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José María Villalta: «Mi gobierno declararía la educación en estado de emergencia»

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José María Villalta aspira a ser el presidente de Costa Rica por segunda vez. Hace ocho años, en su primera postulación, logró ser el tercer candidato con mayor cantidad de votos (17,25%) y fue clave para que el Frente Amplio colocara nueve diputaciones en el Congreso, una de ellas por Guanacaste. 

La provincia estuvo representada por el exsacerdote y actual aspirante a diputado por Guanacaste con Justicia Social Costarricense— Ronal Vargas, hasta que se apartó de su curul por acusaciones de hostigamiento sexual. Entonces lo reemplazó Suray Carrillo, quien nuevamente busca legislar: ocupa el primer lugar en la lista de candidaturas a diputación del Frente Amplio en Guanacaste.

Su trinchera, dice, ha sido la Asamblea Legislativa. Ahí se ha desempeñado como diputado en dos ocasiones, 2010-2014 y 2018-2022. 

Conversamos con Villalta en noviembre del año pasado, mientras estaba de gira por Guanacaste durante la campaña electoral. Actualmente ocupa el cuarto lugar con mayor intención de voto (4%), según la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR). 

Afirma que de llegar a la presidencia, se enfocaría en cinco aristas en beneficio de la provincia: empleo, turismo, educación, infraestructura y ambiente. 

En esta entrevista el candidato aborda sus planes para reducir la brecha digital y educativa en Guanacaste, prolongar la vida de los recursos naturales y aplear la violencia de género. Este texto fue editado para mejorar su lectura.

Las principales fuentes de ingresos para Guanacaste son el turismo, la ganadería y la agricultura. Estos tres tipos de economía son variables y dependen de meses para estar en su apogeo. ¿Tienen estrategias económicas que traigan flujos más estables a la provincia y que no dependan de temporadas?

En el sector turismo [con la pandemia] quedó claro que apostarle únicamente al turismo de megaproyectos y al turismo internacional, es una estrategia débil. Pienso que el turismo debe diversificarse, de manera que en los periodos de temporada baja podamos, por ejemplo, incentivar de mejor manera el turismo nacional, que es un tema en el que todavía hay asignaturas pendientes muy claras en Guanacaste. Igual en el sector agropecuario se trata de diversificar la producción de seguir avanzando la producción agroecológica, fincas integradas que produzcan su propia energía y que puedan diversificar los productos de manera que no dependan únicamente de un único producto y de las vicisitudes del clima. 

Si queremos que vengan más empresas a Guanacaste, que se desarrollen otras actividades productivas, necesitamos trabajar muy fuerte en los rezagos en la educación, conectividad y bilingüismo para que también puedan desarrollarse otras actividades productivas que den más oportunidades a la gente.

¿Pero tiene un plan determinado para crear más empleos en la provincia?

Sí, claro. Todas estas cosas que le he hablado es parte de un plan que parte de abordar la situación actual de desempleo como una situación de urgencia. Entonces hay un plan de medidas de corto plazo. Tiene que ver con cambios que hay que hacer en la banca para el desarrollo, sobre la forma de promover y manejar la inversión pública, los incentivos a las pequeñas empresas.

¿Qué planes tiene, por ejemplo, para el sector pesquero guanacasteco?

Sí. Ahí hay recursos que tiene el Incopesca (Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura) que no se están utilizando actualmente de forma correcta. En algunas zonas del país se requiere infraestructura que no es costosísima. Digamos que tener un muelle para descarga, un muelle pequeño en la isla Chira, no es algo impagable. Entonces, atender esa infraestructura prioritaria, promover capacitación, articulando esfuerzos con las universidades públicas, con el INA (Instituto Nacional de Aprendizaje), con el Incopesca, capacitación para transformar las artes de pesca y desamarrar el entramado legal que existe actualmente. Nosotros creemos firmemente en que hay que impulsar las empresas comunitarias, la economía social solidaria, como formas de desarrollar estas iniciativas.

La exdiputada Suray Carrillo es la candidata por el primer lugar del Frente Amplio para representar a Guanacaste en el Congreso. Foto: César Arroyo Castro

¿Cómo mejoraría la conexión a Internet para los estudiantes de la provincia y para mejorar la educación y la calidad de vida de estos estudiantes, especialmente en la pandemia?

Creemos que hay que reestructurar todo el modelo de Conatel (Comisión Nacional de Telecomunicaciones). Eso no ha servido para nada. Y aunque llevemos internet a las escuelas y colegios, eso solo es parte de la solución. Hay que fortalecer el programa Hogares Conectados, que es otra alternativa de conectividad para que la gente de escasos recursos que viven en zonas donde tienen la posibilidad de conectarse, logren hacerlo. El proceso de llevar la fibra óptica y llevar la conexión a esos lugares va a ser más lento, por eso ahí hay que impulsar otras estrategias. Nosotros se las hemos planteado por escrito a la actual ministra de Educación y a la actual ministra del MICITT (Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones) y no les ha dado la gana dar soluciones.

 ¿Qué les propuso?

Les propusimos aplicar las medidas de emergencia que están en la Ley de Telecomunicaciones para promover la conexión de estudiantes que solo se pueden conectar a través del dispositivo móvil del teléfono celular. Hay muchos hogares que no tienen Internet, pero sí tienen una conexión al celular. Le planteamos al MEP (Ministerio de Educación Pública) que aplicara las medidas de emergencia que contempla la ley para eliminar el cobro por descarga a aquellos estudiantes que necesitan conectarse en los horarios lectivos. No es algo técnicamente imposible. El MEP sabe cuáles son los hogares que lo necesitan, pero no les dio la gana por las presiones probablemente de las compañías telefónicas, pero este es un tema de emergencia. Es reconocer en la ley que Internet es un servicio público y que el acceso debe ser reconocido como un derecho humano. 

¿Cómo un gobierno suyo trataría de reducir la brecha educacional que tienen los estudiantes de Guanacaste en comparación a otros de la Gran Área Metropolitana (GAM)?

Mi gobierno declararía la educación en estado de emergencia. El tema de la infraestructura educativa es clave. Ya hablamos lo del internet, pero también el tema de la del estado en que se encuentran muchas escuelas y colegios en Guanacaste, con declaratoria de órdenes sanitarias o escuelas que de que no se han construido porque se robaron la plata del fideicomiso educativo que se había hecho o no alcanzó, dicen. Necesitamos meter más recursos, canalizar recursos de los superávit de distintas instituciones. 

El otro gran tema tiene que ver obviamente con la parte de los contenidos y obviamente ahí hay que tener un diagnóstico claro y adecuar los programas de estudio, los currículums, para poder poco a poco ir resolviendo este rezago. 

Desde la década pasada, los coligalleros de Abangares debieron transicionar a otras técnicas de extracción de oro por el peligro que representa el mercurio, pero eso todavía no ha sucedido. ¿Qué planes plantea para que finalmente pase?

Bueno, ese es un tema muy frustrante para mí, porque yo fui diputado en el 2010, cuando aprobamos la ley que promovía esta transición. No es un problema de la ley. Lo que pasa es que los gobiernos, el de Laura Chinchilla, el de Luis Guillermo Solís y ahora también el de Carlos Alvarado, han incumplido todas las todas las disposiciones de esta ley. Ya se han aprobado dos leyes que buscan hacer nuevas prórrogas del plazo para dejar de utilizar el mercurio, y es porque las instituciones del gobierno, la parte administrativa del Estado, no ha hecho su tarea.

¿Y usted promete cumplir la ley de llegar al gobierno?

Claro que sí. Ya hemos identificado algunas de las trabas que impiden que esto se haga. Por ejemplo, (a la Dirección de) Geología y Minas no le ha dado la gana de hacer el trámite para cancelar esas concesiones y dárselas a quienes realmente las necesitan, a las cooperativas de mineros artesanales. Ahí tiene que entrar el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), tiene que entrar el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto de Desarrollo Rural. Ha habido propuestas, ha habido proyectos, pero se quedan en nada. Mucho tiene que ver con descoordinación entre instituciones y con falta de voluntad política.

¿Qué planes tiene para el mejoramiento de las condiciones de infraestructura de la frontera de Peñas Blancas en Guanacaste?

Hay una propuesta que hemos planteado para que se permita que los recursos del impuesto a las personas jurídicas, que es un impuesto que se destina a programas de seguridad, pueda ir también a fortalecer las capacidades del sistema de migración en general. Nosotros creemos que la modernización de la frontera tiene que ser tomando en cuenta a las personas que allí viven, que allí trabajan, modernizando eso, pero apoyando a los locales para que conformen sus empresas locales o empresas comunitarias. 

Hablando de migración, tras el inicio de la pandemia decenas de migrantes refugiados han denunciado lentitud y tratos discriminatorios en sus procesos migratorios, ¿de qué manera mejoraría esto?

En el caso de la normativa de migración hay muchas cosas que hay que revisar. No solo este tema discriminatorio de las personas refugiadas, no tengo tan claro lo que está pasando exactamente. Sí hemos analizado mucho el tema de las dificultades que se ponen para que las personas migrantes puedan acceder al empleo digno. 

¿Pero de qué forma lo cambiaría usted?

Yo creo que es un tema de redirigir recursos y también un tema de capacitación (al personal). Hay que construir albergues, hay que capacitar y sensibilizar mucho a ese personal. Hay que cambiar ciertas leyes. Ahora está pasando con el aumento de las solicitudes de refugio (por la situación sociopolítica de) Nicaragua, pero ya nos había pasado antes con otras oleadas migratorias y tampoco Migración ha estado preparada para enfrentarlos. 

Guanacaste es una de las provincias con las mayores tasas de violencia de género. ¿Qué acciones o leyes específicas impulsaría desde su despacho para enfrentarse a la problemática en Guanacaste?

Nosotros estamos convencidos de que hay que reformar la regla fiscal que aprobó la Asamblea Legislativa, donde obliga a recortar los presupuestos de todos los programas como el Inamu (Instituto Nacional de las Mujeres). Creemos que hay que trabajar más los programas preventivos, para proteger a las mujeres que pueden ser víctimas de violencia y para trabajar las nuevas masculinidades y la cultura machista, que es el detonante de la violencia de género. Guanacaste debería ser una de las áreas de aplicación prioritaria para trabajar desde la primera infancia la deconstrucción de esos patrones culturales que favorecen la violencia. Eso podría implicar un cambio significativo en el mediano o largo plazo. En el corto plazo necesitamos fortalecer las estrategias para prevenir que los casos de violencia de género lleguen a convertirse en femicidios. La idea es que en cada cantón exista una red nacional de prevención de la violencia de género que dé acompañamiento a estos casos inmediatamente que se detectan. 

Patricia Mora acompaña a Villalta en la fórmula presidencial, como candidata a la vicepresidencia. Mora fue ministra de la condición de la mujer en el actual gobierno de Carlos Alvarado. Foto: César Arroyo Castro

La comunidad de Bagaces continúa enfrentando inseguridades con la calidad del agua. ¿Cree que las acciones de los últimos gobiernos han sido suficientes para atender esta problemática?

No lo creo. Se ha logrado avanzar algo, pero no ha sido por la buena voluntad de las autoridades, sino que ha sido porque la comunidad se ha organizado y ha presionado. Por lo menos hay una ruta clara de solución, el nuevo proyecto que está desarrollando el AyA (Instituto de Acueductos y Alcantarillados) para traer el agua. El gobierno no comunica claramente lo que está haciendo o lo que va a hacer, entonces hay que trabajar con las comunidades para promover un modelo de gestión distinto también del AyA, mucho más participativo y mucho más claro.

Nuestra ley de agua data de 1942 y no contempla los impactos del cambio climático que vivimos en este momento. ¿Impulsará una nueva ley y si sí, qué elementos debería contener para resistir el cambio climático?

Nosotros sí impulsamos una nueva ley, hemos apoyado algunas propuestas. Ciertamente la legislación de aguas está desfasada totalmente, pero también hemos tenido una experiencia negativa porque los proyectos de ley que se han impulsado en el pasado no han sido bien gestionados y han fracasado todos por por la oposición de diversos sectores. No se toma en cuenta a las comunidades, que es lo más importante. 

¿Qué acciones específicas tomaría para adaptar territorios sensibles a los efectos del cambio climático, como Guanacaste?

Nosotros tenemos que fortalecer muchísimo los programas preventivos, de mitigación y adaptación, canalizando, por ejemplo, recursos de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE). Es muy poco lo que se hace. Lamentablemente, la CNE por más que ya se cambió la ley sigue concentrando su accionar en la parte de atención de desastres, pero muy poco en la parte preventiva. Tenemos que seguir promoviendo la educación sobre el cambio climático en los programas educativos a todos los niveles, abordar con fuerza el cambio en la matriz energética.

También seríamos más proactivos en los foros internacionales, exigiendo que la cooperación internacional se canalice a mitigar esos impactos del cambio climático y a financiar todo lo que se requiere para desarrollar esas fuentes alternativas de energía.

Costa Rica está impulsando una iniciativa global para proteger el 30 por ciento del planeta. Para 2030 el país espera crear más áreas protegidas en Guanacaste y en otros lados del país para cumplir la meta. ¿Cómo evitará que las áreas protegidas sufran de problemas financieros como los están viviendo en este momento?

En Guanacaste hay muchas áreas protegidas y yo creo que antes de hablar de la creación de una nueva área protegida, hay que garantizar la conservación, la protección y el uso adecuado de las áreas protegidas que tenemos. Primero hay que levantar las restricciones presupuestarias que se le aplican al Sinac (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) para poder, por ejemplo, nombrar guardaparques. Necesitamos conseguir recursos frescos al Sinac, fuentes de financiamiento. 

Yo creo que parte del mejoramiento de las áreas protegidas es vincular de mejor manera a las comunidades locales para que reciban los beneficios de la conservación. Eso puede ayudar muchísimo a que los guardaparques se concentren en las tareas de las tareas prioritarias de cuido, de seguridad, de gestión. De manera que no tengan que estar atendiendo una boletería.

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