Chaves, las culturas de ambas provincias han influido en la idiosincrasia de esos pobladores. Es un fenómeno que ocurre con frecuencia en las zonas fronterizas.

“A la gente de la Península nos gusta las corridas (de toros), pero también comer piangua”, dijo Chaves.

Aunque algunos prefieren quedarse en Puntarenas y otros en Guanacaste, lo que sí tienen claro los pobladores es que no quieren ser parte de ningún cantón, sino formar uno propio, que llevará por nombre “Península”.

El secretario de la Asociación Pro Cantón la Península y vecino de Jicaral, Luis Alberto Almanza, explicó que lo que más le interesa a los pobladores es formar su propio cantón, dentro de Guanacaste, para administrar mejor sus recursos.

De obtener un fallo negativo por parte del Tribunal Contencioso Administrativo, la Asociación buscará la manera de formular un plebiscito para que la decisión se tome por elección popular.

Un diputado, el juego más atractivo

Con la adición de los territorios peninsulares, unas 1.100 personas se sumarían a la provincia chorotega (un 7% más), lo que resulta en un diputado más para el grupo guanacasteco, que actualmente está conformado por cuatro legisladores.

Para el congresista guanacasteco Juan Marín,  tener otro legislador es una necesidad para la conformación de la comisión especial de asuntos guanacastecos dentro de la Asamblea Legislativa, que se formó por primera vez en esta legislatura, en mayo del 2014.

En esta comisión se discuten temas relacionados con el agua de la provincia, temas municipales, creación de impuestos, licencias y empresas públicas.

Todas las comisiones son integradas por un mínimo de cinco diputados, por lo que, por ahora, la comisión guanacasteca tienen que unir a un parlamentario que no es de la zona. Por eso, según Marín, la presencia de un diputado terminaría por consolidar al grupo y ayudaría a hacer mayor presión para atraer beneficios para la zona en leyes nacionales.

En buena teoría, comentó el politólogo Daniel Calvo, un diputado más en una provincia ayudaría a meterle “más presión” al Gobierno, si este fuera de oposición. Eso siempre que sea alguien que “defienda y pretenda llevar obra a la provincia de la que salió electo”.

Sin embargo, opinó que en materia legislativa siempre lleva un mayor peso el “color político” que la provincia de la cual provenga.

El tesoro es el paisaje

No hace falta un gran análisis para darse cuenta de que los distritos de Cóbano, Lepanto, Paquera e Isla Chira están llenos de paraísos inigualables como Santa Teresa o Montenzuma. Sin duda, Guanacaste se adueñaría de una mayor riqueza, pero no necesariamente en términos económicos.

Así lo explicó el economista Rudolf Lucke, del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica: en Costa Rica, la distribución del dinero no se hace por provincias, si no por cantones.

En el país, la distribución de bienes se hace de acuerdo con los planes anuales operativos que presenta cada municipio ante la Contraloría General de la República y, dependiendo de eso, se reparte el presupuesto. Es decir, la provincia no obtendría nada del dinero de los cuatro distritos en cuestión. Ese dinero le correspondería al cantón que lleguen a formar.

En materia de turismo, tampoco hay  impacto económico. Priscilla Solano, Presidenta de la Cámara de Turismo de Guanacaste (Caturgua), aclaró que aunque la provincia ganaría mayor riqueza natural y diversidad de atractivos, no hay ninguna repercusión monetaria, pues las campañas que hace el Gobierno en el extranjero son a nivel de país y no se relacionan con las provincias.

Solano aclaró que los que sí ganarían más son los destinos turísticos de la Península, ya que el nombre de Guanacaste está muy bien posicionado a nivel internacional y en buscadores como Google.

“Los turistas al planear viajes en Guanacaste podrían enterarse de más sitios por rebote”, dijo.

Por ahora, la decisión que tome en octubre el Tribunal Contencioso Administrativo será solo un paso más en la lucha de y por los territorios peninsulares. Mientras la mira de Guanacaste está en la ganancia política, la de estos distritos está en crear una nueva municipalidad para administrar sus propios recursos. Una lucha que, por ahora, es complementaria.

Nota de la editora: Por error, en la versión impresa de esta nota se consignó que Mario Arredondo pertenece a la agrupación Alianza Demócrata Cristiana. El exdiputado no tiene afiliación con esta organización política y así se corrigió para la versión digital. También se corrigió el año del decreto, que se publicó en 19015 y no en 1916 como se consignó en la edición impresa. 

 

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