Derechos Humanos

La lucha silenciosa de las guanacastecas contra la violencia doméstica

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La versión oficial que manejaban los maridos de Brasilito era que Rosario Chayo Gutiérrez les daba talleres de artesanía a sus esposas para que se ganaran un dinerito y aportaran algo a la casa. Por debajo de la mesa, Chayo tenía otro plan.

“Ahí yo aprovechaba y les hablaba”. Les hablaba de lo que nadie les había hablado nunca: de derechos humanos, de no dejarse maltratar, de que los gritos también son violencia. “Muchas mujeres tuvieron que morir para que tengamos derechos”, les decía.

Los maridos se dieron cuenta, claro, porque las mujeres llegaban a la casa en rebelión y ya no eran sus sirvientas ni sus amantes. No eran “suyas” —“Yo soy mía”, les repetía Chayo todo el tiempo—, no les pertenecían.

Decir que la tarea de esta chorotega de sangre limonense no era fácil es decir una obviedad. “Me tenés a la mujer vuelta un diablo”, le alegó finalmente uno de ellos en tono amenazante. Por eso, Chayo actuaba con cuidado, desarrollando de a pocos una buena receta para ser líder en una comunidad ajena: “Hay que irse introduciendo a poquitos. Tragarse todo el rollo comunitario. Yo me tomaba el tiempo para explicarles a ellos: ¿a usted no le gusta que ella tenga la casa bonita con todas esas artesanías? Entonces ellos veían que sí era cierto y me fueron tomando respeto”.

Chayo sabe que combatir la violencia no es “atacar a los hombres” sino incluirlos en la discusión. Por suerte para la provincia, ella es una de esas figuras que, sin mucho escándalo pero bien plantada, se dedican a dibujarle a Guanacaste un futuro distinto; uno en el que ya no es la región del país que más irrespeta los derechos de las mujeres.

La problemática de ellas es la dependencia económica. Ellas creen que no sirven para nada, pero luego se dan cuenta de todo lo que pueden hacer para salir adelante”. Rosario Gutiérrez, promotora del Inamu.

Porque en este momento, Guanacaste es la provincia con las tasas reportadas de denuncias por violencia doméstica y violencia contra las mujeres más altas de Costa Rica, por tercer año consecutivo desde el 2015.

4.600promedio de casos por violencia doméstica de los últimos tres años en Guanacaste.

Observe las cifras: por cada 1.000 personas que viven en Guanacaste, los juzgados ubicados en Guanacaste recibieron 19 denuncias amparadas en la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer en el 2016. La provincia que le sigue es Limón, con 17, pero el promedio del país es de solo 12 por cada 1.000, según un análisis preparado por La Voz de Guanacaste con base en las cifras que recopila el Observatorio de Género del Poder Judicial.

Dice la encargada del departamento de Violencia de género del Inamu, Ana Hidalgo, que el reporte de cada vez más casos puede tener dos causas: una hipótesis es que las mujeres están sufriendo más violencia. La otra, es que tienen más información a la mano para poder asistir a los juzgados. Puede ser que ambas sucedan al mismo tiempo.

Por ejemplo: “Por un lado tenemos esta mayor crudeza de la violencia —en Guanacaste— y por el otro una población de mujeres que están cada vez más vinculadas con procesos de derechos y más elementos para considerar que lo que le está pasando no lo puede aceptar”, comenta Hidalgo, quien trabaja en las oficinas centrales del Inamu pero supervisa los programas que se desarrollan en zonas periféricas y centrales para atender y prevenir la violencia.

Estas explicaciones deben tomarse con pinzas porque aún no están lo suficientemente estudiadas, dice Dixie Mendoza,  coordinadora del Observatorio de Género del Poder Judicial, dependencia creada hace dos años justamente para vigilar los procesos de igualdad en ese poder. 

90% de los casos de violencia contra mujeres se desestiman en los juzgados.

Para quienes viven de cerca este problema, las mismas mujeres sobrevivientes de violencia y las profesionales que las atienden, las explicaciones no están muy claras, aunque todas coinciden en algo: es mejor que aumenten  las cifras de denuncias a que aumenten las de femicidios.

Incluso con las mayores cifras de denuncia, todas insisten en que la información distribuida entre las mujeres de Guanacaste para defender nuestros derechos es muy poca y no está pensada ni diseñada para nosotras.

La sicóloga nicoyana Gabriela Campos lo ilustra así: “La mujer en Guanacaste dice: “quiero arreglar mi situación con mi pareja”, refiriéndose a la negación a aceptar que es violentada por su compañero, mientras que en San José las mujeres dicen: “estoy viviendo violencia””.

La cuarta pata del banco: nosotros

Los recursos estatales para reducir la violencia contra las mujeres son más que insuficientes.

Si esa frase le parece repetida y gastada es porque lo es. La vemos en la respuesta de las autoridades siempre que les preguntamos por qué sucedió una tragedia o por qué no se atendió a tiempo un problema. Por eso, voluntarias como Chayo Chaves parecieran plantear una posibilidad más real que pensar que el Inamu debe “resolverlo todo”.

Con una sicóloga, una abogada y una directora, la oficina del Inamu para Guanacaste le da capacitación a unas 1.800 mujeres por año solo en la provincia. Mélida Carballo, la directora, cree que al menos un 60% de ellas sufren o han tenido algún episodio de violencia en sus vidas. “Cuando tocamos el tema, comienzan a salir las revelaciones”.

Durante una sesión de varias horas en sus oficinas, Mélida nos dejó claro que los casos son tantos que rebalsan las posibilidades del equipo. “Yo he cuestionado cuando hacen campañas y dicen que a las sedes regionales se pueden acercar, porque a nuestras oficinas llega muchísima gente. Me inquieta porque la capacidad instalada que tenemos es muy poca”.

De una vez, en el grupo que las entrevista surge la duda: si no hay recursos, como siempre, entonces ¿qué hacemos para que los hombres dejen de matar a las mujeres?

Mélida y Patricia, la sicóloga, nos disparan varias ideas y sobre todo proyectos que ya caminan: desde 1996 se instauraron por ley las redes interinstitucionales para atender la violencia. Ahí caben la policía, los ebáis, los hospitales, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Patronato Nacional de la Infancia y unas 18 instituciones más. Sin embargo, no siempre trabajan bien, sobre todo en las zonas en las que la sensibilización hacia estos temas es escasa, como en la rural.

“No hemos considerado las necesidades diferenciadas de cada provincia.. esa es una debilidad y se debe considerar como una falla del Estado”, critica una de las abogadas que con más furia defiende los derechos humanos en el país, Larissa Arroyo.

Ana Hidalgo, encargada de atender los temas de violencia en el Inamu, explicó que el compromiso del instituto para los próximos dos años es medir la eficiencia de estas redes interinstitucionales y certificar que trabajan para la atención efectiva de las mujeres.

Otro programa es el de las promotoras de derechos, personas a quienes se les capacita para que apoyen a otras más y estas a su vez puedan apoyar a alguien más.

Es un esfuerzo en red que nos involucra a todas… pero también a todos: las capacitaciones también se las dan a hombres por medio de un instituto llamado Wem que se dedica a formar hombres libres de violencia y que el año pasado dio al menos dos talleres para guanacastecos, uno en Cañas y otro en La Cruz.

Chayo es parte de esas voluntarias. Empezó recibiendo capacitaciones en el INA, el Inamu, el PANI… y ahora es ella quien las imparte. A su espíritu impetuoso se suma el de Mélida, Patricia, Jenny, Grin, Aracelly, Olga, Gabriela, Xinia, Patri, Emma, Jhonny, Sebastián, Isela, Tania y otras mujeres y hombres que aparecen en este especial con sus nombres y apellidos y que sacan la cara contra ese estigma de “provincia machista”. Una revolución que combate la violencia sin violencia.

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