El Partido Acción Ciudadana (PAC), la Defensoría de los Habitantes y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se han unido solicitando a la presidenta Laura Chinchilla declarar estado de emergencia en el sistema penitenciario del país.
Según Carmen Muñoz, diputada del PAC, el llamado es para que el gobierno tome en cuenta el grave problema de hacinamiento que existe en las cárceles nacionales, debido al aumento del personal penitenciario y a su vez mejorar la infraestructura de los centros penales.
Marta Iris Muñoz, directora de la Defensa Pública, del Poder Judicial, aseguró que el hacinamiento llegaría al 45% en 2014. La funcionaria explicó que solo este año se han creado 600 plazas, cuando en realidad se necesitan 4.000 o más.
En la actualidad, el hacinamiento carcelario en Costa Rica es del 37%, lo que significa que por cada 100 plazas, hay 137 presos.
Ofelia Taitelbaum, defensora de los habitantes, envió en mayo de este año, una carta a la Subcomisión de las Naciones Unidas sobre Prevención de la Tortura, para discutir la necesidad de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) visite y examine el sistema penitenciario de Costa Rica.
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