(Noticia en desarrollo)
Las 69 hectáreas de playa Cabuyal inscritas hasta ahora a nombre de la familia Román Ocampo volverán a ser patrimonio del Estado y de la ciudadanía. Así lo anunció esta tarde el movimiento Cabuyal para todos, de la Asociación para el Rescate de la Zona Marítimo Terrestre (Arezomate), que lideraba la lucha por la recuperación de las propiedades. La noticia se fundamenta en el fallo judicial del Tribunal Contencioso Administrativo N° 2024009705 emitido a la 1 p. m. de este viernes 20 de diciembre.
Los jueces anularon las inscripciones de las fincas en la ZMT y todos los actos que llevaron a esas matrículas que le permitieron a la familia Román Ocampo disputar la propiedad de esos terrenos.
Los Román Ocampo son una de las familias tradicionales de Liberia y muchos de sus integrantes son empresarios y políticos. Actualmente María Lourdes Ocampo es la presidenta municipal de Liberia y su primo Eugenio Román Ocampo (exregidor por el PLN) es representante de la sociedad civil en la Comisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), conocido como plan regulador de Liberia.
Representantes de la sociedad civil que encabezaron la lucha por recuperar esas playas para el dominio público expresaron su satisfacción por el fallo judicial.
Es una gran lucha porque aquí no ganó Arezomate; aquí ha ganado Costa Rica. Y además del gane, se fortalece la democracia, el aparato judicial y es una ganancia del país”, dijo a La Voz la representante de la asociación Damaris Rodríguez.
Las 69 hectáreas estaban distribuidas en dos planos de la familia Román Ocampo, quienes argumentaron que tenían un “Derecho Real” sobre las tierras –según un documento de 1886.
El caso Cabuyal se ha extendido por casi 20 años. Desde el 2015 Arezomate interpuso una demanda ante el Contencioso Administrativo demandando no sólo personas y empresas propietarias de los terrenos, sino también a la Municipalidad de Liberia, el Registro Nacional y la Procuraduría General de la República señalando que incumplieron su obligación de proteger un patrimonio del Estado.
Ha sido un caso que se empezó en el 2005 cuando empezamos luchando en la municipalidad para que no se hicieran maniobras para inscribir estos derechos y aún así por presiones políticas se hicieron y se inscribieron, pero ahora estamos muy contentos de que al fin se hizo justicia. Lo hemos hecho por Liberia y por Costa Rica”, dijo una de las abogadas del proceso a favor de Arezomate, Guiza Pinchamski.
La defensora cree que ahora es posible que deban enfrentar ahora una apelación por parte de la familia Román Ocampo.
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