Cada año entre el 2015 y el 2017, los juzgados de Guanacaste recibieron en promedio unas 4.600 denuncias por violencia doméstica. Si lo vemos en términos comparativos, puede decirse que Guanacaste tiene una tasa reportada de violencia doméstica de 13 denuncias por cada 1.000 habitantes y esta cifra es un 30% mayor a la del promedio de Costa Rica (con 9 denuncias por cada 1.000 habitantes).
La otra cifra de la que se debe hablar cuando se trata de violencia de género es la que reporta la Ley de Penalización de la Violencia Contra la Mujer, cuya tasa es un 60% más alta en Guanacaste que en el promedio del país.
Guanacaste arma de a pocos un futuro sin violencia de género. No es fácil, pero sus protagonistas no se rinden
Si le parece poco, Guanacaste además se lleva el segundo lugar en denuncias contra delitos sexuales, que en el 2016 fue de 5 denuncias por cada 1000 personas. Es la segunda más alta del país, solo después de la zona atlántica.
La tasa es un cálculo que se utiliza para poder unificar a las provincias y observar cuán intenso es un fenómeno como la violencia de género, más allá del número absoluto (por ejemplo, en San José hay más casos, porque hay más personas, pero hay menos casos por cada 1.000 habitantes que en Guanacaste).
Sin embargo, la pregunta no solo es cuántas denuncias entran sino también cuántas salen con una condena o un resultado de los juzgados.
Un informe de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial encontró que el 90% de los casos que entran a los juzgados de Costa Rica por la ley de penalización son desestimados o reciben un sobreseimiento. Es decir, 9 de cada diez de las denuncias que presentan las mujeres en todo el país se quedan impunes (el informe no detalla las cifras específicas por región).
En algunos casos, no hay suficientes pruebas para inculpar al presunto agresor, pero en la mayoría de los casos, explica el informe, hay una serie de negligencias e incumplimientos por parte de las autoridades que empujan estas cifras al vacío en que se encuentran hoy.
El informe indica que:
- Quienes tramitan las investigaciones siguen considerando que la violencia contra las mujeres es un asunto “privado” de la pareja.
- Los juzgados y el Ministerio Público (bajo el cual trabaja la policía) trabajan cada uno por su lado.
- Las mujeres terminan contando varias veces su historia ante diferentes instituciones, lo cual reduce el tiempo de respuesta efectiva.
- Obvian delitos por considerarlos “menores”
- No remiten a las usuarias —como deben hacerlo— a la oficina de atención a la víctima.
- En el caso de los juzgados territoriales (como los de Guanacaste), le dan menos importancia a los asuntos relacionados con violencia doméstica entre todo el resto de casos.
Las recomendaciones que hace la secretaría de género se resumen en un trabajo más articulado de todas las instituciones y en una mayor capacitación del personal. En eso coinciden especialistas, instituciones, etc, pero ¿hay algún avance?
Para Ana Hidalgo, quien coordina las iniciativas contra la violencia de género desde el Inamu, este año es determinante para ver un cambio en el paradigma de la atención de los casos de violencia, con Emilia Navas como fiscala general de la República, quien se comprometió públicamente a atacar la violencia contra las mujeres como una de sus prioridades.
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