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Inamu compró edificio defectuoso en Liberia por ¢300 millones

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El Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) compró en ¢300 millones un edificio en Liberia para sus oficinas de la Región Chorotega, pero desde que lo adquirió en el 2013 ha invertido más de ¢63 millones en acondicionar y reparar las deficiencias con las que ya venía, y los estudios para comprobar el estado y la calidad de la estructura.

La institución tenía presupuestados ¢500 millones para comprarlo y eligió el más barato (¢297 millones), que también obtuvo la mayor puntuación (89 puntos de 100). Lo compraron sabiendo que el edificio no cumplía con todos los requisitos que estaban en la oferta de compra, como tener salidas de emergencia, parqueo, ventilación natural y ser accesible para personas con discapacidad.  

De las cuatro compras de edificios que debía hacer el Inamu en el 2013 en el país (para las regiones Chorotega, Huetar Atlántica, Brunca y Pacífico Central) esta fue la única que no se declaró infructuosa o desierta. Las demás regiones no compraron edificio, pero algunas ya están empezando a construirlos, dice la jefa regional Chorotega del Inamu, Mélida Carballo. 

Yo siempre estuve insistiendo que esta también había que declararla desierta porque los edificios no reunían las condiciones que buscábamos”, agrega Carballo.

Según su criterio, hoy tienen los mismos problemas que detectaron cuando compraron el edificio y otros que no pudieron identificar a simple vista, como las filtraciones de lluvia por las paredes. 

Algunas partes de las paredes tienen desprendimiento del repello y otras han perdido su color por el agua que se filtra. Foto: César Arroyo

El antiguo dueño se hizo cargo de poner un ascensor y colocar rótulos de salidas de emergencia, pero el Inamu ha gastado ¢48 millones en acondicionamiento del lugar (paredes para separar oficinas, puertas y cambios en el acomodo del espacio), ¢8 millones en estudios y ¢7,5 millones en arreglos que ya ha hecho la institución para cumplir con una orden del Ministerio de Salud del 2018.

Ese año, el ministerio declaró el inmueble como “inhabitable”, con siete deficiencias. La institución ya conocía algunas de ellas desde su adjudicación, como el incumplimiento a la ley 7.600, unas columnas que obstruían el paso en la única salida de los pisos dos y tres, y la falta de puertas de salida de emergencia. 

El Inamu presentó un plan remedial y arregló los problemas, pero las funcionarias se siguen sintiendo inseguras. 

La jefa regional le da una entrevista a La Voz en una oficina del primer piso en la que atiende a visitantes para no llevarlas a los pisos de arriba. En este edificio reciben a unas 50 usuarias por semana y trabajan 19 personas. 

«Nosotras veíamos ciertas limitaciones desde el inicio. Es cerrado, falta iluminación [natural], no hay parqueo (…) el agua baja por todas las paredes, el techo se desploma, se le hacen bombas, hay una pared que le decimos la pared llorona…”. 

Desde San José, el coordinador de servicios generales del Inamu, Abdenago López, explica que la institución invirtió en estudios de suelo y de sismos para “debatir los argumentos” de las funcionarias de Liberia. López dice que el inmueble está bien, pero después reconoce que contrataron a un ingeniero que todavía está analizando los estudios. 

Contamos con un ingeniero civil que está haciendo una recopilación de ambos estudios para montar un informe y proponernos el procedimiento a seguir, si hay que hacer una intervención al edificio o qué cosas habría que mejorar”, explica.

El estudio de vulnerabilidad ante eventos sísmicos, del cual La Voz tiene copia, concluye que deben hacerse reforzamientos en tres columnas para aumentar la capacidad del edificio y que ese reforzamiento tendría un costo aproximado de ¢38 millones, que se sumarían a los 63 que ya gastaron. 

“Tenemos una gran inseguridad y una gran imprecisión. Porque se supone que tenemos problemas en infraestructura pero nadie ha querido dar claridad de la magnitud de la situación”, afirma Carballo.

Sin embargo, el jefe de despacho del Inamu, Antonio Trejos, dice desde San José que “las inquietudes que han manifestado las compañeras nos las hemos tomado en serio”. 

Inseguridades y gastos

El Inamu, además, tiene que hacer gastos fijos mensuales a raíz de las deficiencias del edificio: alquilan una cochera por un monto de ¢155.000 al mes para guardar los tres vehículos que tienen actualmente, y tres veces por semana usan salones comunales para capacitar a los grupos de mujeres que viven en situaciones de vulnerabilidad social. Según Carballo, invierten unos ¢20.000 cada vez que usan un salón.

En la segunda planta del edificio hay un espacio que estaba pensado justamente para dar estos talleres, pero la jefa regional tomó la decisión de no utilizarlo 

“Implica subir [o bajar] a unas 35 mujeres por una misma grada, en un piso segundo que no tiene otra salida más que la misma grada. En una emergencia es un riesgo tanto para las usuarias como para nosotras”, considera Carballo, refiriéndose a la dificultad y riesgo que representaría evacuar, o a la posibilidad de que la escalera se obstruya o se desplome durante un sismo y no haya una forma alterna de descender.

En total, el Inamu paga anualmente ¢1.860.000 en parqueo y unos ¢2.880.000 por salones comunales que no tendrían que gastar si el edificio estuviera en las condiciones idóneas. 

Las funcionarias tampoco utilizan el elevador por seguridad, porque se menea ligeramente al ascender y descender, y es muy lento. Además, tiene una ranura entre el piso del edificio y el del ascensor. El ingeniero que lo colocó, Federico Egea, dijo a este medio que el aparato es seguro y que lo que dificulta su movilidad es el “mal voltaje” eléctrico que tiene el edificio.

Por ese mismo problema de potencia, según Egea, tampoco es posible subir del segundo al tercer piso en el elevador, sino que hay que descender al primero para que tome el impulso suficiente para llegar hasta el último piso.

Sobre la ranura, dice que lo permitido es que sea de dos centímetros, pero que él la hizo de una pulgada (2,54 centímetros) “porque así no hay problema con que alguien se maje los dedos”.

La oficina del segundo donde trabajan al menos cuatro funcionarias está atravesada por canaletas y plataformas riesgosas que llevan el cableado de un lado a otro. Foto: César Arroyo

En época lluviosa, las preocupaciones de las funcionarias en Liberia se incrementan por el agua de lluvia que se filtra por la pared contiguo a las escaleras y que baja desde el techo del edificio hasta el primer piso. Algunas partes de la pared han perdido su color por tanta agua que ha traspasado la estructura. La institución, a través de su oficina de prensa, dijo que ya le están dando seguimiento al problema.

¿Inversiones habituales?

La consultora del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (Cicap) de la Universidad de Costa Rica (UCR), Helen Godfrey, dice que por lo general las instituciones buscan garantía de la calidad de las estructuras que participan en una licitación, que solicitan estudios que comprueben el estado del edificio, como el código sísmico.

Es usual que en las compras se pidan estos estudios”, dice Godfrey.

El coordinador de proveeduría del Inamu, Carlos Barquero, fue uno de los tres integrantes de la comisión que evaluó la compra y opina distinto a la especialista: dice que no era competencia de la institución cerciorarse del estado del edificio porque lo usual es que se dé un voto de confianza a los procedimientos llevados a cabo durante su construcción.

“Cuando usted compra un edificio, se presume que ya todo eso pasó por el colegio de ingenieros, por las municipalidades y por todos los entes que regulan eso”, dice. “Ya los planos cumplían los requisitos y era un edificio apto para oficinas”, agrega.

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