“Esto es de los ricos ahora. Yo hago viajes en lancha para llevar a los turistas a ver caballitos de mar. Salgo de allá, de playa Blanca, que es de un hotel. Imagínese que para llegar a esa playa hicieron puras gradas, solo para quitarle a uno las ganas de ir”, nos dice el guía turístico Jaime Pozuelo en Playa Panamá.
Desde acá nos señala el hotel Four Seasons y la marina de Papagayo, proyectos que se levantaron en una zona que Costa Rica imaginó desde los años 70 como un motor para la inversión en Guanacaste: el Polo Turístico Golfo de Papagayo (PTGP), hoy administrado por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
¿Por qué prevalece esta desidia de los guanacastecos con el desarrollo de Papagayo? Investigamos con esta pregunta en mente y encontramos que, 46 años después de su creación, el Polo arrastra y crea “mandamientos” que le impiden rendir los frutos esperados con su creación.
1. Crearás leyes y reglamentos sobre todas las cosas
Al principio, el ICT disponía de unas 2.000 hectáreas para que inversionistas nacionales y extranjeros desarrollaran sus proyectos. El Estado concesionaría sus tierras, pero no tenía claro cómo.
La creación del Polo requirió de leyes, reglamentos a las leyes, planes maestros, reglamentos a los planes maestros y contratos de concesión, entre otros documentos.
El país creó al menos tres leyes solo para darle forma al desarrollo y la ejecución del proyecto entre 1975 y 1982. Por aparte definió las condiciones en las que debería operar el Polo y las obligaciones de los interesados. Para ello estableció, 16 años después (en 1996), un reglamento a la última ley emitida, la N°6758.
Además, desarrolló un Plan Maestro para poder visualizar con claridad cómo tendría que verse el Polo y qué obras debía contener. Ese Plan lo corrigió en cuatro ocasiones, hasta llegar a su texto más claro en el 2008.
Cada documento nuevo era más importante que el otro y cada uno trataba de solventar algún vacío que el otro dejaba al descubierto.
El Plan Maestro tampoco era suficiente: requería de un reglamento para terminar de girar instrucciones. El más reciente fue emitido en el 2012, tras múltiples cambios en sus artículos. Para entonces, ya habían pasado casi dos décadas.
Como si fuera poco, se suman contratos de concesión entre los interesados en desarrollar las obras y el Estado, y modificaciones (adendas) a cada uno de esos contratos.
Para el Centro para el Turismo Responsable (CREST por sus siglas en inglés), una organización de investigación enfocada en analizar el turismo a nivel internacional, las constantes reformas, modificaciones, adiciones y derogaciones de decretos solo dejaron en evidencia la falta de previsión de las autoridades y, sobre todo, la improvisación en la toma de decisiones.
2. No conocerás a los concesionarios
Mientras el marco legal del proyecto tomaba forma, el ICT otorgaba sus primeras concesiones entre el 91 y el 98. Entre ellas, la del único concesionario “maestro” o “gran concesionario” del proyecto: Ecodesarrollo Papagayo S.A., acreedor de 851 hectáreas, un 41% del total del área del Polo. (VEA línea del tiempo)
Incluido Ecodesarrollo, hoy ya suman 40 las empresas a las que el ICT les ha concesionado terrenos, pero ¿cuánto conoce el Estado a los dueños temporales de sus propios terrenos?
Según establece el reglamento de la Ley, los concesionarios deberán presentar únicamente una declaración jurada para dar fe de que cuentan con la capacidad económica para la ejecución de los proyectos. El otro documento es un certificado que demuestre que no tiene antecedentes penales.
“Nosotros nos preguntamos ¿es oportuno, es conveniente? si eso se responde, entonces se da la concesión. Para efectos nuestros, lo importante es que el proyecto se desarrolle”, sostuvo el director de la oficina ejecutora del proyecto en el ICT, Henry Wong.
Un concesionario, además, tiene el derecho de cederle una parte de su concesión a un tercero. Una vez más, lo que el Estado solicita de ese nuevo inquilino es mínimo: que el concesionario notifique con anticipación al ICT del movimiento y declarar que tiene capacidad económica para desarrollar las obras.
“Nosotros tenemos certeza de que las empresas tienen recursos cuando asumen una concesión, pero hasta ahí llegamos nosotros. Lo que las empresas pacten entre sí es a lo interno de ellas y el Instituto no se mete”, explicó Wong. Así, el camino está abierto para todos, para cualquiera.
3. No desarrollarás lo que te propones
Si bien el ICT asegura que un 97% del área total del Polo se encuentra concesionada, esto no es sinónimo de éxito, pues sus dueños temporales no terminan de desarrollar las obras, pese a que la mayoría de las concesiones tienen más de 10 años de haber sido entregadas.
De las 40 concesiones que tiene el polo, solo 12 reportan sus proyectos como finalizados.
Otra gran promesa sin cumplir es la de levantar “un pueblo turístico” en Playa Panamá, que estaba contemplado desde la primera ley. Una parte de esa tarea la asumió Ecodesarrollo en su contrato de concesión y, en una de sus adendas, la empresa aseguró que presentó los planos, pero no hay ningún documento que detalle cómo será ese pueblo.
“Existe una obligación de construirlo… podría tener una plaza de toros, iglesia, locales comerciales, parques, pero no existe una definición especifica de qué tipo de pueblo (sería)”, reconoció Wong.
Lo mismo sucede con la obligación que la ley le da al ICT de construir un centro recreativo para los adultos mayores de las comunidades del Polo, otro proyecto que nunca empezó y que el Instituto desconoce cuándo se cumplirá.
4. Todo será culpa del agua
Varias son las justificaciones que da el ICT para que sus concesionarios no cumplan con sus objetivos. Una de ellas, y la más importante, es el faltante de agua en la provincia.
Según el Instituto, al menos 13 concesionarios tienen proyectos paralizados por falta de recurso hídrico. Tampoco están otorgando nuevas concesiones hasta solucionar ese problema.
Entonces, ¿la escasez de agua limita a al Polo desde los 90´s cuando se dieron las primeras concesiones?
“Sí sí ustedes tienen razón, el tema del agua no ha estado presente siempre, es correcto. Pero bueno también vino la crisis internacional y los inversionistas no pudieron continuar con sus proyectos…”, justifica Wong.
El ICT deposita sus esperanzas en el nuevo acueducto en Papagayo Sur conocido como las Trancas, que tendrá un costo aproximado de ¢3.500 millones aportados con la mayoría de lo que ha cobrado el ICT como canon por concesionar las tierras. En el pasado, el Instituto solo invirtió un 10% de ese dinero en obras para la comunidad.
5. Repetirás los mismos errores una y otra vez
Al menos dos estudios de las mismas instituciones del Estado critican fuertemente la labor del ICT en el Polo. En el 2008, la Contraloría General de la República (CGR) criticó, en su informe N° DFOE-ED-5-2008, la falta de fiscalización del Instituto sobre las concesiones ya otorgadas y apuntó otra serie de debilidades en la ejecución.
“Se carece de un eficiente sistema de planificación (…) que permita conocer cuándo se terminarán de concesionar los lotes libres del proyecto, cuándo se espera se finalicen las obras pendientes por parte del ICT y cuándo efectivamente los concesionarios actuales finalizarán los proyectos turísticos a que se comprometieron”, indicaba una de sus conclusiones.
El ente contralor dio por acatadas sus recomendaciones en el 2012. Sin embargo, en el 2016, una Auditoría Interna del ICT vuelve a señalar los mismos errores.
De acuerdo con el documento, la institución no cuenta con cronogramas actualizados de los proyectos de infraestructura, no posee sistemas de gestión automatizada que aseguren la eficiencia y seguridad de la información, y tampoco cuenta con evidencia de inspección en la totalidad de las concesiones.
“¿Cómo pretende el ICT ejecutar un proyecto de esta envergadura sino se cuenta con una hoja de ruta clara a seguir?”, sostuvo en una intervención en el plenario la diputada Maureen Clarke, del Partido Liberación Nacional (PLN), cuyo despacho se ha dedicado a investigar al proyecto.
6. Beneficiarás a quienes no lo necesiten
El objetivo principal del ambicioso proyecto que imaginaron los políticos en los 70’s prometía beneficiar sobre todas las cosas a la comunidad. Pese a la generación de empleo en la zona y los programas de responsabilidad social empresarial de algunos hoteles, el dinero que logra recoger el ICT y las comunidades para su propia planificación está en duda.
Por ejemplo, los concesionarios pagan el canon de concesión una única vez por un monto de ¢1.800 por metro cuadrado ($3.04). Para el exlegislador José María Villalta, quien critica los verdaderos beneficios del Polo, se trata de un valor muy por debajo de lo que realmente valen.
“Estamos dando beneficios y privilegios a concesionarios que no lo necesitan, ahí no hay pequeñas empresas, son megaproyectos y deberían pagar por el uso de esa tierra el valor real”, sostuvo.
Tanto el exdiputado como el CREST y la Contraloría indican que las afectaciones también impactan a las municipalidades de Carrillo y Liberia, administraciones sobre las que se construyen las obras del Polo.
El ICT se ampara en que, fuera del pago de concesión, los inquilinos deben de pagar igual que cualquier otro empresario que desarrolle un proyecto a nivel nacional. Aunque la realidad es otra.
A los gobiernos locales les corresponde recaudar, entre otros impuestos, un canon anual por el uso de la zona marítimo terrestre. Este canon sustituye el impuesto territorial que se cobra en áreas de propiedad privada.
Sin embargo, la Administración de Oscar Arias en el 2010 redujo la base de cálculo de esos ingresos para las municipalidades de $3.04 a $1, según consta en el Decreto Ejecutivo N°35962 MP-TUR.
“La nueva reglamentación del canon de Papagayo causa una pérdida de más de ¢600 millones anuales a los municipios. Hay un proyecto de ley que busca modificar esto (el N°18.072) porque estamos tratando con montos ridículos y que se calculan diferente que para el resto del país”, continuó Villalta.
7. Desconocerás el impacto de tus acciones
Lejos de investigaciones privadas o desarrolladas por algunos diputados, no hay forma de conocer de manera oficial cómo el Polo impacta social y financieramente a Guanacaste y a Costa Rica.
El informe del CREST señala que es difícil evaluar el impacto de las empresas concesionarias, pues ni el propio ICT tiene estudios acerca de cómo han contribuido, por ejemplo, los incentivos fiscales al desarrollo integral y sostenible del país.
El ministerio de Hacienda tampoco provee esta información sobre grandes contribuyentes, pues no se los permite el principio de confidencialidad del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
Es justamente ese desconocimiento general el que crea incertidumbre y alimenta sentimientos como el de don Jaime en playa Panamá, que siente que estas tierras ya no le pertenecen a nadie, excepto a los ricos.
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