El juicio por el femicidio de Mariana Leiva volverá a realizarse el próximo lunes 26 de octubre, esta vez en el Tribunal Penal de Liberia.
Leiva era una liberiana graduada de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR). Tenía 37 años, y vivía apasionada de la monta y de los animales. En 2018, fue la octava víctima de femicidio en el país; la primera de ese año en Guanacaste.
En julio de ese año, su esposo y femicida, Ronaldi Sequeira Duarte, fue condenado a 37 años de prisión por el Tribunal de Flagrancia, órgano que resuelve casos cuando alguien es detenido en el momento en que comete el delito o inmediatamente después.
Sin embargo, los defensores de Sequeira, Adán Carmona y Felipe Gallegos, apelaron el veredicto. El Tribunal de Apelación acogió los reclamos y anuló la sentencia en setiembre del 2019. Desde entonces, Sequeira permanece en prisión preventiva.
Según los jueces y la jueza de apelación, José Manuel Cisneros, Gerardo Rubén Alfaro y Cynthia Dumani, en el debate “se produjeron violaciones sustantivas al debido proceso”. También indicaron que el debate se realizó sin que la defensa “tuviera la oportunidad de acceder oportunamente a la totalidad de la prueba y preparar adecuadamente su estrategia”.
La “estrategia” de los defensores es que Sequeira sea juzgado por el delito de “homicidio atenuado” y no de femicidio, así lo evidenciaron durante el debate anterior e incluso en la apelación.
Al retrato de un grupo de amigos le hace falta una carcajada y a una familia le hace falta una integrante. Esta era Mariana Leiva, víctima de femicidio.
Un homicidio atenuado es cuando el delincuente actúa impulsado por sus emociones y sin pleno dominio de sus acciones. En cambio, el femicidio es cuando un hombre mata a su esposa o pareja. Como lo explica en su sitio web el Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial, en el femicidio la mujer es asesinada “por su condición de mujer” y “producto normalmente de una violencia escalonada y una relación desigual entre la mujer y el hombre femicida”.
La modificación de la tipología del delito implicaría un cambio radical en la justicia por Mariana Leiva: mientras que el femicidio es condenado con hasta 35 años de prisión, el homicidio atenuado se castiga con un máximo de seis años.
Los errores
El 7 de marzo del 2018, dos días después del femicidio, el fiscal del Ministerio Público Ricardo Quirós solicitó al Tribunal de Flagrancia resolver el caso por esa vía.
[La decisión] se tomó con base en la prueba existente al momento de la detención del imputado”, explicó la Fiscalía a través del departamento de prensa.
Y agregaron que “las manifestaciones espontáneas de este [Ronaldi Sequeira Duarte], quien se entregó y aseguró ser el responsable de haber dado muerte a la víctima”, condujeron a que el fiscal considerara que contaba con “prueba suficiente para desarrollar el caso mediante flagrancia”.
Para el abogado especialista en Ciencias Penales, Ewald Acuña, “es muy raro y poco conveniente que se haga un juicio de homicidio o femicidio por la vía de flagrancia porque requiere prueba técnica que no es fácil de obtener dentro de los plazos de la flagrancia”.
Quirós, incluso, previó que los defensores de Sequeira solicitarían pruebas que implicaban análisis extensos psicológicos y forenses, pero dijo que el Ministerio Público se comprometía a llevar las pruebas.
“Es cierto que los dictámenes de psicología tardan mucho, es cierto que los dictámenes de psiquiatría tardan mucho, pero lo que es cierto también es que todo eso se puede hacer en un érmino corto de quince días”, argumentó Quirós.
La defensa no va a pedir cosas imposibles, nos va a pedir dictámenes médicos, dictámenes psiquiátricos y el Ministerio Público se va a encargar de hacerlos llegar”, reiteró.
La letrada a cargo de defender a Sequeira en ese momento se opuso a la petición del fiscal. porque necesitaban “de manera urgente establecer una teoría del caso con suficiente prueba”, y dijo que, por experiencia, las pruebas que solicitarían tardaban de uno a tres meses en recabarse.
El Tribunal de Flagrancia se declaró competente para el caso tomando en cuenta que el fiscal aseguró que tendrían las pruebas en 15 días. Sin embargo, 13 días después, el 22 de marzo, las pruebas que la defensa solicitó no estaban listas.
Según el Tribunal de Apelación, eso condujo a varios errores durante los cuatro meses del debate, como por ejemplo el incumplimiento de los plazos establecidos por ley, también algunos de los informes se aportaron tarde y debían pasar ocho días para que la fiscalía y la defensa de Sequeira los estudiaran, lo cual alargó un procedimiento que debe ser “expedito”.
Por otra parte, según el Tribunal, la defensa desconocía pruebas que habían sido admitidas e, incluso, el proceso tuvo “quebrantos en la imparcialidad”, es decir, que terminó beneficiando a la fiscalía, por ejemplo cuando el tribunal insistió que se hiciera por la vía de flagrancia “aún y cuando la prueba que la defensa esperaba no hubiese llegado para ese momento”.
¿Qué implica el nuevo juicio?
El femicidio de Mariana Leiva será resuelto por jueces del Tribunal Penal de Liberia. Además, ahora el caso está en manos del fiscal Elvis López y la fiscala Ligia Lacayo, pues el encargado en el juicio anterior, Ricardo Quirós, se pensionó.
Según el abogado penalista, Ewald Acuña, un nuevo juicio cuenta con los mismos testigos y las mismas pruebas que ya se habían admitido, pero también podrían aportarse “nuevos elementos probatorios de los que no se tenía noticia o manera de aportarlos previo al primer juicio”.
El juicio se realizará dos años y siete meses después del femicidio. Para Acuña, la realización de un juicio tiempo después del hecho va a resultar perjudicial para la prueba testimonial.
“Científicamente está acreditado que conforme va transcurriendo el tiempo, la memoria de las personas se va deteriorando”, menciona Acuña. “Sin embargo, en este tipo de juicios hay que tener claro que la prueba testimonial es una de muchos otros elementos probatorios que no sufren alteración entonces no hay riesgo de impunidad o de fallo del sistema”, agrega.
La abogada feminista y activista en derechos humanos, Larissa Arroyo, considera que reiniciar un proceso como este apunta a que hay un error estructural del sistema jurídico.
“Los que atienden los casos en el primer nivel [fiscales, abogados y otros tribunales] no tienen los conocimientos tan profundos como los tribunales de apelación”, dice la especialista y agrega que por esos errores “las víctimas son sometidas a procesos interminables y sumamente dolorosos”.
Es bien complejo porque incluso yo como defensora de derechos humanos no podría decir simplemente: ‘no se puede volver a empezar’. Más allá de eso, el sistema penal establece que debe de haber garantías para las personas acusadas”, dice Arroyo.
Un delito indudable
Sequeira apuñaló a su esposa 11 veces, la degolló y después prendió fuego al cuarto que compartían en su casa ubicada en Barrio Capulín de Liberia, la noche del 5 de marzo de 2018. Después de cometer el delito, se entregó en la delegación policial de Liberia.
La Fuerza Pública lo detuvo y los bomberos encontraron degollada a Mariana Leiva, con su cuerpo parcialmente calcinado.
Sequeira fue sentenciado a 37 años de prisión por los delitos de femicidio e incendio
Durante cuatro meses de debate, los defensores de Ronaldi y él mismo dijeron que Leiva lo inducía a la bebida, que lo trataba como un amo de casa, que le era infiel y que, como era profesional, ella no podía ser víctima de violencia. Todos, argumentos que trataban de poner la culpa en la víctima mortal y no en el asesino.
Las juezas y el juez a cargo en el Tribunal de Flagrancia, Verónica Elizondo, Andrea Rodríguez y el juez Breiner Escamilla, sentenciaron a Sequeira a 37 años de cárcel, 30 por el femicidio y siete por el incendio que puso en riesgo al vecindario.
El nuevo debate por la justicia de Mariana Leiva será público y se realizará en el Tribunal Penal de Liberia el próximo lunes 26 de octubre. “El acceso a los juicios está siendo regulado, a raíz de las medidas sanitarias por la pandemia del COVID-19”, indicó el departamento de prensa del Ministerio Público.
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